El voto urbano entonces, según concluyen analistas como Gustavo Berganza, del Mirador Electoral, definió la elección presidencial en Guatemala. Berganza sostiene que: "El reto del gobierno de Otto Pérez, que ha sido ungido por los municipios más acomodados, y que representa a votantes ladinos urbanos cuya preocupación central es la inseguridad, será atender las necesidades de las regiones y municipios donde no ganó". (1)

Pérez y Baldizón disputaron la presidencia en una segunda vuelta electoral, pues en la primera ronda, efectuada el 11 de septiembre, el candidato que figuró en primer lugar, Pérez Molina, no alcanzó la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos válidos). En esta ocasión el proceso electoral en Guatemala tuvo un desarrollo atípico en el que, entre otras cosas, la totalidad de candidatos contendientes no estuvo clara sino casi al momento de realizarse la primera vuelta.

Una de las razones de ello tuvo que ver con la intención de la ex esposa del Presidente Álvaro Colom, Sandra Torres, de postularse como aspirante a la presidencia. El debate jurídico y político se produjo al respecto de la viabilidad legal de su candidatura, en vista de que el artículo 186 de la Constitución establece un impedimento a los familiares del presidente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, para optar a la presidencia. Similar prohibición tienen quienes hayan participado en un golpe de Estado (2) y quienes han fungido como ministros de alguna religión. Este último es el caso del aspirante, también conservador, Harold Caballeros, que es pastor de la iglesia El Shadai.

Torres se divorció del Presidente Colom, lo que legalmente la dejaba sin impedimento para la inscripción. Caballeros renunció a la dirección de su iglesia, con la misma intención que Torres. Sin embargo, al final las cortes negaron la inscripción a Torres ex de Colom y permitieron la de Caballeros, que solo se resolvió definitivamente a dos semanas de las elecciones.

¿Quién es y de dónde viene el nuevo presidente guatemalteco?

Antes de incursionar en la política partidista, Pérez Molina desarrolló una carrera castrense, relativamente exitosa en el Ejército de Guatemala. Se graduó de la academia militar en 1969, como parte de la 73a promoción, a la cual sus propios compañeros de armas calificaron con el mote de "El Sindicato", debido a su arraigado sentido de cuerpo como grupo (3). La promoción designó una junta directiva -al estilo de la organización sindical y estableció mecanismos internos de reunión de recursos y apoyo a viudas de oficiales del conflicto armado interno. Como grupo se enfrentaron a Efraín Ríos Montt cuando fungía como jefe de Estado, motivo por el cual este giró una orden general para desmantelarlo (4).

Siendo Mayor del Ejército, Pérez Molina estuvo destacado en la Zona Ixil (5) (en el altiplano occidental de Guatemala), al frente de la Fuerza de Tarea Gumarcaj (6), en 1982. En 1983 participó en el golpe de Estado que depuso al general Efraín Ríos Montt y llevó a Oscar Humberto Mejía Víctores, también procesado por actos de genocidio, a la jefatura del Estado.

Además de paracaidista, Pérez Molina fue instructor de la escuela de fuerzas especiales Kaibil (7) y creador de un grupo especial de tropas de élite. Con el grado de coronel, ocupó la Dirección de Operaciones (D3) y la Dirección de Inteligencia (D2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala, en 1992 y 1993 respectivamente.

Desde mayo de 1993 hasta enero de 1996 ocupó la Jefatura de Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. Fue inspector general del Ejército y representante del país en la Junta Interamericana de Defensa. Integró por parte del Ejército la comisión gubernamental de negociaciones de los acuerdos de paz, de los cuales fue signatario en 1996. Siendo general, en el año 2000 se retiró del Ejército a raíz de la decisión presidencial de Alfonso Portillo de nombrar como Ministro de Defensa a un Coronel y poner en disponibilidad a la totalidad de los generales de la institución armada.

Pérez Molina fundó el Partido Patriota (PP) hace nueve años. Participó por primera vez en elecciones y obtuvo una curul al Congreso en 2004 (8), y compitió por primera vez a la presidencia en 2007, resultando entonces perdedor contra el actual gobernante Álvaro Colom.

La agenda de seguridad del nuevo gobierno

Ante los niveles de inseguridad en Guatemala, uno de los países más violentos del continente, con una tasa de 47 homicidios por cien mil habitantes, una media de 33 mil denuncias de robos y asaltos en 2010 (9), asesinatos de pilotos del transporte público así como extorsiones en zonas urbanas, ponen a la seguridad como una de las preocupaciones centrales de la población. A tal grado que la participación ciudadana en la seguridad es entendida como prácticas de vigilantismo por medio de grupos que imponen restricciones a derechos y garantías en las comunidades y llegan a realizar ejecuciones extrajudiciales.

En ese contexto, la oferta de seguridad con un discurso de mano dura, como lema de campaña desde la fundación del partido ganador de las elecciones, ha representado no solo el eje de su formación política sino la columna vertebral de su propuesta de gobierno. En el documento que recoge esa propuesta, llamada Agenda Patriota o Agenda del Cambio, se presenta el plan en varios ejes. El primero de ellos es el de Seguridad Democrática y Justicia, a desarrollarse a partir de cinco principios y cinco estrategias.

Los principios incluyen la seguridad democrática, definida como "el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho. Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, del medio ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas y personas, y la cooperación internacional para garantizar su seguridad" (10). Otros principios incluidos en la Agenda del Cambio son presencia y autoridad en todo el territorio; derechos humanos; institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas; y uno sobre porte y tenencia de armas en el que se concluye que "conforme se mejore la seguridad pública se promoverá la reducción de la portación de armas defensivas". (11)

El objetivo en materia de seguridad es "garantizar la vida de las personas, la familia, la libertad y la justicia, mediante la protección integral con acciones de prevención, control y rehabilitación que generen ambientes seguros en el hogar, la escuela, el trabajo y la recreación. Reducir la impunidad ampliando y fortaleciendo las instituciones de justicia y el cumplimiento de condenas"(12).

Las cinco estrategias de seguridad definidas en el plan de gobierno son: 1) proteger la vida y la propiedad, 2) neutralizar al crimen organizado, las maras y la delincuencia común, 3) fortalecimiento institucional, 4) coordinar e integrar la cooperación internacional en apoyo a la seguridad democrática y, 5) fortalecer el sistema de justicia.

En los distintos campos de acción de la agenda propuesta se plantea la integración de Fuerzas de Tarea como estrategia operativa para atender el fenómeno de la inseguridad. De esa cuenta, en el eje sobre la protección de la vida el plan identifica como problemas el femicidio, los homicidios, las extorsiones, el robo de celulares y otros, y como acción concreta planea integrar una Fuerza de Tarea interinstitucional para cada uno de ellos. Aquí, la interinstitucionalidad estaría referida a la participación conjunta de la Policía (civil) y el Ejército, incluida la inteligencia militar, en la conformación de dichas unidades. En aquellas áreas en donde no se propone formar fuerzas de tarea, se plantea involucrar a los servicios de inteligencia.

Aunque la Agenda incluye la participación en la Estrategia de seguridad regional en Centroamérica, lo único explícito al respecto es el objetivo de "Asumir el liderazgo regional de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado" (13). Para esto se propone "ejercer la conducción de la agenda regional" (14). En este campo se plantea crear en el servicio exterior agregadurías de policía y de inteligencia, que actuarían en conjunto con las agregadurías militares existentes. Así mismo, se planea gestar "intercambios de inteligencia con Estados Unidos, El Salvador y Honduras para reducir las acciones criminales de las pandillas" (15).

De todo el capítulo referido a la seguridad, destaca como única estrategia visible en materia de seguridad ciudadana el impulso del municipio seguro, definido como "la articulación de esfuerzos con gobiernos municipales para implementar acciones que permitan recuperar la seguridad en las comunidades" y la "incorporación de las organizaciones locales en la implementación de las acciones de seguridad comunitaria" (16).

Además del plan de trabajo propuesto por el partido ganador, resalta el primer nombramiento oficializado en el campo de la seguridad, así como el grupo asesor en la materia a lo largo de la campaña. El presidente electo anunció que su Ministro de Gobernación será el teniente coronel retirado Héctor Mauricio López Bonilla, militar con carrera en el servicio de inteligencia, y estratega político desde su retiro de la milicia en 1996.

López Bonilla, quien fungió como jefe del comando de campaña del partido ganador, integró un equipo de asesores militares responsables del diseño de la agenda de seguridad. Algunos de sus miembros son los también generales y ex ministros de Defensa Nacional, Julio Balconi Turcios y Marco Antonio González Taracena. Otros militares retirados involucrados con el proyecto de Pérez Molina son Mario Mérida y Ricardo Bustamante. Estos cuatro oficiales retirados también fueron dirigentes (jefes o sub jefes) del servicio de inteligencia militar durante el conflicto armado interno.

Los oficiales de inteligencia militar en Guatemala formaron una especie de club o sociedad gremial autonombrado "La Cofradía", de inteligencia, que agrupa a oficiales activos y retirados que han servido en dicha unidad.

González Taracena, Mérida y Bustamante, son miembros de dicha agrupación. Diversos análisis sobre estructuras ilegales, vinculadas a crimen organizado, como "El Poder oculto", publicado por Wola (Washington Office on Latin America), identifican a La Cofradía como una de las más poderosas estructuras de mafia en Guatemala (17).

Los desafíos en seguridad para el nuevo gobierno

Como se dijo, Guatemala es uno de los países con más altos índices de violencia, con 47 muertes violentas por cien mil habitantes. Este fenómeno se presenta en un contexto de profunda debilidad del sistema de seguridad y de disfuncionalidad del sistema de justicia, a tal extremo que las tasas de impunidad están por encima de 90% con relación a los crímenes violentos.

A los problemas de corrupción en las fuerzas de seguridad -civiles y militares- se suma la violencia que raya en el terror, empleada por estructuras de crimen organizado, como en el caso de las masacres en zonas de presencia o control de grupos de narcotráfico. En mayo de 2011, en un municipio del departamento de Petén, fronterizo con México, fueron decapitados más de 20 labradores en una finca propiedad de un presunto miembro de carteles de la droga. Un fiscal del Ministerio Público asignado al caso fue destrozado y su cuerpo dejado en varias bolsas frente a las oficinas de gobierno en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país.

Ambas acciones fueron atribuidas al llamado cartel de los Zetas, estructura criminal extremadamente violenta que ha logrado posicionarse en el territorio guatemalteco y controlar importantes extensiones del país. En investigaciones recientes y videos en poder de la fiscalía, al menos dos oficiales del Ejército asignados a la zona son visibles en actividades festivas con los miembros del cartel (18); uno de ellos es el Coronel Edgar Ernesto Muralles Solórzano, subdirector del Instituto Adolfo B. Hall (19) en Cobán, Alta Verapaz. Este video pone de manifiesto la presencia dentro de las filas de fuerzas de seguridad de elementos del crimen organizado.

De igual forma, la existencia de un alto volumen de armas de fuego en circulación se constituye en un factor que incrementa los riesgos de muertes violentas. Un buen número de armas incautadas a grupos criminales provienen de los arsenales del propio Ejército nacional, sin que se conozca de investigaciones efectivas para identificar a los responsables del desvío de las mismas a esos grupos.

Los fenómenos planteados, así como el índice de más de 35 mil hechos de delincuencia común, robos y asaltos -muchos violentos- y extorsiones, son la base para que la demanda de seguridad sea una de las principales preocupaciones sociales, lo que en niveles extremos favorece la disposición social a aceptar propuestas de soluciones autoritarias y de mano dura.

Sin embargo, a pesar del hilo del discurso de Pérez Molina en su oferta de seguridad, no resulta sencillo aplicar tajantemente políticas de mano dura pues éstas amplían el riesgo profundo de que hay abusos y arbitrariedad. Pérez Molina requerirá de un amplio consenso para impulsar una agenda de seguridad que permita, en el corto plazo, reducir los índices de violencia y, en el mediano y largo plazo, fortalecer el sistema de seguridad con acciones y programas que trasciendan la limitada visión contenida en su agenda partidaria.

Parte fundamental del proceso será la coordinación con el sistema de administración de justicia. Esto incluye, por supuesto, la necesaria presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) (20), cuyo mandato vence en septiembre de 2012 y el cual Pérez Molina se comprometió a continuar. Sólo en la medida en que el mandato de la Comisión se cumpla en lo relativo al fortalecimiento del sistema de justicia y que el Estado de Guatemala avance en esa dirección, podrá mejorar la situación de seguridad y reducirse la impunidad en el país.

Esto requiere, tal como lo han señalado diversas organizaciones sociales y la comunidad internacional, garantizar el cumplimiento del período constitucional de la actual Fiscal general de la república, Claudia Paz y Paz, que concluye en 2015. En distintos espacios nacionales e internacionales hay satisfacción con los resultados alcanzados por la actual gestión en la fiscalía, dado que el índice de éxito en sus primeros seis meses superó los resultados obtenidos por sus antecesores en ocho años. Esto tiene como eje central la coordinación efectiva entre la Cicig, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación.

De tal manera, el reto para el nuevo gobernante es cumplir su compromiso de fortalecer el sistema de seguridad y justicia con acciones como la garantía de independencia para el Ministerio Público, la continuidad de la Cicig y ampliación de su mandato, al menos por un período más de dos años.

En síntesis, un desafío permanente para el nuevo presidente Pérez Molina será cumplir con la promesa de garantizar la seguridad, mantener la vigencia de las libertades y garantías, y a la vez imponer límites a los grupos que desde su propia estructura partidaria se decanten por soluciones rápidas, arbitrarias y al margen de la ley, impulsadas por la filosofía de autoritarismo que ha caracterizado a su propuesta política.

* Directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala, y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Centroamérica del Programa de Cooperación de Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Notas

1.- Berganza, Gustavo: Los votantes de Otto Pérez. El Periódico, 8 de noviembre 2011, pp.17. Guatemala

2.- El también general retirado, Efraín Ríos Montt, fue vetado a participar en dos oportunidades, por aplicación de dicho artículo. En 2003, año en que logró que las cortes fallaran en su favor, fue derrotado en las urnas.

3.- Uno de los principales integrantes del grupo, además de Pérez Molina, es el también general retirado, Roberto Letona Hora, esposo de la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán.

4.- Para un panorama completo de este grupo y sus conflictos con Ríos Montt, ver, The National Security Archives: El Ejército de Guatemala, lo que revelan los archivos de los Estados Unidos, Volumen II, Documento 21.Washington, 2000.

5.- Según el informe "Guatemala: Memoria del Silencio", informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la zona Ixil, del departamento de Quiché es uno de los puntos donde se cometieron actos de genocidio contra el pueblo maya, en el marco de la acción contrainsurgente del Estado. Actualmente en los tribunales de justicia hay un proceso abierto por estos hechos.

6.- En la estrategia contrainsurgente del Ejército guatemalteco, las Fuerzas de Tarea constituyeron una parte importante del plan de despliegue y operaciones militares. Para mayor información, ver "Guatemala: Memoria del Silencio' Tomo II Pg.48.

7.- La escuela de tropas especiales Kaibil es una fuerza élite del Ejército de Guatemala, fundada en 1974 en el marco de la estrategia contrainsurgente. El curso kaibil es una especialidad de la oficialidad militar y es impartido en la sede de dicha escuela en el departamento de Petén. En los últimos años, la denominada escuela del Comando Kaibil ha incluido estudiantes de varios países de América Latina. Varios integrantes del Ejército Mexicano que fueron los primeros integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafe), del que luego se desprendió el núcleo fundador del cartel de los Zetas, fueron formados en el Curso Kaibil. En capturas de miembros del mismo cartel también han sido detenidos ex miembros del Ejército guatemalteco, graduados de ese curso.

8.- La investigación por un desfalco de 82 millones de quetzales en el Congreso de la República en 2007, sitúa el traslado de fondos por más de medio millón a cuentas particulares del entonces diputado Otto Pérez Molina.

9.- Ministerio de Gobernación. Incidencia Criminal Acumulada, 1996-2010.

10.-  Partido Patriota, Agenda del Cambio Plan de Gobierno 2012-2016, Página 15.

11.-Ibid. p. 16

12.-Ibid. p 16

13.-Ibid pg. 15

14.-Ibid pg 15

15.- Ibid pg.16

16.- Ibid pg. 16

17.- Para ver el estudio completo: guatemala pos conflicto

18.- En el siguiente enlace de la página de la organización Insight Crime, que realiza investigaciones sobre la actividad del crimen organizado, se aprecia a los oficiales militares con uniforme, en una actividad del cartel. http://www.youtube.com/watch?v=STjiPvDtpb8

19.- Los institutos Adolfo V. Hall forman parte de un sistema de formación militar, pagado y administrado por el Ejército de Guatemala y que tiene sedes en la mayoría de cabeceras departamentales del país. Los egresados de estos establecimientos adquieren la categoría de oficiales de reserva del Ejército. El cuerpo docente es parte de la plantilla del Ministerio de la Defensa Nacional y los ingresos percibidos por este servicio forma parte de los fondos privativos del Ejército de Guatemala.

20.- La Cicig es una modalidad de cooperación internacional en seguridad, cuya base es un acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas. Consiste de una Comisión conducida por un fiscal internacional, que en coordinación con la Fiscalía General y el Ministerio de Gobernación, realiza investigaciones e impulsa procesos judiciales contra estructuras criminales, principalmente contra las que constituyen las redes criminales de procuración de impunidad en el sistema de seguridad y de justicia. Ver: http://cicig.org/