Por Leonardo Ixim

 En los últimos meses ha habido dos importantes tomas de instalaciones en diferentes campus de la Universidad San Carlos (USAC). La toma de las oficinas administrativas del Centro Universitario de Santa Cruz de Quiché, que todavía se encuentra ocupado y la  toma de todos los edificios que albergan la Facultad de Ciencias Económicas en la Ciudad Universitaria, liberados el 9 de mayo.

Esta última duró quince días, protagonizada por parte de los más de 1700 estudiantes que fueron afectados por Reglamento de Evaluación y Promoción del Estudiante, conocido como plan de repitencia y la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas (AECE). La situación se enmarca dentro de los proyectos impulsados por las actuales autoridades siguiendo los dictados de las instituciones financieras internacionales, en consonancia con la oligarquía y las distintas roscas de poder político que tienen su origen en la universidad y los colegios profesionales.

Estas políticas buscan privatizar la educación superior pública con acciones como impedir el acceso a ésta por medio de un examen de exclusión y expulsar de la universidad a los estudiantes que les cae la repitencia. Para eso argumentan que en función de mejorar la calidad académica, buscan eliminar de la universidad  a “los malos estudiantes” y por tanto no es casual que en la facultad de económicas, una de las más numerosas, haya explotado el problema.

Este reglamento es una tabla rasa que obliga a los estudiantes pierden un curso tres veces a cambiarse a una carrera que no lo contenga o a dejar de estudiar. Esto injusto porque no toma en cuenta las deficiencias de carácter estructural que son un lastre que se arrastra desde la educación primaria, lo cual pone en evidencia cómo la universidad se ha olvidado de fortalecer el sistema público educativo; además, no considera otras situaciones que afectan el rendimiento personal de los alumnos, ya sea de orden personal, socioeconómico, psicoeducativas, etc.

La situación, al no ser conocida en la junta directiva de la Facultad de Ciencias Económicas por negligencia, pasó al Consejo Superior Universitario (CSU), que gracias a la presión estudiantil resolvió parcialmente la situación. Una de las demandas esgrimida por la AECE era la suspensión del artículo 24 de dicho reglamento, que hubiera generado una solución sostenida aunque siempre parcial, pero sorpresivamente no se presionó en este sentido. El CSU resolvió otorgando un examen extraordinario a elaborarse por la Dirección de Docencia de la USAC con la fiscalización de los estudiantes, así como cursos y hojas de estudio para tal examen.

Además de la creación de una mesa técnica entre miembros de la AECE y el CSU para elaborar una propuesta integral de la problemática. De esta mesa podría salir una buena propuesta que se base en el acceso al derecho a la educación superior pública, que tendría que ser aplicada a toda la universidad y servir como insumo para la reforma universitaria. Cabe mencionar que el 7 de mayo, estudiantes del Centro Universitario bloquearon la entrada al Centro en solidaridad con los estudiantes de Ciencias Económicas.

 La toma de las instalaciones administrativas de Quiché tiene que ver con denuncias estudiantiles por corrupción contra el director de ese centro y la falta de democracia en el consejo directivo de esa unidad académica, ahora impuesto por el CSU. De igual forma, si no es por la presión de los estudiantes al tomar las oficinas de rectoría, el CSU no resuelve. Al final éste ha iniciado un proceso para quitar del cargo a este funcionario, y la entrega de la administración de parte de los estudiantes se hará cuando se nombre un nuevo director.  Pero el problema no se ha resuelto, porque la elección de representantes estudiantiles del consejo directivo quedó aplazada, pues los docentes son todos interinos y éstos no pueden elegir ni ser electos hasta que haya contratación de titulares. Por otra parte, no existen todavía profesionales en número suficiente, pues este centro es de reciente creación. Solo los estudiantes podrían tener representantes legítimos, pero que en la actualidad son impuestos.

La organización estudiantil tiene que ser independiente de cualquier rosca dentro o fuera de la universidad. El estudiantado no se debe dejar llevar por las vacilaciones de sus representantes estudiantiles y debe presionarlos en todo momento para que sean portavoces reales de las demandas estudiantiles. Sobre todo, debe identificar los intereses de partidos políticos burgueses y de grupos politiqueros al interior de la U vinculados con ellos, que puedan actuar en contra de los intereses estudiantiles.