Por Armando Tezucún

El 3 de febrero el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso el paquete de reformas fiscales que mejorarán los ingresos que el Estado recibe en concepto de tributación. Pérez  Molina declaró: “Con esta reforma se buscará recaudar más de Q4 mil 300 millones solo en el año 2012, Q4 mil 500 para el 2013 y alrededor de 5 mil millones de quetzales en 2014” (Diario La Hora 3/2/12). Cabe señalar que el ministro de finanzas Pavel Centeno aclaró que el efecto de las reformas se reflejará hasta el próximo año, pues se trata de impuestos anuales. En el 2012 solo se logrará una recaudación extra de Q 1,200 como resultado de la aplicación de la Ley Antievasión II (Diario Siglo 21, 11/2/12).

Esta ley, aprobada por el Congreso el 26 de enero, es un complemento de las reformas fiscales. Por medio de ella se restituye el impuesto sobre el precio de venta de las cajetillas de cigarrillos que había sido eliminado a causa de que las empresas tabacaleras alegaron doble tributación, pues también pagaban IVA sobre ese valor. La ley fija el impuesto en un 75%, pero se le deducirá el IVA para no incurrir en la situación anterior. La ley también fija la obligación de los intermediarios de emitir facturas especiales por sus compras.

A todas luces la restitución del impuesto al tabaco se dio en condiciones que favorecen a las empresas que lucran con este dañino negocio. Según afirmó Armando Chavarría, presidente del Observatorio del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, anteriormente se recaudaban Q 350 millones anuales. Sin embargo, al deducirse el IVA el tributo se reduce a Q 200 millones, lo que no cubre la reparación de los daños causados por las enfermedades derivadas del tabaquismo (Prensa Libre 31/1/12). Como vemos, las reformas fiscales que el gobierno está implementando tratan de afectar lo menos posible a los empresarios.

Esta semana el presidente Pérez Molina y su ministro Centeno hicieron otra concesión a los empresarios. Como parte de las reformas se aumentó el impuesto pagado sobre la primera matrícula  (Iprima) de los vehículos importados del 5 al 20 por ciento sobre el valor de la factura; además se prohíbe la importación de vehículos usados de más de 7 años de fabricación.

La Gremial de Importadores de Vehículos Usados iniciaron un cabildeo con diputados del Congreso y anunciaron una caravana para el 9 de febrero en protesta contra la reforma del Iprima, anunciando también el cierre de aduanas por parte de gestores de trámites de vehículos. Nelson Escalante, vocero de la gremial declaró: “Van a aumentar el impuesto de circulación en un 100 por ciento, un carro que pagaba Q200 ahora pagará Q400 al año. Además, están privilegiando sólo a siete empresas que importan y venden vehículos nuevos, los cuales son inaccesibles para toda la mayoría de la población” (Prensa Libre 9/2/12).

Después de reunirse con el presidente y el ministro de finanzas, los importadores suspendieron las acciones anunciadas, pues llegaron a un acuerdo. El Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores se efectuará sobre el precio de importación y no sobre el valor de mercado. Además se permitirá la importación de vehículos usados de 10 años o menos de fabricación para vehículos livianos y de 15 años o menos para camiones y vehículos pesados. Diligentemente, el ministro Centeno acudió luego al Congreso a notificar a la Comisión de Finanzas sobre el cambio.

Tal como afirmamos en el número anterior de El Socialista Centroamericano, la propuesta de reforma fiscal del gobierno hace recaer el peso de la carga tributaria sobre la pequeña burguesía media, es decir, trabajadores y empleados de ingresos medios, y pequeñas y medianas empresas. Los grandes capitalistas serán poco afectados.

Las reformas no tocan a las maquilas, empresas de zonas francas y otro tipo de empresas que gozan de exenciones fiscales con el pretexto de incentivar la inversión, pero que se llenan los bolsillos con la explotación de sus obreros sin pagar los impuestos de ley. Estas exenciones reciben el nombre de gasto tributario, y representan al Estado alrededor de Q 29 mil millones que deja de recibir al año, según declaraciones del ministro Centeno (Diario La Hora 7/2/12). Durante los años que las maquilas y zonas francas han gozado de ese privilegio ha quedado demostrado que no se ha dado un crecimiento significativo de la economía vinculado a esta actividad.

Demandamos del gobierno una verdadera reforma fiscal que no recaiga sobre las clases medias, sino sobre los grandes empresarios, gravando las ganancias, eliminando los privilegios fiscales e incrementando las regalías pagadas por las empresas mineras al menos hasta un 30 por ciento.