Por Leonardo Ixim

Partimos de esta aseveración por la sencilla razón, comprobada por la propia experiencia, de que los fenómenos de la naturaleza de por si, no producen desastres, sino son las vulnerabilidades socio ambientales, producto de la estructura económica, desigual la causante de tanto daño económico, ambiental, social y ambiental al tejido de la sociedad.

La región de Centroamérica y el Caribe, se encuentra en una situación delicada frente a fenómenos como huracanes, tormentas, deslaves, erupciones, sismos, entre algunos, además de que con el cambio climático, según informes de Naciones Unidas, esta propensión aumenta considerablemente. A esto se le agregan las condiciones de pobreza y marginalidad de amplias capas de la población, la excesiva concentración de la población en regiones no aptas para actividades humanas, lo cual genera ambas razones, efectos negativos en el medio ambiente, todo esto se llama vulnerabilidad socio ambiental.

Sin embargo aun así los efectos son diferentes dentro de los países y entre ellos, es decir, países como Cuba, donde históricamente han aprendido a convivir con huracanes han desarrollado un sistema de detección y de evacuación de áreas pobladas propensas a estos fenómenos, lo cual reduce drásticamente las perdidas en vidas humanas. Distinto a otros países como Estados Unidos donde la atención ante dichos fenómenos es deficiente, generando estos,  desastres como los que vimos con el huracán Katrina que destruyó sobre todo al  estado de Louisiana afectando en especial a poblaciones en pobreza. Ni que decir en países donde el Estado esta secuestrado como los de Centroamérica; sino veamos lo que pasó con el Mitch, Stan, recientemente Agatha,  en los sismos de Guatemala de 1976 y de El Salvador en 2001, entre algunos fenómenos mencionados, afectando causalmente a países empobrecidos como son Honduras, Guatemala y El Salvador.

La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) es un sistema de prevención del desastre y el riesgo así como de  mitigación de los daños. Está conformada por toda la institucionalidad estatal, dirigida por una coordinación nacional (con la participación de varias instancias a nivel nacional) y el  consejo nacional coordinado por el ministro de defensa. Ésta debe dirigir la política y las normas de  acción estatal en el momento de prevención de desastres. Existe una secretaría ejecutiva que es el órgano ejecutor de las decisiones del consejo nacional.  La finalidad  es prever las posibilidades de calamidades, reducir las vulnerabilidades que pueden ocasionar mayor posibilidad de desastre y mitigar la destrucción causada por tal fenómeno, así como reconstruir el tejido social dañado. Esto ha estado en entredicho en el accionar del Estado.

Dentro del Consejo Nacional existe un sesgo clasista pues están representados los colegios profesionales y la asociación nacional de la burguesía, el Cacif, pero no existe una representación de las organizaciones sociales ni de las comunidades. Eso a pesar de que en la práctica el sistema de Conred tiene que coordinar con el sistema de consejos de desarrollo, donde con muchas limitaciones, por su lógica estructurada de un Estado capitalista como el guatemalteco, se ha logrado cierta participación de estas comunidades. Otra cosa que habría que evaluar es la conveniencia de la coordinación del ejército pues se subordina  a la visión reactiva y autoritaria de éste; claro esto no quiere decir que tal institución no tenga una función a la hora de actuar en emergencias.

Agatha

En esta ocasión la tormenta tropical Agatha, con menor intensidad que un huracán, afecto a los tres países antes mencionados, centrando su efecto demoledor sobre todo en Guatemala. Esta tormenta se originó en el Océano Pacífico, estableciendo su ojo en dicha nación, asentándose por un día hasta que se disolvió. Ese único día fue suficiente para generar un desastre superior a los que ocasionaron el Mitch y el Stan y volver a poner al descubierto la vulnerabilidad estructural de amplios sectores de la sociedad.

Los datos de Conred de pérdidas manifiestan la situación de calamidad del reciente desastre, 79,535 damnificados y 38,339 refugiados, muchos de ellos en albergues que no cumplen los procedimientos que este sistema tiene, procedimientos que deben garantizar una atención con dignidad. 38,864 viviendas afectadas que abona al inmenso déficit habitacional existente; 172 fallecidos, 101 desaparecidos y 88 heridos.

Las pérdidas de cultivos de maíz y otros productos para el auto consumo y el consumo nacional afectarán grandemente al campesinado, provocando el aumento de precios, golpeando aun más la economía campesina y de la clase trabajadora de los centros urbanos, agravado por los daños a carreteras y los puentes tumbados. La burguesía pese a las pérdidas de importantes cultivos como café (que afecta más a pequeños productores), la caña de azúcar, el banano y cultivos no tradicionales, se recuperará por el importante negocio que significa la reconstrucción.

Los mas afectados fueron nuevamente son los más pobres y eso queda evidenciado cuando los muertos  y desaparecidos por deslaves o inundaciones, vivían en barrancos, pues las mejores tierras, situadas en la costa sur,  las tiene el latifundio agroexportador; porque en departamentos como Sololá, la mayoría de la población vive en empinadas laderas a la orilla del hermoso lago de origen volcánico Atitlan, lugares no aptos para vivir. Agravando la situación la deforestación producto de empresas mineras y madereras para satisfacer su sed de ganancias y en mucha menor medida la deforestación de la población que necesita satisfacer sus necesidades energéticas, pues dicha actividad deja más endebles los suelos que tras fuertes lluvias son propensos a deslavarse.

En menor medida en los centros urbanos más grandes hubo deslaves en comunidades marginalizadas que se sitúan en barrancos, nuevamente el problema de acceder a una vivienda en tierras que garanticen el bienestar para la población.

Por su parte la atención fue lenta y a pesar de que se podría justificar por el daño a carreteras y puentes, la movilidad por aire se atrasó, el ejército, que podía  cumplir un papel de fuerza operativa en estos momentos,  al comienzo actuó igual que todo el Estado, de forma  muy lenta. Posteriormente se sumó movilizando sus recursos con mayor agilidad igual que otras instituciones estatales. Conocemos el déficit de personal para poder mover cosas de primera necesidad para los albergues, lo cual plantea la solidaridad reactiva en estos momentos por un lado, pero la incapacidad del gobierno de movilizar esos recursos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) sabemos que la falta de una política real de reducción de riesgos y mitigación de desastres, que debería haber un plan de ordenamiento territorial para identificar el mejor usos de los suelos para las distintas actividades humanas. Pero todo esto pone de manifiesto la necesidad de transformaciones estructurales,  para cambiar las formas de apropiación de la tierra, el territorio, subsuelos y factores productivos; de un ordemaniento territorial planificado para las necesidades reales de la población de una política de mitigación de riesgos que tomen en cuenta en las decisiones y en el aspecto operativo a la población.

Pero todo esto no va pasar mientras las clases populares, obreros, sectores medios, campesinas, todos estos en su multiplicidad, no derriben el actual Estado y construyan un Estado socialista a la guatemalteca y centroamericana.