Por Armando Tezucún

El 14 de febrero un contingente de 600 agentes de la PNC y el ejército con 40 autopatrullas y 2 helicópteros, bajo el mando del viceministro de gobernación Julio Rivera Clavería, se presentaron en la región Uspantán, Departamento del Quiché, donde pobladores de las aldeas Sansiguán, Cunén y Los Regadíos mantenían retenidos a tres agentes de la Policía Nacional Civil y una autopatrulla de la misma dependencia.

El origen del incidente, al igual que el de muchos conflictos que conciernen a los campesinos indígenas guatemaltecos, se remonta a muchos años atrás. Desde hace unos 200 años los campesinos de la Comunidad El Regadío han cultivado las tierras del lugar. En los años 80´s la familia terrateniente Brol se apropiaron de esas tierras, tal como lo habían hecho antes con terrenos municipales, creando la finca San Francisco.

En 2007 el gobierno aprobó la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo que utilizaría el cauce del río Cotzal y sus afluentes, lo que provocó la oposición de los pobladores de El Regadío, pues es el agua que utilizan para sus cultivos y subsistencia. La respuesta del terrateniente Pedro Brol fue amenazar y acosar constantemente a los campesinos por medio de sus guardias de seguridad.

En noviembre de 2011 estos guardias atacaron a los pobladores de El Regadío, los cuales lograron desarmar a los agresores, entregando las armas a representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con quienes pusieron una denuncia en el Ministerio Público. Como respuesta Pedro Brol acusó a 9 campesinos de robo agravado y homicidio en grado de tentativa, y con la complicidad de la policía y los fiscales del Ministerio Público logró la captura de Felipe Gutiérrez el 9 de febrero.

Aprovechando la ausencia de los pobladores de El Regadío, quienes habían acudido a la audiencia sobre la captura de Gutiérrez, el lunes 13 las hordas de los Brol destruyeron 80 manzanas de milpa y frijol de la comunidad. En el camino los campesinos se toparon con una patrulla de la PNC a quienes acusaron de complicidad con la agresión, reteniéndolos para esclarecer los hechos. (Información del Comité de Unidad Campesina, comunicado del 14/2/12).

Antes de la llegada de las fuerzas de represión había iniciado el diálogo entre campesinos y representantes de la PDH, PNC y el juez local, que condujo a la liberación de los agentes de la PNC y a una serie de acuerdos.

El alarde de prepotencia y despliegue de fuerza contra los campesinos puso en evidencia que el gobierno de Pérez Molina sigue la misma línea de los gobiernos anteriores, de proteger los intereses de los terratenientes usurpadores de tierras y en este caso en particular, de la transnacional italiana ENEL, que construye la hidroeléctrica en la región.

Estos gobiernos protegen y favorecen las nuevas formas de acumulación de capital de la burguesía y el imperialismo, que invierten en megaproyectos mineros, energía, agroindustria. Basados en el uso intensivo de la tierra y el subsuelo, estos negocios están provocando destrucción a largo plazo del medio ambiente, las aguas y agotamiento de las tierras de cultivo. Además, se basa en el despojo, compra fraudulenta y usurpación de las tierras de los campesinos indígenas, provocando desalojos, desplazamientos internos de población, migración al extranjero y a las zonas urbanas, miseria y hambre.

El capital nacional y extranjero avanza en sus negocios exudando violencia y chorreando sangre, pues utiliza bandas armadas de sicarios para asesinar a líderes que se le oponen y se escuda en una política estatal de criminalizar a las comunidades que tienen el valor de enfrentárseles.

El viceministro Rivera evidenció el nuevo gobierno continuará esa línea. Declaró a la prensa, en compañía del jefe del Estado Mayor del Ejército, General Casado, que los pobladores y el comunicador español Ricardo Busquets, que desde 2010 cubre las actividades campesinas de la región, están vinculados al  narcotráfico, contrabando y el crimen organizado (Prensa Libre 15/2/12).

La demostración totalmente desproporcionada de fuerza fue acompañada de las amenazas de Rivera: “No estamos dispuestos a seguir aceptando este tipo de chantajes; por ello, movilizamos a soldados y policías para lograr liberar al inspector y los agentes”… “Con esto se sientan las primeras bases de un precedente en el rescate de la gobernabilidad; la ley es la ley y se aplicará para todos por igual, no estamos dispuestos a seguir permitiendo que se manipule a los guatemaltecos y que se transgreda” (Siglo XXI 15/2/12).

El gobierno está definiendo los términos. Alertamos a los compañeros campesinos indígenas, trabajadores, estudiantes y sectores populares en lucha, a estar preparados ante cualquier respuesta violenta contra nuestras movilizaciones.