Por Armando Tezucún

El 4 de noviembre, el presidente Álvaro Colom rechazó, por segunda vez en su período, un decreto del Congreso de diputados que devuelve al presidente de la república la potestad de conmutar una sentencia de pena de muerte. El primer intento del organismo legislativo por restituir el indulto de la pena capital ocurrió en febrero de 2008 y fue vetado por Colom en marzo del mismo año.

Guatemala es uno de los tres países de América  que contemplan en su legislación la pena de muerte, siendo los otros dos Estados Unidos y Cuba. La pena de muerte en el Código Penal guatemalteco data de 1973 y se tiene registro de cuatro sentencias llevadas a cabo en 1982. En 1983 fueron ejecutadas otras 11 personas, bajo el decreto de emergencia 46-82, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. La Asamblea Legislativa de este gobierno aprobó la Ley de Indultos, que regula la aplicación de la pena capital. En 1996 fueron fusilados dos condenados a muerte. En 2000 la pena fue cambiada a muerte por inyección letal, siendo ejecutados ese año otros  dos condenados. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, en marzo de 2000, el Congreso derogó la ley mencionada, dejando en suspenso la aplicación de las sentencias pendientes de ejecución. (Datos publicados en Prensa Libre, 19/11/10)

Este año, las agrupaciones de extrema derecha, el Partido Patriota y en especial la bancada parlamentaria denominada Libertad Democrática Renovadora (LIDER), empezaron a presionar desde inicios del segundo semestre para que el Congreso restituyera nuevamente el indulto. El máximo dirigente de LIDER, Manuel Baldizón, por medio de  campos pagados en los principales diarios exigió que la pena de muerte se haga vigente.

La bancada LÏDER empezó a bloquear la agenda legislativa, presionando para que se discutiera el tema. El 5 de octubre, para desbloquear la agenda, las demás bancadas (incluyendo la oficial de la UNE), excepto la de URNG, votaron a favor del decreto 37-2010 que restituye al presidente la capacidad de conmutar la pena de muerte, pudiendo aplicarse la pena a los condenados. Esta disposición entraría en vigencia el 15 de enero de 2012.

El decreto emitido por el Congreso de inmediato suscitó polémica, empezando por el anuncio de Colom de que lo vetaría. Las organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra de la disposición del legislativo, al igual que la Unión Europea a través de su responsable de política exterior Catherine Ashton.

Finalmente, el 4 de noviembre Colom vetó el decreto, argumentando violación a los artículos 2, 3, 18 y 19 de la Constitución de la República y lamentando que es copia literal del que le fue presentado en febrero de 2008. La extrema derecha aún tiene recursos para hacer valer el decreto. Uno es enviar a consulta a la Corte de Constitucionalidad la decisión de presidente. Si la decisión de la CC es favorable a Colom, el Congreso ya no puede votar para rechazar el veto. Si es desfavorable, se puede publicar como ley con 105 votos a favor.

La extrema derecha ha adoptado como eje de su política, frente a las elecciones de 2011, el tema de la seguridad, aprovechando la imparable ola de violencia de todo tipo. La adopción de medidas represivas como la pena de muerte y la militarización de la seguridad es propagandizada para ganar votos entre una población atemorizada por el aumento desmedido de la delincuencia y las bandas organizadas.

La experiencia demuestra que la aplicación de la pena de muerte no disminuye en nada los índices de violencia. Es una medida represiva que en la realidad se aplica contra las clases oprimidas. El sistema de explotación capitalista es en última instancia la causa de la pobreza y de la violencia. Los miembros de las clases poderosas que delinquen siempre tienen los recursos para eludir la aplicación de la justicia y corromperla. Las políticas represivas sólo son aplicadas contra lo miembros de las clases explotadas que quebrantan la ley para poder subsistir.

Por ello el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza la pena de muerte, y demanda la aplicación de políticas preventivas que mejoren las condiciones sociales de los barrios marginales de donde proceden los grupos que delinquen. En última instancia sólo una verdadera revolución social podrá cortar de raíz las causas que producen la violencia y la delincuencia en la sociedad capitalista.