Por Armando Tezucún

El 14 de enero asumió en Guatemala un nuevo gobierno, presidido por el general retirado Otto Pérez Molina. La llegada de las nuevas autoridades implica que el control de las instituciones de gobierno pasa de nuevo, en términos generales, a las manos de los sectores oligárquicos de las clases dominantes y de los poderosos grupos corporativos modernizantes de la burguesía, luego de cuatro años de predominio de grupos burgueses emergentes, independientes del gran capital tradicional.

El cambio de gobierno tiene también otra particularidad: una parte de los nuevos funcionarios, incluyendo al Presidente, al Ministro de Gobernación, viceministros, secretarios, asesores, etc., son ex militares que tuvieron responsabilidades en el ejército durante el conflicto armado interno, vinculados a las masacres de campesinos indígenas en los 80´s y a los organismos de seguridad e inteligencia en los 90´s. Esto implica una significativa influencia de un sector del ejército en los asuntos públicos. Aunado a ello está que el partido de Pérez Molina, Partido Patriota, se ganó el voto de una población (en especial la urbana) atemorizada por el crecimiento de la delincuencia y el crimen, con la promesa de combatir con mano dura este problema que causa tanta inseguridad, que lleva a una militarización de las políticas de seguridad.

Esta conjunción de los grupos más conservadores de la burguesía y funcionarios públicos vinculados al ejército ha causado en un buen sector de la izquierda guatemalteca el temor a una represión generalizada y violaciones reiteradas a los derechos humanos.

Nosotros consideramos que este escenario no es el más probable. Recordemos que los individuos no actúan impelidos solamente por sus características e inclinaciones personales, sino condicionados por el entorno social, político y económico, que se expresa en coyunturas específicas. En Guatemala no tenemos actualmente un ascenso generalizado de las luchas populares; no tenemos oleadas de huelgas con tomas de planteles de trabajo, ni marchas de decenas de miles de personas protestando semana tras semana; mucho menos la formación de embriones de poder popular. Estas acciones son las que provocan como reacción una represión violenta contra las clases oprimidas en su conjunto. El actual movimiento popular se ha caracterizado en los últimos años por un ascenso lento, con luchas sectoriales aún limitadas, dispersas, con intentos unitarios que marchan con dificultad

Creemos más bien que el nuevo gobierno impulsará con más vigor los proyectos de inversión del gran capital en energía, agroindustria y minería; priorizará las medidas neoliberales como las alianzas público-privadas, aunadas al mantenimiento de los programas sociales que inició el gobierno anterior como paliativo al empobrecimiento generalizado de la población. En general, facilitará los negocios y nuevas inversiones de los grupos económicos más poderosos. Será un gobierno más parecido al de Óscar Berger (2004-2008), igualmente vinculado a la oligarquía y a la gran burguesía, que a los gobiernos militares de los años 70´s y 80´s.

Es claro que tendremos una continuación de la represión selectiva contra dirigentes populares que vimos en el gobierno de Álvaro Colom; las autoridades utilizarán los recursos legales a su alcance para atacar los bloqueos de carreteras, huelgas, ocupaciones y tomas de edificios, tal como los empresarios exigían que hiciera el gobierno anterior.

Pero la prioridad de Pérez Molina no será reprimir al movimiento popular, sino cumplir con sus promesas de combate a la delincuencia y los acuerdos que ha hecho con algunos sectores para mejorar el desempeño estatal en salud, educación, etc. Las nuevas autoridades se han llenado la boca anunciando que harán bien todo lo que el gobierno anterior hizo mal, pero tendrán que solucionar el grave problema del financiamiento al presupuesto general de la nación, y lograr una reforma fiscal en acuerdo con los empresarios. Y sobre todo cumplir con el imperialismo estadounidense en el combate al narcotráfico, involucrando en ello a las fuerzas de élite del ejército.

El movimiento popular debe estar alerta. El financiamiento de la salud y educación públicas aún es corto para solucionar todas las carencias de estos sectores. Sin duda los maestros y trabajadores de la salud tendrán que librar nuevas luchas, al igual que campesinos, estudiantes, comunidades y pobladores, pero debemos prepararnos para una mayor represión y ataques a nuestras organizaciones que en el gobierno anterior.