Por Armando Tezucún

La ex esposa del presidente Álvaro Colom, ahora precandidata presidencial por la coalición Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional (UNE-GANA), continúa la pelea por que su candidatura sea legalmente inscrita. Como recordamos, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral le negaron tres veces la inscripción. La Corte de Constitucionalidad se encargó de suspender una resolución de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal que favorecía a Sandra Torres.

El siguiente paso fue presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, el cual le fue negado el 11 de julio. De 13 magistrados, sólo uno votó a favor de torres (Diario El Periódico 12/7/11).

En esta ocasión la Une-Gana movilizó cerca de 300 simpatizantes para presionar a la CSJ, incluso un grupo de ellos se declaró en huelga de hambre. A pesar de que los dirigentes uneístas Orlando Blanco y Fernando Barillas negaron que fueran a recurrir a marchas, manifestaciones y plantones (ver diario El Periódico y Siglo XXI del 5/7/11), a partir de esa fecha se han hecho más frecuentes las demostraciones públicas masivas que hacen presión a favor de la candidatura de Sandra Torres.

Estas movilizaciones son básicamente de madres de familia que se han visto beneficiadas por los programas de asistencia social, en especial la entrega de alimentos básicos y de una remesa monetaria por enviar a sus hijos a la escuela y a los centros de salud. A pesar de que los partidos de oposición aseguran que mantendrán estos programas, pero con controles y regulaciones, Torres pregona en sus discursos que desaparecerán de no ser ella la próxima presidente. Es evidente que a la burguesía en su conjunto le conviene mantener estos programas porque son una válvula de escape para la situación explosiva que plantea la pobreza aguda de las clases oprimidas. Resulta obvio que no resuelven los problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas, como pretende hacer creer el actual gobierno. Sólo una revolución de los trabajadores, campesinos y oprimidos lo lograría. En América Latina gobiernos de derecha y gobiernos reformistas han implementado tales programas. Las diferencias entre el partido de gobierno y la oposición de derecha no van por ese rumbo.

Los seguidores de Sandra Torres han puesto en alerta a los grupos de derecha, sobre todo porque éstos recuerdan cuando en 2003 el Frente Republicano Guatemalteco, entonces en el gobierno, provocó disturbios en la zona 10, donde están los centros de negocios de los grupos oligárquicos, presionando por la inscripción del ex general golpista Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Ríos Montt logró su inscripción pero el recurso a métodos violentos le valió una baja votación. Es muy poco probable que la Une-Gana llegue tan lejos.

Los abogados de Sandra Torres presentaron un recurso de aclaración ante la CSJ por su decisión anterior, pero el 13 de julio los magistrados lo rechazaron por unanimidad. La Une decidió esperar a que la CSJ dicte un fallo definitivo sobre esta acción legal, lo que tardará 15 días, para apelar ante la Corte de Constitucionalidad. Este es el último recurso que tiene Sandra Torres para que su candidatura sea aceptada.

Mientras, las movilizaciones continúan. El domingo 17 la UNE-GANA organizó en la capital tres marchas de apoyo a Torres que confluyeron en la Plaza de la Constitución con cerca de 20 mil personas. El 20, simpatizantes de Torres se movilizaron por diferentes puntos de la capital hasta llegar frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que los magistrados resuelvan a favor de la inscripción de Torres

La Une recibió otro golpe cuando el 11 el TSE rechazó la candidatura de Luis Leal a la alcaldía de la capital. Al parecer el precandidato está registrado como residente en Jutiapa a pesar de que tiene documento de identificación de la capital. Leal decidió abandonar la lucha electoral en vez de dar una batalla legal.

Si la CC le niega el amparo a Sandra Torres, el partido oficial perdería dos candidaturas claves: La presidencia y la alcaldía capitalina. Esto le dejaría el campo libre a la derecha militarista del Partido Patriota que lidera las encuestas. A pesar de que la actual línea general del imperialismo y de la burguesía oligárquica es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia formal para realizar con tranquilidad sus negocios, debemos estar preparados para defender las libertades democráticas contra una posible embestida de un eventual gobierno del PP.

Por ello llamamos a los trabajadores, campesinos indígenas y pueblo en general a reflexionar y no dar su voto a los ex militares del PP ni a los representantes de los empresarios explotadores.