Por Leonardo Ixim

La crisis institucional y de gobernabilidad dentro de la Universidad de San Carlos (USAC) cada día se vuelve más profunda. Como resultado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946selogró la autonomía universitaria y se acordó la participación en el gobierno de tres de los cuatros sectores de la universidad: estudiantes, docentes, profesionales. En el caso de los trabajadores se pensó que con su organización gremial era suficiente para la participación de las decisiones internas de la universidad.

Junto a esta estructura de gobierno se crearon cuerpos electorales como instancia intermedia entre la voluntad popular y la elección de representantes. Peroun poco más de treinta años después dicho sistema se ha vuelto un refugio de ridículos dictadorzuelos que responden a sus intereses en alianza a grupos de derecha a nivel nacional.

Esta situación ha mostrado sus límites, quedando marcada tras la promulgación de la Constitución actual junto a la represión y al descabezamiento de la inteligencia progresista y revolucionaria. La toma de la USAC el año pasado por parte del colectivo Estudiantes Por la Autonomía (EPA)finalizó con dos mesas de negociación entre el Consejo Superior Universitario (CSU), los sectores de la U y EPA. Una para la elaboración de una metodología sobre el proceso de reforma. Otra sobre una iniciativa de ley que busca democratizar las juntas directivas de las facultades, restituir los derechos políticos de los estudiantes, eliminar los privilegios de los docentesy grupos enquistados en las decanaturas,prohibir la reelección de los decanos, etc. Pero la posición de docentes y autoridades es detener el proceso y que el CSU no envíe el anteproyecto de ley al congreso de la república tal como mandan los acuerdos.

Pero recientemente ha habido serios cuestionamientos a varios funcionarios entre decanos y representantes ante el CSU por elecciones y permanencias ilegales en estos puestos. Existen dos acciones legales interpuestas por docentes progresistas ante tales ilegalidades.

Se ha cuestionado a dos ex decanos que han sido reelectos dolosamente por el CSU, pese a no conseguir los votos necesarios que la ley orgánica exige para tal situación. Oscar Cobar de Química y Farmacia; Carlos Valladares de Arquitectura. Ambos no obtuvieron los votos necesarios en tres vueltas electorales, fungiendo ilegalmente en el cargo. Otros ex decanos de facto son Murphy Paiz de Ingeniería, vinculado al partido de derecha Líder, Rolando Seceida de Ciencias Económicasrelacionado con la burguesía azucarera y Jose Oliva de Medicina, facultades donde su permanencia es ilegal. Recordemos que según la lógica de co-gobierno, son los tres sectores quienes deciden y siguiendo la elección por cuerpos electorales, éstos se forman con estudiantes y profesionales, según el número de profesores que haya en cada facultad. Así los docentes votan directamente, mientras los otros eligen electores quienes a su vez votan por los candidatos a decano que haya. Además otros miembros del CSU quienes ya deberían haber dejado su cargo, siguen ahí, tales como Herbert Miranda, Carlos Sierra, William Yax, etc.

En el caso de la facultad de Ciencias Económicas varios docentes han interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por una decisión ilegal del CSU, pues aquéllos exigieron a éste que resolviera en base a la ley orgánica, específicamente el articulo 44 y declarara ilegal la permanencia en el cargo al actual del actual decano. El CSU se amparó en el artículo 31 de estatuto de la universidad que contradice la ley orgánica y posibilita quelos decanos se mantengan en su cargo hasta que se resuelvan los procesos de elecciones. Con eso se valida a Secaida en el cargo.

En fin, todo este enmarañamiento jurídico, como el complicado y antidemocrático sistema de elección, pone en evidencia la necesidad de transformarlo, creemos que es vital que semande al congreso de la república la iniciativa de ley producto de los acuerdos entre el CSU y EPA y no al congreso de reforma como pretenden docentes y autoridades. De igual forma durante el proceso de reforma deben desaparecer las elecciones por medio de cuerpos electorales para rector y generar una estructura de gobierno donde tenga representación todas las unidades académicas que existen en la actualidad. Todo esto implica reformar la ley orgánica y estohay que encararlo con la unidad de todos los sectores democráticos de la U para presionar a los diputados que no aprovechen para modificar otras situaciones.