Por Armando Tezucún

El actual proceso electoral se desarrolla de manera cada vez más accidentada y sorprendente por los métodos usados por los partidos de la burguesía, en su pugna por ganar las elecciones.

En una dura batalla legal que aún no termina, la precandidata presidencial del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (que participa en conjunto con la Gran Alianza Nacional), defiende con encono su derecho a inscribir su candidatura. Recordemos el nudo del problema. Sandra Torres Casanova fue hasta hace pocos meses la esposa del actual presidente Álvaro Colom. Decidida a lanzarse como candidata a la presidencia, y para evadir la prohibición constitucional según la cual los parientes cercanos al presidente no pueden postularse a la presidencia para el período inmediato posterior, acordó con su ex esposo disolver su unión mediante el divorcio.

Después de 45 días de haber sido presentada la solicitud de inscripción del binomio de la UNE-GANA (Sandra Torres y Roberto Diaz Durán), el Registro de Ciudadanos la negó el 29 de junio. La negativa se hizo en base al artículo 186 literal c) de la Constitución de la República, que sostiene que no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos funcionarios. Además, el director del RC adujo que en base al artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial Sandra Torres incurrió en fraude de ley, pues la intención del divorcio del presidente fue evadir la prohibición constitucional, y que el vínculo se mantuvo durante los tres primeros años del actual gobierno (diario El Periódico 30/6/11).

Partiendo de que no proclamarán un binomio distinto para la presidencia, la UNE-GANA inició pelea para agotar los recursos legales y lograr la inscripción. El 30 de junio los abogados del partido presentaron un recurso de nulidad contra la decisión del Registro de Ciudadanos, que fue remitida al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El día siguiente el recurso fue rechazado por los funcionarios, confirmando los argumentos del RC. Dos días después el abogado de la UNE presentó un recurso de revisión que fue rechazado al día siguiente. En ambos casos tres magistrados votaron en contra de Torres y dos a favor.

De inmediato la UNE presentó un amparo provisional ante Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, que dictaminó el 7 de julio a favor de Torres, revocando la decisión del Registro de Ciudadanos. Sin embargo, la secretaria y candidata presidencial del partido Acción de Desarrollo Nacional, Adela de Torrebiarte presentó ante la Corte de Constitucionalidad una apelación contra el fallo de la Sala. Como resultado la CC, el día siguiente revocó el amparo a favor de Torres, restaurando la vigencia del fallo del RC, que le niega la inscripción como candidata presidencial.

El panorama electoral puede dar un vuelco si al llegar a las últimas instancias Sandra Torres no logra su inscripción. En ese caso la UNE-GANA presentaría solamente candidaturas a alcaldes y diputados y el voto para Torres se repartiría entre dos o tres partidos que en las encuestas no llegan al 10% de la intención de voto. Al candidato presidencial de uno de ellos, Harold Caballeros, le fue negada la inscripción porque hasta 2006 fue pastor de una iglesia evangélica y renunció a su ministerio para participar en política. El Partido Patriota del ex general Otto Pérez Molina, que puntea las encuestas, posiblemente gane en la primera vuelta, cosa que muchos dan por hecho, incluso el conocido sociólogo Edelberto Torres Rivas (ver entrevista en Prensa Libre 1/7/11).

La violencia política continúa imparable. El candidato a concejal de Ixcán por el partido Viva, Pablo Matías Pérez, fue asesinado el 28 de junio. El 8 de julio fue asesinado el dirigente magisterial y jefe del comando de campaña de la UNE-GANA Julio César Ayala. El asesinato más impactante fue el cometido en la madrugada del sábado 9 de julio contra el conocido cantautor argentino Facundo Cabral, que se encontraba de gira por Guatemala.

Las fuerzas oscuras del narcotráfico y militares involucrados en negocios sucios están atizando la zozobra, la inestabilidad y el pánico para favorecer el voto por los militares genocidas que militan en el Partido Patriota, que prometen mano dura. Son los mismos que allanaron la sede de la Fundación Guillermo Torriello, que está apoyando a los campesinos desalojados del Valle del Polochic.

Por eso una vez más llamamos a todos los sectores populares a reflexionar el voto y no permitir que los militares de pasado y presente oscuro se hagan del gobierno. Ni militares genocidas ni empresarios explotadores.