Para el gobierno, si no se aprueba el ISO, se crearía un vacío en los ingresos estatales de Q 2 mil 900 millones para 2009 y una baja en la carga tributaria, además que se reducirían los fondos para la inversión social. El ministro de Finanzas Fuentes Knight declaró: “Se pone en peligro inclusive la gobernabilidad, con un Estado sin capacidad, y se crearían tensiones sociales”. Los capitalistas como siempre, amenazan con el cierre de empresas. Según el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Thomas Dougherty, “el peor desorden social lo provoca el desempleo, en el que se cae al gravar el capital de las empresas” (Prensa Libre, 20/9/08).

Además del ISO, los representantes de las gremiales burguesas cuestionan el nuevo impuesto específico para la primera matrícula de vehículos automotores terrestres, que gravaría su primera inscripción en el Registro Fiscal de Vehículos. También adversan la ampliación del 7 al 12% de los montos del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para los autos nuevos y usados, y el establecimiento de tarifas para la enajenación e importación de acuerdo con el año de fabricación. Para los importadores de vehículos, estos cambios “Podrían ocasionar un creciente mercado de chatarra, es decir, vehículos que han sido declarados como pérdida total por aseguradoras y que son comprados a bajo precio en el extranjero y reparados en el país (…) El impuesto para la primera matrícula de los vehículos podría encarecerlos y hacer más difícil para la población la adquisición de uno nuevo. Cada vez se comprarían automóviles más viejos, y se…pondría en riesgo el ambiente y la seguridad de los conductores” (Prensa Libre, 19/9/08). Es obvia la defensa que hacen de los sectores más ricos de la población, que son los únicos que pueden comprar autos nuevos.

Estamos ante un nuevo enfrentamiento entre el gobierno que tiene intenciones de aliviar la pobreza causada por el capitalismo y una burguesía retrógrada y extremadamente mezquina, que se opone a cualquier medida que afecte aunque sea levemente sus intereses. El conflicto es de visión y objetivos, pues según Fuentes Knight lo recaudado con los impuestos estará destinado a inversión social, para la que se prevé un monto de Q 21 mil 288 millones en 2009. Por otro lado, para los avorazados capitalistas “La inversión social no hace crecer un país, no crea empleos sostenibles ni permite una economía sana y dinámica, para que las personas que salen de la pobreza encuentren trabajo” (Dougherty Prensa Libre 20/9/08).

Ya sabemos que el gobierno flojo y blandengue de Cólom siempre termina doblegándose ante la burguesía. Se oye bonito hablar de inversión social y apoyo a los más débiles y pobres, pero la férrea oposición de los grupos de poder económico del país impone que la única solución sea la revolución social llevada a cabo por campesinos, trabajadores y el pueblo organizados y movilizados, no las tibias reformas propuestas por el gobierno de la UNE. Proponemos al pueblo oprimido que exija al gobierno un plan de impuestos que realmente afecte a la burguesía, y que no ceda cobardemente ante los capitalistas.