Por Armando Tezucún

Este año Guatemala sufrió reiterados fenómenos naturales que causaron cuantiosos daños. Empezando por la erupción del volcán de Pacaya y las tormentas Agatha y Alex, que preludiaron un copioso invierno, la naturaleza se conjugó con una estructura socio económica injusta que pone en situación precaria a un numeroso segmento de la población, y con obras de infraestructura mal construidas por empresas más interesadas en sus ganancias que en el bienestar de los usuarios (léase la entrevista al ingeniero Gustavo Cosenza, diario El Periódico 7/11/10, “Que los puentes colapsen cada 5 años es rentable en Guatemala”). El resultado fue un número considerable de muertos, una enorme cantidad de viviendas dañadas, puentes y carreteras inutilizados y grandes extensiones de cultivos destruidas.

Según el gobierno, la cantidad necesaria para reconstruir lo destruido y recuperar lo dañado asciende a  Q 15 mil millones (cerca de US$ 1,900.00). Parte de esta cantidad se considera cubierta por una ampliación presupuestaria, donaciones de países amigos y una posible emisión de bonos; esto reduce la cantidad a Q 11,900 millones (alrededor de US$ 1,500.00) (declaraciones de Karin Slowing, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia al diario Prensa Libre, 11/10/2010).

En vista de la lenta recuperación de los ingresos fiscales y la ausencia de fondos de emergencia, el gobierno  decidió convocar a países amigos, agencias donantes, organismos internacionales y redes humanitarias a una Conferencia Internacional de Cooperantes para la Reconstrucción con Transparencia, que se realizó el 11 y 12 de octubre recién pasados.

Al llamado acudieron unos 150 representantes de organismos como la Comisión Económica para América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, diferentes agencias de Naciones Unidas, delegados de países amigos como España, Italia, Noruega, Israel, Cuba, México, Argentina, Japón y Taiwán y de agencias como Cruz Roja Internacional, Save the Children y Catholic Relief Services.

La intención del gobierno la expresó el canciller Haroldo Rodas en su discurso ante los asistentes “Necesitamos del apoyo de todos ustedes, hermanos del mundo; necesitamos de cooperación no reembolsable, cooperación técnica, y esperamos que ustedes nos brinden ese apoyo” (Prensa Libre, 12/10/10), y el presidente Colom expresó “Espero que los resultados de esta conferencia sean el apoyo y respaldo de la comunidad internacional a los esfuerzos de la sociedad guatemalteca para implementar una reconstrucción con transformación”(Prensa Libre 12/10/10).

El apoyo de los donantes y sus recomendaciones

Al final de la conferencia, los asistentes prometieron ayuda en forma de préstamos, donaciones y cooperación técnica por US$ 590 millones (unos Q 4,762.2 millones, el 40% del monto necesario para la reconstrucción). Sin embargo, los representantes de instituciones y países amigos coincidieron en que Guatemala debe también hacer un esfuerzo por encontrar recursos para suplir lo que falta para cubrir los gastos de la reconstrucción. En especial hicieron énfasis en incrementar los ingresos del Estado por medio un nuevo pacto fiscal. Bien sabemos que las clases dominantes guatemaltecas tradicionalmente han sido reacias a contribuir con impuestos para el desarrollo del país. El gasto público de Guatemala es de un 4.5% del producto interno bruto, cuando el promedio en América Latina es del 16%. Con una recaudación tributaria tan baja como la de Guatemala es imposible superar el estado desastroso del sistema público de salud, educación, vivienda y servicios básicos para la población.

Gilda Montiel, del Banco Interamericano de Desarrollo dijo “Para reconstruir el país se necesita una alianza entre los sectores nacionales para hacer posible su financiamiento, para lograr el espacio fiscal necesario y fortalecer la capacidad de ejecución necesaria para implementar el plan” (Prensa Libre 12/10/10). Por su parte, Alicia Bárcena, subsecretaria general de la ONU señaló “…el pacto fiscal es esencial porque requiere esa mirada creativa de decir en qué sectores podemos tributar más y mejor, cómo podríamos revisar  esa estructura fiscal, para que sea progresiva, y cómo se revisan las exenciones fiscales para que no sean tan generalizadas” (Prensa Libre 12/10/10). Mainardo Bernadelli, embajador italiano expresó “Hay necesidad de hacer un nuevo pacto de país, que incluya un compromiso tributario, fiscal (…), pero también un pacto político, de Estado, que ponga fin a todas estas polémicas internas, de polarización política y enfrentamiento cotidiano” (Prensa Libre 13/10/10).

Las agencias del imperialismo y sus gobiernos están en la línea de complementar las medidas neoliberales con Estados capaces de invertir en programas asistenciales que promuevan el consumo masivo y obras de infraestructura que faciliten la inversión privada. Por ello Alicia Bárcena puso en sus declaraciones como modelo el caso de Brasil bajo el gobierno del PT.

Pero en Guatemala tenemos una oligarquía y burguesía tradicionales que se resisten a pagar impuestos y que mantienen un conflicto con el actual gobierno, que representa a sectores empresariales emergentes, que luchan por hacerse un espacio en los negocios del Estado y en diferentes ramas de la economía. Por ello han fracasado tres intentos del gobierno por hacer reformas en la tributación e introducir nuevos impuestos, teniendo que recurrir al endeudamiento interno y externo para financiar su presupuesto.

El gobierno propone un nuevo diálogo

Animado por las declaraciones de los donantes, el presidente Colom decidió convocar a un nuevo diálogo con el empresariado en la primera quincena de noviembre, anunciando la discusión de un impuesto de seguridad para el sector privado. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles declaró que “El gobierno propondrá esa discusión, tomándoles la palabra a los empresarios, que reunidos en el reciente Encuentro Nacional de Empresarios hablaron de ese tipo de impuesto como uno de los ejemplos mencionados por Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia” (Prensa Libre 13/10/10). El gobierno propuso como mediador del diálogo precisamente a Uribe, quien a raíz de su intervención en el reciente Enade es al parecer es el héroe del día en los círculos empresariales y gubernamentales.

Durante la conferencia de cooperantes, el ministro de finanzas Édgar Balsells anunció la creación de un impuesto único para la reconstrucción, que pagarían los trabajadores con ingresos mensuales por encima de Q 3 mil. Este bono sería pagado también por las empresas, aunque el funcionario no especificó cómo. La propuesta es que los trabajadores que ganen mensualmente de Q3 mil a Q 5 mil tributen Q 200 y los que ganen por encima de Q 5 mil mensuales paguen Q 500. Por medio de este impuesto se recaudarían Q 170 millones.

Antes de que aumentara la avalancha de críticas generadas por el anuncio de Balsells, el presidente Colom corrigió al ministro diciendo que la propuesta de impuesto es para aquellos que ganan más de Q 8 mil, “La propuesta es para el que gane más de Q 8 mil. Si no estoy mal, son cinco salarios mínimos. Pero hay otras propuestas, como la de subir un punto porcentual para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y uno para el Impuesto de Solidaridad (ISO), y otras, por eso llamé al diálogo en noviembre” (Prensa Libre 14/10/10). Sin embargo, dos días después Colom desechó la idea del pago de un tributo único por parte de los asalariados. “Será borrón y cuenta nueva. En la reforma que planteamos se incluirá evasión fiscal, calidad de gasto, readecuación de préstamos, etc.” (Prensa Libre 16/10/10). No cabe duda de que este gobierno tiene una sorprendente capacidad improvisación y de contradicción que evidencia falta de planificación y ausencia de rumbo.

La burguesía adelanta propuestas

Anticipándose al diálogo, la burguesía, a través de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), presentó, en una carta abierta que luego fue entregada en la presidencia el 2 de noviembre, una serie de propuestas no sobre el tema fiscal, sino sobre seguridad.

Es notorio que el empresariado aglutinado en el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) en los últimos meses ha tenido una actitud cada vez más beligerante, pronunciándose sobre cada aspecto del quehacer político e institucional, haciendo propuestas y exigencias al gobierno. Estamos en un año preelectoral y los partidos políticos, en especial los de la oposición de extrema derecha están haciendo campaña anticipada de forma velada. Creemos que el CACIF está formando parte de esta campaña anticipada en contubernio con la extrema derecha, interviniendo cada vez más agresivamente en el cuestionamiento al gobierno.

La propuesta de seguridad que presentó la CIG es muy similar al planteamiento básicamente represivo de la extrema derecha en el tema: Declaración de estado de excepción en las zonas rojas, retomar el control de las cárceles, sacar a las calles fuerzas combinadas del ejército y la policía, crear “Pelotones de Reacción Inmediata”, instalación de cámaras de seguridad, etc.

En otro orden de cosas, el presidente del CACIF, Carlos Amador dio declaraciones reclamando que la comisión encargada de planificar la reconstrucción de las áreas dañadas por los desastres naturales, en la que participa el empresariado, no ha funcionado. Igualmente hizo ver que el empresariado aún no recibe invitación para el diálogo sobre reforma fiscal (Diario La Hora 2/11/10). A través de su secretario de comunicación, la Presidencia de la República ofrece una y otra explicación del retraso. Hasta ahora el único indicio de qué está pensando el gobierno en materia fiscal la dio el vicepresidente Rafael Espada al explicar que se está contemplando la creación de un impuesto de seguridad al patrimonio, similar al que aplicó Álvaro Uribe en Colombia durante su mandato.

¿Hacia otro diálogo fracasado?

Todos los proyectos de reforma tributaria e implementación de nuevos impuestos que ha planteado el gobierno de Álvaro Colom han fracasado por la oposición férrea de sector oligárquico y tradicional de la burguesía. Nada indica que esta vez será diferente. Ni siquiera las sugerencias de las agencias internacionales harán cambiar la actitud del empresariado más reaccionario.

A este gobierno le queda un año y dos meses de ejercicio. El próximo año será sumamente conflictivo por el proceso electoral que se avecina. Creemos que los capitalistas del CACIF estarán más interesados en impulsar una candidatura acorde con sus intereses que dialogar con un gobierno que no los ha representado y con el que han estado numerosas veces en desacuerdo. La primer encuesta de intención de voto publicada le da la ventaja al general Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (35.5%); le sigue a considerable distancia Nineth Montenegro con un 9.6% (Diario El Periódico 7/11/2010). Si no apoya a Pérez Molina, la burguesía buscará su candidato, pero pesamos que ésta será su prioridad, no la búsqueda de consensos con un gobierno y un proyecto político que, según todos los indicios, no ganará otro período.