Por Armando Tezucún

El 7 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer el resultado de la segunda vuelta del proceso electoral. El ex general Otto Pérez Molina tuvo el 53.74% de los votos, mientras que por Manuel Baldizón votó el 46.26% del electorado, con una diferencia de 320,055 votos (diario La Hora 7/11/11).

A pesar de que Baldizón y su partido Líder obtuvieron mayoría en 12 departamentos y Pérez y el Partido Patriota ganaron el 10, a nivel nacional la mayor parte de los votos fueron para el general retirado. El triunfo del Patriota fue posible por el voto urbano, en especial el de la ciudad capital, donde obtuvo un aplastante 71.13%.

Esto se explica por el respaldo rural y del interior del país que ha tenido en los últimos procesos electorales el sector de la burguesía que está representado en el partido Líder, la burguesía emergente, que utiliza un discurso y políticas populistas para atraerse el favor de la población. Este fue el caso de los gobiernos de Alfonso Portillo y Álvaro Colom, ambos con una fuerte influencia de este sector burgués.

La oligarquía tradicional y el capital corporativo modernizante, en cambio, han tenido amplio respaldo en las clases medias urbanas. Este sector de la población, con un nivel de educación promedio superior al resto del país, es el más permeable al bombardeo mediático utilizado por el Patriota, centrado en gran parte en la denuncia de corrupción y falta de transparencia del gobierno. Esta batería propagandística fue enfilada contra Baldizón a quien identificó como una continuación del gobierno de Álvaro Colom y la UNE.

Pero además tuvo un gran peso la promesa de Otto Pérez (promesa que viene desde la campaña electoral de 2007) de aplicar mano dura y una política firme para combatir la delincuencia que tiene agobiada a la población. Esta violencia delincuencial está presente sobre todo en las ciudades y es por ello que la esperanza de que un ex militar acabe mediante métodos violentos con las maras y pandillas llevó a que la población urbana votara por el Partido Patriota.

Otto Pérez Molina es un general retirado que tuvo puestos de mando y responsabilidad en regiones donde hubo masacres a poblaciones civiles durante el conflicto armado interno. Además está vinculado a la organización de militares llamada El Sindicato, al que se señala de estar involucrado en contrabando, narcotráfico, trasiego de armas y al crimen organizado.

Concuerdo con el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra en su artículo publicado el 17 de septiembre, donde afirma: “Con Pérez Molina no necesariamente regresará el ejército al gobierno. Pero sí ingresará a los distintos niveles del poder ejecutivo de manera formal e informal,  un grupo de militares retirados involucrados  en la guerra sucia que se observó en Guatemala durante muchos años…”. Uno de estos militares de dudoso pasado es Mauricio López Bonilla, quien fue uno de los jefes de la campaña electoral del Partido Patriota y que dirigirá el Ministerio de Gobernación en el próximo gobierno.

Las agrupaciones de estos militares que tienen las manos ensangrentadas se sentirán envalentonadas, protegidas y con las manos libres en el gobierno de Pérez Molina y es de esperar que participen en el recrudecimiento de la represión selectiva contra el movimiento popular. De hecho ya empezaron, con la denuncia presentada el 2 de noviembre contra 26 ex guerrilleros, a quienes acusó formalmente Ricardo Méndez Ruiz Valdés por su secuestro en 1982, cuando su padre, el militar Ricardo Méndez Ruiz era ministro de gobernación. El 13 de noviembre, 22 organizaciones de veteranos militares y sus familiares realizaron una marcha de protesta contra los juicios que se están llevando a cabo contra militares implicados en masacres a poblaciones indígenas durante la guerra interna.

Pérez Molina logró el respaldo del gran poder económico tradicional y modernizante. Pero no es un respaldo incondicional. Ante la obvia necesidad de financiar los gastos de su futuro gobierno y cumplir sus promesas, Pérez anunció una reforma fiscal, modificando entre otras cosas el Impuesto Sobre la Renta. El 8 de noviembre las organizaciones empresariales manifestaron su rechazo a esta propuesta, “Estamos señalando que debe realizarse una reforma fiscal integral atacando la economía informal, el contrabando, la corrupción de los funcionarios públicos, y estos son los temas que deben ser de importancia para todo el país” (La Hora 8/8/11).

Tal parece que el PP pasará la amarga situación de tener que forcejear con la mezquina oligarquía para poder financiar su gobierno.

Mientras las organizaciones populares y de izquierda debemos prepararnos para enfrentar un gobierno represivo mediante una fuerte unidad y solidaridad en las luchas que se avecinan.