Por Marcial Rivera

El primer semestre, del año 2011, sin lugar a dudas, estará caracterizado, por ser uno de los periodos más violentos; fundamentalmente para el sector sindical, además de otros sectores de la sociedad, en especial aquellos que tienen como objetivo luchar por la generación de mejores condiciones de vida y dignidad, para la población en general, y de esta forma transformar la sociedad, hacerla más justa, solidaria y unida.

En una reciente conferencia en donde se abordó el tema de violencia en Guatemala, y derechos humanos, en la que el Ministro de Gobernación Carlos Menocal, expuso sus opiniones al respecto, él manifestó potenciales avances en el combate a la violencia y crimen organizado, exponiendo las valoraciones plasmadas en estadísticas gubernamentales, en las cuales se mostraba un pequeño, pero significativo avance en la reducción de hechos delictivos.

No es objetivo, de estas líneas abordar el tema de violencia, sino el otro tema al cual se hacía referencia, que el Ministro olvidó abordar: fue el de Derechos Humanos. Los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República, hacen alusión al bien común como fin ulterior del estado, además de las garantías mínimas “de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”. Grocio define al Estado como “La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común.”

Si el Estado surge para tener como fin último el bien común, cuestionémonos entonces cuál es ese bien común al que se hace referencia, o habría que preguntarse si el concepto de bien común es relativo, o es universal; en todo caso también, referirse a cómo se maneja el bien común es necesario para comprender, cómo y por qué actúa el Estado de Guatemala, en la forma en que lo hace. Bien común no es más que el bien de las mayorías, y si la política es el arte de establecer consensos, ¿por qué entonces el Estado de Guatemala, no actúa en función de establecer consensos?

Recientemente, se hizo la denuncia del despido del Compañero Benedicto García Mendoza, a través de un comunicado del Comité de Unidad Campesina, fechado el 31 de mayo de 2011. La razón por la que se le despidió es por “el solo hecho de encontrarse afilando su machete en horas de trabajo, lo que motivó a que fuera insultado por estas personas y su despido inmediato”. A todas luces, este despido no únicamente constituye una clara violación a los derechos fundamentales, a los derechos laborales, sino que además de ser injusto e ilegal, es por demás irracional y ridículo, que se despida a alguien, solo por afilar su machete en horas laborales.

Los asesinatos en el Valle del Polochic, continúan, esta vez se trata de la Compañera María Margarita Che Chub, por parte de policías privados y guardias de seguridad que se convierten en verdaderos sicarios, al hacer estas ejecuciones extrajudiciales, el Estado de Guatemala, no solo no tiene voluntad política de entablar una verdadera negociación para llevar a buen término, la problemática de la tierra. Además tiene en un verdadero abandono, a la población que se encuentra en resistencia, no proveyéndoles de salud y educación a sabiendas de las condiciones en las que se encuentran. Lo peor del caso es la complicidad del Estado al actuar de forma pasiva; frente a quienes actúan para apropiarse de los limitados recursos del país y enriquecer sus bolsillos.

En otro pronunciamiento fechado el 27 de mayo del corriente año, la Confederación Sindical Internacional denunciaba la muerte planificada del Compañero Idar Joel Hernández Godoy, quien fungía como Secretario de Finanzas, del Sindicato de Trabajadores de Izabal. Asimismo, el 10 de abril de forma violenta, con 35 impactos de bala, el compañero Oscar Humberto González Vásquez, en Morales Izabal; la estrategia está cambiando, y estos hechos delictivos lo demuestran, ya no se trata de despedir a sindicalistas y se acabó el sindicato, sino se trata más bien de asesinarlos.

Esto evidencia aún más, las acciones antisindicales llevadas a cabo por parte de los grandes capitales, y demuestra que el Estado de Guatemala, no actúa en función del bien común, sino al contrario del bien propio, del bien de unos pocos, hace buen tiempo el gobierno de Álvaro Colom Caballeros dejó de tener legitimidad, que debe recuperarse hoy por hoy con la sangre derramada de los asesinatos políticos, en tiempos de “paz”.