Por Indalecio Martínez

Los compañeros trabajadores del sector de salud pública continúan en pie de lucha por un sistema de salud que brinde atención digna a la población trabajadora y menos favorecida del país.

La inmensa mayoría del pueblo no puede costearse hospitales privados y depende de los servicios estatales para satisfacer sus necesidades de salud. Sin embargo, la estructura social injusta que sufrimos en Guatemala, basada en la economía de mercado y en el lucro, impide que el Estado cumpla con su obligación de otorgar servicios básicos abundantes y de calidad a las mayorías empobrecidas. Los grupos de poder económico que controlan la riqueza y los recursos del país no tienen el menor interés en que el Estado y los gobiernos concretos solucionen de manera gratuita y eficaz las necesidades de la población. Para ellos todo es un negocio, incluyendo la salud y la educación. Por eso las clases poderosas obstinadamente se niegan a pagar los impuestos necesarios para fortalecer el Estado y posibilitar que éste cumpla su rol. Más les conviene un Estado débil y desfinanciado que sólo sirva para facilitar sus negocios.

Por ello es sumamente importante la lucha que están desarrollando los compañeros trabajadores de la salud. En última instancia, más allá de sus reivindicaciones salariales y laborales, se trata de una lucha contra el capitalismo injusto, instrumento de una oligarquía agrícola, industrial y financiera voraz y ávida de ganancias.

Después de las movilizaciones mencionadas en nuestro artículo de El Socialista Centroamericano No. 103, las compañeras y compañeros han dado nuevas batallas. En el departamento de Escuintla, el 11 de noviembre los trabajadores salubristas suspendieron la atención en consulta externa en los hospitales nacionales de la cabecera departamental y Tiquisate, así como en 15 centros y puestos de salud de la región. Una vez más, la exigencia fue que el gobierno otorgue más fondos para compra de medicamentos, ya que los centros asistenciales están desabastecidos.

El 12, en Baja Verapaz, los salubristas paralizaron los Centros de Atención Permanente para presionar por la destitución de la directora Rosa María Chinchilla y por la reinstalación del gerente Óscar Ronaldo Milián.

Pero las movilizaciones más importantes se dieron los días 18 y 24. El 18, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala realizó una marcha multitudinaria en la capital y en otros puntos del país. El reclamo central fue la denuncia del intento de recortar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el 2011. Los compañeros demandaron que se apruebe un presupuesto de Q 4,494 millones para el próximo año, no de Q 4,046 como está programado. También se exigió la renuncia del ministro de salud Luwig Ovalle, por considerarlo incapaz de resolver la crisis permanente que hay en el sistema hospitalario nacional.

El 24, los trabajadores salubristas realizaron bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, efectuaron una protesta frente al Ministerio de Salud, solicitando la destitución de la directora María Chinchilla y por un mayor presupuesto para salud. Seguidamente presentaron ante el Congreso de la República un documento con 31,600 firmas que respaldan la demanda de ampliación del presupuesto de salud en 2011. Los bloqueos se dieron en el Crucero Las Victorias Quetzaltenango, Aldea San Julián, km. 142 de la Ruta Interamericana, entrada a Mazatenango  y otros puntos.

El Partido Socialista Centroamericano  (PSOCA) apoya totalmente la lucha de las compañeras y compañeros trabajadores de la salud. Esta es una gesta necesaria, por el derecho a la salud del pueblo guatemalteco, por un sistema de salud gratuito y de calidad.

Una vez más sugerimos que es necesario preparar un paro nacional, con la consigna central de aumento al presupuesto 2011 del Ministerio de Salud. El presupuesto general 2011 al parecer está a pocos días de ser aprobado por el Congreso, mientras escribimos estas líneas. Esto no es objeción para que la pelea por mayores recursos se desarrolle con toda intensidad. La consigna de mayor presupuesto hay que acompañarla con la exigencia de que el gasto del presupuesto debe ser supervisado y controlado por los trabajadores del sector, representados por sus organizaciones sindicales. Los funcionarios y burócratas del Ministerio no pueden gastar los fondos a su antojo. Los trabajadores son quienes mejor conocen las necesidades de los hospitales y centros de salud; son ellos quienes deben tener el control del destino de los gastos.