Por Armando Tezucún

Tal parece que el actual gobierno del “privilegio de los pobres” se define cada vez más, por sus acciones, como el gobierno del “privilegio de los empresarios y las compañías extranjeras”.

Ya vimos cómo en el caso de la Mina Marlin, de la canadiense Goldcorp, Colom favoreció los intereses de esta empresa que contamina  el medio ambiente. A finales de julio el gobierno se inclinó hacia los intereses de la francesa Perenco, que desde 2002 extrae petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, que son áreas protegidas del departamento de Petén . Esta área es parte central de la Reserva de la Biósfera Maya y conforma el humedal más importante y extenso de Centroamérica.

Los yacimientos petrolíferos han sido explotados desde 1985, por medio del contrato 2-85, firmado por Hispanoil y Basic Resources. En 2002 Perenco adquirió el contrato, que venció el 13 de agosto. Bajo el amparo de la Ley del Fondo Petrolero, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Meany preparó una renovación del contrato por 15 años más, bajo nuevas condiciones.

Numerosas instituciones y sociedades ambientalistas advirtieron al presidente Colom de la ilegalidad de autorizar la prórroga del contrato con Perenco y anunciaron que tomarían acciones legales en caso de avalarla. Entre ellas están el Centro de Acción Legal Ambiental Social, Fundación Bosque Tropical, la Universidad de San Carlos que es la administradora legal del Biotopo Laguna del Tigre y la Universidad Rafael Landívar.

A esto se sumó un grupo de diputados del parlamento alemán, que propusieron a Colom crear un fondo de compensación económica si el gobierno renunciaba a la extracción de petróleo en el área protegida, plan similar al que se llevó a cabo en el parque Yasuní en Ecuador.

Sin embargo, el 23 de julio el presidente firmó la prórroga del contrato a favor de Perenco, en un acto realizado en el Parque de la Laguna del Tigre. Tres de los ministros manifestaron su desacuerdo cuando se tomó la decisión en Consejo de Ministros: Carlos Menocal, de Gobernación; Luis Ferraté, de Ambiente; y Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes.

Todo indica que Colom se dejó deslumbrar por las nuevas condiciones del contrato, que obligan a la empresa a pagar más regalías. Ante la crisis financiera del gobierno, Colom optó por poner en riesgo un área protegida, vital para la conservación del ambiente y protección ante el cambio climático, con tal de obtener fondos para financiar su presupuesto. Según el nuevo contrato, el Estado recibirá Q 1,473 millones  anuales por regalías (18.9% más). La empresa deberá aportar US$ 0.10 por cada barril de petróleo producido para reforestar el Parque. Los alcaldes de la región respaldaron al presidente, pues de recibir Q 21 millones pasarán a recibir Q 55 millones. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas recibirá Q 40 millones, habiendo recibido antes Q 18 millones. Lo más preocupante es que la región será militarizada, pues Q 24 millones serán invertidos en la construcción de seis destacamentos del ejército, supuestamente para combatir el narcotráfico.

Si tomamos en cuenta que entre 2002 y 2009 Perenco se llevó Q 13 mil millones en ganancias, vemos que bien vale la pena comprar al gobierno y a las municipalidades peteneras con migajas. Además, como denunció el diputado Aníbal García, la empresa tiene derecho a cobrar al Estado costos recuperables, según el reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Entre estos costos que paga el pueblo guatemalteco a estos empresarios voraces, están: perforación, gastos de alimentación en los campamentos, renta de edificios, construcción de carreteras, equipo de laboratorio, combustible, salarios, y un largo etc. Todo un negocio redondo para la transnacional y una estafa para nuestro pueblo.

Después de la aprobación de la prórroga las organizaciones ambientalistas han interpuesto una serie de recursos ante la Corte de Constitucionalidad y diversos juzgados, para anular la vigencia del contrato y demandas contra los ministros y el presidente, que autorizaron la continuación del contrato. Estas acciones legales hasta ahora han tenido poco éxito.

Denunciamos al presidente Colom, que se ha dejado comprar por la imperialista Perenco. Exigimos la anulación de la prórroga del contrato y que se detenga la política anti ambientalista, pro imperialista y pro capitalista del gobierno.