Por Clara Kat

A casi un mes de haber iniciado este gobierno, una de sus primeras medidas ha sido la de poner en marcha la estrategia para combatir el crimen por medio de la identificación de cinco delitos que según el equipo de inteligencia del nuevo presidente son los que mas impacto social tienen. Éstos son: extorsiones, homicidios, asaltos a unidades del transporte urbano, pandillas y femicidio; contra el narco se creará una instancia especial por medio de un vice ministerio adscrito al de Gobernación.

La conformación de tales grupos tiene un símil con la estrategia militar contrainsurgente que se usó para derrotar la guerrilla en la década de los 80s del siglo pasado. Esta vez se utilizará con el fin de controlar el crimen común y organizado que tienen sus causas en la estructura socio-económica injusta y en la impunidad existente en el sistema de justicia. Su efectividad está por verse. Los personeros del nuevo gobierno como el ex militar Mauricio López Bonilla ministro de gobernación, plantean que trabajarán en base a resultados visibles para la sociedad y que en seis meses se verá cómo los índices de incidencia criminal habrán bajado. Por su parte hace pocos días la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo  reportó en menos de un mes del nuevo gobierno un poco más de 500 asesinatos.

Estas fuerzas de tarea estarán centralizadas por una mesa que realizará análisis de inteligencia en base a un mapa de riesgos elaborado a partir del monitoreo de la incidencia criminal. Esas mesas recopilarán, analizarán y actuarán en base a toda esta información. Tales mapas tomarán en cuenta la densidad poblacional, así con estos insumos movilizarán la fuerza policial y militar donde se tenga identificada tal incidencia criminal, sobre todo en la región metropolitana donde mas grave se siente la violencia y donde mayor fue la votación a favor del nuevo gobierno.

Los grupos están dirigidos por funcionarios del Ministerio de Gobernación, todos civiles, junto a personeros del Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, Dirección General de Inteligencia Civil, Inteligencia Militar, Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio de Defensa. En ella no habrá fiscalización de organismos de derechos humanos o de temas sobre justicia y seguridad como el Consejo Asesor de Seguridad. Esta es una instancia conformada por instituciones estatales y de la sociedad civil que ha asesorado en materia de seguridad al gobierno anterior y que en este  gobierno no será tomada en cuenta. Tal instancia podría ser una garantía para el respeto y la vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos humanos.

De hecho algunos analistas han mostrado su preocupación de que tal estrategia, que consiste en centralizar fuerzas con un mando único, convirtiéndose en pequeñas unidades de inteligencia, y a partir de ahí dirigir operativos supuestamente policiales, pero que en la práctica son una movilización de efectivos militares con poco control civil; hasta simbólicamente se habla de una guerra contra el crimen. La preocupación es sobre los efectos que tendrá  sobre las libertades individuales de la población.

Parte de tales acciones es la de implantar 37 puestos de vigilancia conformados por policías y soldados en todo el país, en los que contrariamente a lo reglamentado, el grueso de esos contingentes son soldados y realizan capturas con poca presencia de la policía, reportándose ya abusos contra la población. Además de que uno de los objetivos de tales controles es detener más efectivamente las acciones de la población contra políticas y medidas contrarios a nuestros intereses como clase trabajadora. Eso coincide con el mandato legal dado por la Corte de Constitucionalidad (instancia que defiende los intereses de la burguesía y que tiene el carácter de ente superior en materia constitucionalidad) que amparando una petición de los empresarios manda a reprimir  a toda costa los bloqueos en carreteras.

En materia de narcotráfico, se han conformado las unidades antinarcóticos de la policía, que trabajan mas de cerca con la policía antinarcóticos de Estados Unidos DEA, cediendo soberanía y regiones completas,  pues los efectivos gringos actúan como si fueran un cuerpo policial nacional. Éstos actúan impunemente portando armas y realizando capturas, al grado que elementos de la DEA, la PNC y de unidades contrainsurgentes del ejército, tomaron control de la Punta de Amatique, departamento de Izabal, situado en el noroeste del país, región que por su ubicación se ha vuelto ideal para transar grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica  movida por bandas al servicio de los carteles mexicanos.

Alertamos sobre este proceso de militarización de la seguridad, que puede redundar en violaciones a los derechos de la población.