Por Leonardo Ixim

En la primera semana de enero se suscitaron conflictos laborales en dos minas y en diciembre un extraño hecho en otra empresa minera que solo tiene licencia de exploración, en el que fueron emboscados guardias de seguridad.

En los primeros casos, los conflictos fueron en El Estor, en el nororiental departamento de Izabal, donde opera la Compañía Guatemalteca de Níquel que tiene una licencia de explotación de ese mineral y Nueva Esperanza, en el sur occidental departamento de San Marcos, donde opera la empresa Marlin Montana Exploradora de Guatemala, explotando oro tanto en ese municipio y en San Miguel Ixtahuacán.

En el primer caso el conflicto se dio porque la población pedía que la empresa contratara mano de obra local y no de otros lugares. Así, 200 personas se asentaron en la entrada de la mina y ante la negativa  de la empresa de contratar un número grande de trabajadores, los pobladores cerraron las entradas y después de unos forcejeos se retiraron. Posteriormente fueron atacados algunos trabajadores  hiriendo a ocho personas además de haber sido  incendiada la sede de una fundación propiedad de la empresa.

En San Marcos el incidente se dio cuando la empresa se negó a renovar los contratos a cuarenta trabajadores de la mina; ante eso los obreros cerraron las principales vías de acceso al complejo minero y los guardias de seguridad de la empresa dispararon contra los trabajadores hiriendo a 20 personas.

En ambos casos el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla adujo conflictos laborales y como bueno perro guardián de los intereses corporativos dijo que enviaría refuerzos policiales para garantizar el orden y por tanto garantizar  las magníficas ganancias que estas empresas extranjeras extraen del obrero y la madre tierra.

El tercer incidente ocurrió a finales de diciembre en San Rafael Las Flores, en el oriental departamento de Santa Rosa. Fue un confuso incidente que se dio tras una emboscada tipo militar a un contingente de seguridad de la empresa,  que supuestamente solo explora para posteriormente iniciar la extracción, pero que los pobladores alegan que ya está explotando oro. Dicha emboscada, donde se presume por la forma en que se dio, participaron elementos con algún tipo de preparación militar, trascendió que se debe a que la empresa no renovó contratos a los trabajadores. Rápidamente y sin ninguna prueba López Bonilla culpó a los pobladores que se oponen a la instalación de esa empresa en el municipio. Recordemos que en noviembre extrañamente se perdió un cargamento de dinamita que iba hacía la mina y sin ninguna prueba el gobierno culpó a los locales.

Esta situación pone en evidencia que el modelo extractivista no resuelve los problemas de hambre y miseria de la población, pese a las campañas mediáticas que estas empresas realizan, planteando  hipócritamente que es la  mejor forma de desarrollarnos. En la práctica el desarrollo es para seguir extrayendo enormes ganancias a costa de la naturaleza, la sangre y la división de las comunidades.

Algo importante a tener en cuenta es la necesidad real de la gente por tener un salario para sobrevivir,  pues además de que son comunitarios son sobre todos proletarios; hay que tener en cuenta que el capital siempre necesita un ejército de reserva para mantener salarios bajos y remplazar constantemente la fuerza de trabajo.

Los hechos fueron aprovechados por las autoridades para culpar a los que se oponen a la minería sobre todo en el tercer caso; además, en muchos casos  los trabajadores de estas instalaciones han sido usado contra las comunidades en favor de los intereses patronales y las reacciones de los comunitarios de igual forma han sido desmedidas contra los trabajadores. Lo que debemos tener claro es que el modelo extractivista no es la solución. La promesa de empleos por parte de los empresarios, tal como lo demuestran los acontecimientos, se diluye en un mínimo de puestos de trabajo y los daños ambientales y al tejido comunitario son demasiados. En términos economicistas el costo en estas dos últimas variables es mayor que los beneficios para la población y el país.

Los trabajadores mineros y los pobladores que se oponen a las empresas extractivas deben hacer causa común, en base a que la minería es un espejismo que dura poco, y no permitir que los empresarios provoquen enfrentamientos entre ambos sectores. Los obreros deben exigir puestos de trabajo estables y salarios dignos, pero también que las empresas no destruyan el entorno de sus comunidades.