Por Armando Tezucún

El 25 de junio el presidente Otto Pérez inició la divulgación del paquete de reformas a la constitución que propondrá al Congreso de la República. Durante dos semanas el mandatario y sus asesores se han reunido con diversos sectores para escuchar opiniones y sugerencias. Los entes consultados han sido el Foro Guatemala; rectores y decanos de las facultades de derecho de la USAC y universidades privadas; cooperativas; sindicalistas; las cámaras empresariales; directores de medios de comunicación; secretarios de los partidos políticos; jefes de bloque de las bancadas del Congreso; los grupos G-4 y G-40; centros de investigación; grupos campesinos e indígenas, entre otros.

La propuesta incluye 51 reformas a artículos de la Constitución, más cuatro transitorios. Estas reformas giran alrededor de cuatro ejes: fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad, transparencia, rendición de cuentas, sistema político. A última hora fue agregado un quinto eje sobre los pueblos indígenas. El plan inicial era entregar al Congreso el proyecto de reformas el 9 de julio, pero en vista de la polémica generada, la fecha se pospuso para el 16. Aunque al inicio Pérez Molina había hablado de convocar a una Asamblea Constituyente, la idea fue desechada desde el 12 de junio.

Algunos de los cambios propuestos han generado acaloradas discusiones. Uno de ellos es el que dispone que después de la aprobación de las reformas propuestas, el Congreso ya no tenga  la facultad de realizar reformas a la Constitución, sino que las mismas forzosamente deban realizarse a través de una Asamblea Constituyente, eliminando las consultas populares

Otra propuesta polémica es que la Corte Suprema de Justicia sea la encargada de elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral. La misma presidenta de la CSJ, Thelma Aldana,  rechazó esta propuesta aduciendo que la función de la CSJ es juzgar, no elegir funcionarios.

Las agrupaciones de empresarios rechazaron la reforma al artículo 125, por la cual el Estado tendría el derecho de participar hasta en un 40 por ciento en el capital accionario de las empresas que exploten recursos mineros y petroleros. Esta reforma va acompañada otra al artículo 242, que  permite al Estado crear un Fondo Soberano para invertir en infraestructura y emergencias. Este fondo provendría de las ganancias obtenidas de la inversión estatal en dichas empresas.

Al respecto, el director de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, declaró que defenderían la libertad de empresa y la propiedad privada, además de que la inversión en minería no es una actividad que le compete al Estado (Siglo XXI 27/6/12). Debido al anuncio de la reforma, el 28 de junio se desplomaron las acciones de las empresas mineras con inversiones en Guatemala Tahoe Resources y Anfield Nickel, (El Periódico 29/6/12).

En realidad, estos voraces capitalistas que están poniendo el grito al cielo se olvidan de que las riquezas del subsuelo de Guatemala son propiedad del pueblo, y no propiedad privada de ellos. No es mala idea que el Estado tenga inversiones en la explotación minera y petrolera, que sirvan para subsanar emergencias de la población. Sin embargo, cabe preguntarnos si esta reforma no está pensada para beneficiar a los grupos de militares empresarios que ahora controlan el gobierno, quienes tendrían una mina de oro en estas inversiones estatales.

Las agrupaciones indígenas también han cuestionado las reformas que se refieren a los pueblos indígenas, pues las consideran insuficientes y poco relevantes. Muchos sectores indican que los cambios propuestos por el gobierno se pueden realizar reformando leyes específicas, no necesariamente la Constitución.

A partir de las opiniones que ha recibido, el gobierno anunció el 4 de julio que eliminaría 6 de las propuestas de reforma. Entre ellas que la CSJ elija a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del TSE. También eliminó que para cualquier reforma a la Constitución se deba convocar a una ANC. Prometió también que volvería a redactar la reforma que permite la inversión del Estado en las empresas mineras.

El gobierno se está dando cuenta de que ha abierto una caja de pandora. Primero retiró la propuesta de realizar una Asamblea Constituyente, poco a poco irá dejando las reformas esenciales que le permitan concentrar poder. El Partido Socialista Centroamericano rechaza  esta propuesta de reformas hechas a conveniencia del gobierno. Proponemos a los oprimidos guatemaltecos que nos levantemos y exijamos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, soberana y democrática que reorganice el país a favor de los pobres.