Por Armando Tezucún

El sistema de salud pública de Guatemala, el único al que puede tener acceso la mayoritaria población empobrecida del país, es un desastre permanente. El actual gobierno inició con la promesa de solucionar  esta problemática, y decretó en estado de calamidad los servicios estatales de salud. Sin embargo, cuatro meses después las autoridades no logran enderezar la tragedia en que se ha convertido este tema para el pueblo guatemalteco.

Tan sólo en el mes de abril, la prensa escrita ha divulgado noticias alarmantes sobre el estado de hospitales y centros de salud. En Sololá el Hospital Juan de Dios Rodas se declaró en crisis por falta de personal, medicamentos, equipos e insumos (La Hora 14/4/12). El hospital de Poptún, Petén, fue reportado en estado de abandono, con escasez de medicinas, falta de personal en la sala materno infantil, uso inadecuado del intensivo y una elevada deuda que impide la compra de insumos (Prensa Libre 17/4/12). En la capital, el Hospital Roosevelt anunció que estaba al borde de la paralización por falta de recursos para medicinas y equipo, y tendrían que hacer recortes en medicamentos, alimentación y ropa, además del colapso de tuberías de drenaje que ponían en peligro el área de neonatología (Prensa Libre 18/4/12).

A esta situación se ha sumado en las últimas semanas el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud, que ha sacado a flote la corrupción que campea entre los funcionarios.

El 10 de abril renunció a su cargo el ministro de salud Francisco Arredondo. Oficialmente su dimisión fue por razones de salud, pero se maneja la versión de que fue porque le impusieron un equipo de trabajo o por la fiscalización que realizaba la vicepresidente Baldetti en su cartera.

El 2 de mayo fue juramentado como nuevo ministro Jorge Villavicencio. Ese mismo día, en una reunión con la Comisión Legislativa de Salud, los directores de los hospitales capitalinos Roosevelt y San Juan de Dios dieron a conocer el enorme déficit presupuestario en que se encuentran estos centros, que prácticamente requieren el doble de lo que se les asignó este año para poder funcionar aceptablemente.

El 8 de mayo estalló la crisis administrativa. El viceministro administrativo y financiero Roberto Calderón presentó su renuncia, presuntamente porque el nuevo ministro lo involucró en la compra fraudulenta de vacunas contra el rotavirus a precios inflados. Calderón se defendió argumentando que el contrato con  la Droguería Colón (prorrogado ya dos veces) fue arreglado en 2009 durante el gobierno anterior al precio de Q 170 por unidad, siendo que la Organización Panamericana de la Salud proporciona el mismo medicamento al precio unitario de Q 54.

El nuevo ministro anunció el cambio de todos los viceministros, argumentando el estado de podredumbre en que se encuentra el ministerio y la lucha por cuotas de poder en su interior.

En medio de las denuncias de corrupción, los sindicatos de trabajadores de salud denunciaron que el gobierno no cumplió con el convenio firmado el 22 de marzo. A finales de abril se les debía haber cancelado el bono de antigüedad, y se debería haber puesto en marcha los otros acuerdos. Los compañeros amenazaron con tomar las consultas externas de varios hospitales y la sede del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, el 9 de abril se anunció que los ministros de salud y trabajo acordaron con el dirigente sindical Luis Lara, que el bono se pagará a finales de mayo; con esta promesa no se realizarán las acciones de hecho anunciadas.

El ministro Villavicencio no ha asumido formalmente porque aun no tiene el finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas, pues él fue funcionario del Hospital Roosevelt durante el gobierno de Óscar Berger. El flamante ministro tiene en su contra 22 acciones administrativas, dos denuncias penales en el Ministerio Público y un juicio por cuentas. Villavicencio está bajo ataque de varios diputados, y como el presidente Pérez lo defiende a capa y espada, no sería raro que la contralora Nora Segura termine extendiendo el finiquito por “orden del General”.

Los trabajadores de la salud deben estar en primera fila denunciando la tremenda corrupción que corroe el Ministerio de Salud, y reclamando los fondos suficientes para atender dignamente a la población guatemalteca y salarios justos. Desde el acuerdo firmado el 17 de noviembre del año pasado sólo hemos visto falsas promesas por parte del gobierno. Al llegar el fin de mayo ¿aceptaremos otra promesa? El tiempo de pasar a la acción está llegando. Pronto habrá que echar mano de la valentía y la audacia que han caracterizado a los trabajadores de la salud.