Por Armando Tezucún

La marcha que organizaciones campesinas realizaron del  19 al 27 de marzo dio como resultado el acuerdo de diálogo con el gobierno en torno a 8 temas principales, de 68 demandas que fueron planteadas por los compañeros. Se concertó una reunión para el 19 de abril, que finalizó sin propuestas claras por parte del gobierno. Ese mismo día se decidió continuar la discusión en otra reunión el 22 de mayo.

Sin embargo desde 15 días antes de esta reunión, el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente del gobierno, Miguel Ángel Balcárcel, anticipó que las autoridades no cederían en tres temas de suma importancia para las comunidades indígenas y campesinas: la moratoria para otorgamiento de licencias mineras o plantas hidroeléctricas, la condonación de deuda de familias campesinas con el Fondo de Tierras, y la marcha atrás en la instalación de una brigada militar en San Juan Sacatepéquez (Prensa Libre 7/5/12).

En efecto, el día 22 los representantes del gobierno tuvieron una actitud cerrada que impidió una vez más el avance del diálogo. Sobre el caso de Fontierras dijeron que revisarían cada caso por aparte para determinar a quién se le beneficiará.  . “El Gobierno asumirá la responsabilidad de la deuda agraria, pero no de manera absoluta, sino a partir de los mecanismos del Fondo de Tierras (Fontierras), se individualizará cada caso y se otorgará un subsidio”, explicó Adrián Zapata, comisionado de Desarrollo Rural Integral (Diario El Periódico 23/5/12). Esto a pesar de que en el acuerdo original el ejecutivo se había comprometido a asumir toda la deuda.

Con respecto a la instalación de destacamentos militares, el ministro de la defensa Noé Ulises Anzueto y el propio presidente Pérez negaron que se tratara de una militarización o que el ejército defendiera empresas privadas. En el caso de la base militar que se inaugurará en San Juan Sacatepéquez el proximo 30 de junio, es obvio que se toma la medida por los conflictos generados desde hace algunos años entre los  pobladores y la empresa de los Novela que desea instalar un fábrica de cemento que perjudicará el medio ambiente.

En el caso de la moratoria a la instalación de hidroeléctricas y minas, los funcionarios dijeron que no promoverán una ley al respecto, pero que trabajan en una serie de reformas puntuales. Al final se acordó una nueva reunión para el 15 de junio. Sin embargo, los representantes de los campesinos están considerando abandonar este diálogo infructuoso. Como dijeran “El gobierno es responsable de cualquier cosa que pueda suceder” (Siglo XXI 23/5/12).

Por otro lado, el día que la marcha arribó a la capital (27 de marzo), sus representantes acudieron al Congreso, donde los diputados se comprometieron a la aprobación de la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral. Sin embargo, el 12 de abril los jefes de los bloques parlamentarios decidieron por mayoría retirar la ley de la agenda legislativa, incumpliendo con lo acordado con los campesinos.

El 4 de junio iniciaron las audiencias convocadas por el presidente del Congreso, Gudy Rivera, para integrar la “Mesa de Discusión sobre la Ley de Desarrollo Rural Integral”, con el fin de depurarla de supuestas inconstitucionalidades que contiene.

Las principales organizaciones campesinas rechazaron la participación en tal mesa, pues su texto original contenido en la iniciativa de ley 4084 ya había recibido la aprobación pertinente. La iniciativa contiene elementos indispensables para el desarrollo de los campesinos pobres y pequeños productores, tales como “La obligación del Estado de elaborar una política de acceso a la tierra, imprescindible para promover el desarrollo nacional. -Reconoce como sujeto priorizado a la familia campesina. -Ordena la coherencia entre el hombre-mujer y la naturaleza, haciendo énfasis en el respeto al medio ambiente,-Y reafirma el carácter público de los servicios esenciales: educación, salud, vivienda, derechos laborales y salariales, soberanía y seguridad alimentaria, entre otros aspectos indispensables para el desarrollo humano en el área rural” (comunicado de la Coordinación de Ong y Cooperativas sobre el tema).

El incumplimiento del acuerdo por parte de los diputados a todas luces obedece a la intención de manosear la iniciativa de ley favoreciendo los intereses de los grandes terratenientes agrupados en la Cámara del Agro.

Los compañeros campesinos están perdiendo la paciencia pues se sienten engañados y burlados por Pérez Molina. Es inevitable que se tomen nuevas medidas de hecho para presionar al gobierno a acceder a sus justas demandas. Será necesaria la solidaridad combativa de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares.