Por Ulises Lima Wainwright

La capacidad del aparato del Estado para responder ante las catástrofes naturales, es un buen indicador del desarrollo alcanzado por un país. El terremoto del pasado 7 de noviembre dio muestra clara del subdesarrollo de Guatemala.  Se supone que la mejor manera de enfrentar tales calamidades es mediante las medidas preventivas. En ese caso, un gobierno mínimamente responsable con sus deberes hacia la sociedad, tendría que garantizar que los habitantes cuenten con lugares dignos para vivir, alejados de zonas de riesgo como barrancos y declives: paisajes típicos de los sectores más empobrecidos en los cascos urbanos.

El actual gobierno naturalmente respondió de manera inmediata, por lo menos superficialmente, ante la catástrofe. Es cuestionable, sin embargo que la ayuda llegó primero a las ciudades grandes, dejando de último a las aldeas y poblados pequeños donde habita la población más pobre. El papel de los medios de comunicación es fundamental para mostrar la “buena cara” de las autoridades máximas del país.  Se ha prometido en consecuencia, infinidad de cosas a los damnificados, sobre todo la reconstrucción de sus viviendas. Evidentemente el gobierno no se da abasto para proporcionar toda la ayuda que se necesita para aliviar la situación de los más afectados. Parte de su plan para minimizar los costos de las reconstrucciones es comprar materiales de construcción a fábricas específicas, escogidas por la propia vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se prestó entusiasmada para cotizar los precios del mercado. Obviamente se trata de un truco fácil para establecer vínculos comerciales favorables con los sectores de la burguesía dedicados a la producción de materiales de construcción, como el cemento.

Ahora bien, lo  que de hecho está llevando a cabo  de manera eficaz el gobierno, es el asunto propagandístico del papel del Ejército en las labores de rescate. Se pretende crear la imagen de que el Ejército es la única entidad del Estado capaz de responder efectivamente ante tales emergencias. Esto justifica de varias maneras el presupuesto exorbitante que se le está asignando a esta institución a partir de este nuevo mandato presidencial del exmilitar Otto Pérez Molina. ¿Que no son los bomberos quienes usualmente se dedican a rescatar a las personas?

Por otro lado, los capitalistas también pretenden ganar prestigio aprovechando la calamidad que afecta a la población afectada por el terremoto. Tal es el caso de la Corporación Castillo Hermanos, propietaria, entre muchos otros negocios, de la Cervecería Nacional, que no ha escatimado gastos en publicitar la ayuda que ha prestado en distribuir alimentos recaudados a través de su Fundación Castillo Córdoba. Es vergonzoso cómo entidades como el ejército y este grupo de la burguesía utilizan la tragedia del pueblo para lavar su cuestionable imagen.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, casi 3 millones y medio de personas fueron afectadas de una u otra manera por el terremoto, en 11 departamentos del país (Siglo 21 17/11/12). Resultaron destruidas 6, 722 casas y 11,680 tendrán que ser demolidas porque los daños sufridos las dejaron inhabitables. Miles de afectados y refugiados están hacinados en albergues, padeciendo de enfermedades causadas por el polvo, el frío y alimentos contaminados.

El 30 de noviembre Comisión Económica para América Latina, la Secretaría General de Planificación Económica, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo informaron al presidente Pérez Molina que la reconstrucción tendrá un costo de Q 1,657 millones, y que para finales de 2013 podrían concluirse las obras. El 16 de noviembre el Ministro de finanzas Pavel Centeno había anunciado que el gobierno podía reunir Q 1,000 millones con dinero no ejecutado de varios ministerios y préstamos que podían ser reorientados (Siglo 21 17/11/12), faltará encontrar el resto del dinero.

Aún no están claros los mecanismos que garantizarán la transparencia del millonario gasto de la reconstrucción. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares a conformar una comisión que fiscalice el gasto y exija firmemente al gobierno que rinda cuentas claras.