Por Arnulfo Fuentes.

En los últimos días el boque legislativo Libertad Democrática Renovadora  (LIDER) propuso retomar el tema de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, esto según ellos para reducir los altos índices de violencia que azotan a nuestra sociedad. El tema no se había retomado después de que le ex presidente Alfonso Portillo pidió, cuando fungía como presidente, derogar la responsabilidad de conceder o no el indulto presidencial, aunque el parlamento hasta el momento no ha legislado para determinar a quién le corresponde el ultimo derecho que tienen los condenados a la pena capital. Actualmente existe la contradicción entre un grupo de diputados, por un lado, y por el otro la iglesia católica y evangélica y sectores de derechos humanos que creen que la pena no es la solución para resolver el incremento de la violencia en nuestra nación; esto sin plantear cual es el verdadero génesis de tal problema social.

Otra alternativa que se plantea es modificar la ley para establecer quién determina si se aplica la pena capital, si el Organismos Legislativo, la Corte Suprema de Justicia o el Presidente de la República.

El presidente Álvaro Colom, plantea que no debería de quedar en manos del Presidente del ejecutivo, la última palabra en la decisión de la ejecución de un acusado a muerte, declara que esa responsabilidad debería ser de la Corte Suprema de Justicia.

Partidos políticos intentan ganar popularidad:

El oportunismo de los diferentes partidos políticos de obtener votos a sabiendas de que la clase trabajadora necesita de seguridad es  aprovechada para lanzar discursos y  empezar a captar votos para las próximas elecciones, tal es el caso de la bancada LIDER, el Partido Patriota (PP) y otras bancadas que exigen la pena de muerte; sin tocar a fondo el problema dándole una supuesta solución remedial y no una solución definitiva al problema. Ninguna de las propuestas ha tomado en cuenta que el sistema capitalista es el origen de la pobreza y la delincuencia, debido a la gran desigualdad entre ricos y pobres.

Pena de muerte sólo es aplicada a personas de escasos recursos:

El sistema de justicia al igual que  el resto de las instituciones del estado son corruptas por lo tanto,  solamente los ricos pueden defenderse y la clase pobre no tiene las posibilidades de defenderse, siendo esta la más vulnerable a la pena de muerte por no tener la capacidad económica para su defensa o para sobornar a las autoridades.

Los últimos a quienes se les aplicó la pena de muerte, fueron Luís Amílcar Cetino y Tomás Cerraté, quienes fueron acusados de secuestro y  asesinato de una empresaria. Durante la historia, ha quedado demostrado que la pena capital, ha sido aplicada en su mayoría, a sectores discriminados (afrodescendientes y latinos, en el caso de USA) y pobres quienes no cuentan con recursos para su defensa.

La pena de muerte no es la solución:

Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), nos oponemos a la aplicación de la pena de muerte, por no ser una solución definitiva a este problema social, sino que es una herramienta paliativa del sistema capitalista, que con esto lo único que busca es mantener controlada la delincuencia y así evitar que llegue hasta los sectores oligárquicos del país. Creemos que la delincuencia es una forma de expresión de rebeldía en contra del sistema capitalista, esto no quiere decir que apoyemos a los delincuentes, sino que debería ser aplicada a todos los sectores. Porque tanto daño hace al pueblo el que comete un asesinato, como el que limita la posibilidad de acceso a bienes y servicios básicos de la población (salud, alimentación, educación, seguridad, entre otros).

Por eso creemos que junto a todos los asesinos, violadores y secuestradores, deberían ser sometidos a la pena de muerte, también los militares genocidas, oligarcas y políticos corruptos que de alguna manera han asesinado al pueblo.

El problema no se acabará con eliminar a los delincuentes, sino con la destrucción del sistema capitalista y la construcción del socialismo.