Por Abelardo Martínez

La renuncia de Carlos Castresana al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pone en evidencia la crisis en que se encuentra el actual sistema de justicia, el fracaso del Estado liberal y su intento demoburgues.

Con los acuerdos de paz firmados en 1996 entre el Estado y la guerrilla de la URNG, se buscaba en los marcos del Estado liberal capitalista democratizarlo eliminando la estructura del Estado Contra-insurgente por uno democrático.

Era importante recién firmada la paz el desmontaje de los eufemísticamente citados como grupos ilegales y clandestinos de seguridad, montados desde la inteligencia del ejército con apoyo de la burguesía dedicados también al crimen organizado.

Por su parte la llamada sociedad civil concretamente algunas organizaciones de derechos humanos de raigambre revolucionario fueron evolucionando a la socialdemócrata, mientras la estructura político-militar de URNG se volvió un partido electoralista sin ninguna capacidad de incidencia real.

Estos factores creemos que influyen no solo en el desmontaje de la lucha popular,  sino en la necesidad de desmotar los escuadrones de la muerte. Se suma a esto la larga que se le ha dado a la lucha por la  independencia del sistema de justicia con respecto a los grupos tradicionales de la burguesía oligarca, grupos emergentes y el crimen organizado, que hoy se disputan por el control del Estado estrictamente el sistema de justicia, afectando a la mayoría de guatemaltecos en el sentido de fomento a la impunidad y la ineficiencia de este sistema para garantizar el derecho  a la justicia.

Después de mucha negativa de las fuerzas de derecha, se instala la Cicig, con el mandato claro desmantelar los grupos ilegales y de abonar por una justicia imparcial. Ante eso las mismas fuerzas de derecha y algunos grupos corporativos empresariales amarran el accionar del comisionado Carlos Castresana, señalándole el camino, por ejemplo en casos que afectan mas a la oligarquía como la desarticulación de la mafias alrededor del ex presidente Portillo, pero no otros caso como los grupos ilegales al interior de las fuerzas de seguridad o vinculados al asesinato de lideres sociales.

A pesar de eso Castresana señalo la necesidad de limpiar el sistema de justicia y aboga para que en las elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados electos tuvieran independencia de los grupos de poder; pero lo que queda en evidencia fue que el sistema de justicia esta tan podrido y es una arena de disputa entre los grupos de poder que,  quede quien quede, siempre se priorizara los intereses de estos grupos. Queda recientemente expuesto esto, con los señalamientos de Castresana con el procedimiento para elegir fiscal, a partir del papel ineficaz de las comisiones de postulación y la elección de un fiscal, abogado mafioso de la Universidad Francisco Marroquín, vinculado a la extrema derecha neoliberal, esto precipita la renuncia de Castresana. El gobierno actúo lentamente, si no es por una resolución de la Corte de Constitucionalidad que exige nuevamente que se realice el proceso y que los integrantes de la comisión de postulación se inhiban para el nuevo proceso, situación que al momento casi todos los miembros lo han hecho, el presidente de la república no actúa con agilidad.

El otro elemento que influye,  fueron los descubrimientos relacionados con el asesinato del abogado Rosenberg donde la extrema derecha utiliza esta situación,  tras un video donde este menciona que el presidente y su esposa lo van a mandar a matar,  para intentar botar el gobierno.  La Cicig logra descubrir que fue un auto asesinato, donde se vincula a los primos de este, y exculpa a los Colom, se demuestra técnicamente quienes son los culpables pero políticamente queda la duda porque algunas personas que firman el video como los agentes de la CIA Mario David García y Luis Mendizábal no son mencionados.

Relacionado con la reciente elección del fiscal, la Cicig descubre que los que logran ubicar a este tienen vínculos con los primos de Rosenberg y con toda una serie de personajes como los García y Mendizábal, abogados y magistrados, que son mencionados, con nudos en la universidad antes mencionados y presumimos nosotros con otros personeros de la extrema derecha como Proreforma, el Holding Multiinversiones y militares de baja y alta, de inteligencia militar y de la CIA.

Castresana renuncia dicen los organismos de derechos humanos como una forma de evidenciarle a la sociedad la podredumbre, lo cual puede ser cierto, pero creemos nosotros que la causa principal, fue su parcialidad a ciertos grupos de poder económico, pues al final se dio cuenta que quienes confío son los mismos causantes de la impunidad y lo que realmente para nosotros hay en disputa son las cuotas de poder dentro del bloque oligárquico (tradicionales y emergentes) dentro del Estado.