Por Juan Castel

El pasado año dejó muchas iniciativas de ley enredadas en el Congreso de la Republica. Pero no puede ignorarse que la que causó un revuelo fue la tan temida y reformista, “Ley de desarrollo rural Integral”, que busca acabar con los causantes del problema  de la tenencia de la tierra y la miseria en el campo en Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina trató de utilizarla como una carta más de su demagogia política.

No es cosa nueva de este gobierno usar tácticas que tienden a frenar el crecimiento de la lucha de clases, de sectores tan combativos, como lo han sido siempre el campesino y el indígena guatemalteco. Estando el actual gobierno terminando su primer año y pasando reporte de una lista larga de reveses y pocos logros, el avance de las luchas sociales fue la piedra en el zapato, la que el gobierno y la burguesía, trataron de sacudirse el pasado veintiséis de noviembre del año que concluyó. Pero claro está, cada uno a su modo.

Por un lado, el presidente de la república anunciaba a los medios comunicación que el ejecutivo daba su total apoyo a la pronta aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral: “Tras 80 audiencias llevadas a cabo por el diputado Oliverio García Rodas, estamos listos para que la ley sea aprobada” expresó hoy el mandatario Otto Pérez Molina, en alusión a la iniciativa para el desarrollo rural integral” (El Periódico 26/11/2012). El gobierno de Otto Pérez busca desentrampar una ley que ha estado empolvándose en los gabinetes del congreso más de una década. “Espero el pleno apoyo para que mañana o el miércoles pase la ley, con 105 votos” añadió Pérez Molina” (Ibid). Hay que apreciar la tenacidad del presidente al tratar de detener el avance del sector campesino, que según su gobierno es el que más genera ingobernabilidad, cediendo en la aprobación de una ley que en sí misma no pone en peligro el statu quo.

Esta es pues la forma en que el gobierno busca detener el acenso de la lucha social en el campo guatemalteco, con una ley que fuera de darle la vuelta al régimen de la tierra en el campo, busca ser una panacea mas, disfrazada engañosamente de solidaridad con los sectores más empobrecidos del área rural. Pero el fuerte posicionamiento del presidente buscando fortalecer la figura de su cargo, no fue perdonada por otro de los sectores en pugna, el sector oligárquico agrupado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

La oligarquía constantemente presionó al gobierno, durante todo el año, por la ingobernabilidad generada por el ascenso de la lucha social, tanto en la ciudad como en el campo, siendo este último el que más le genera problemas, por los bloqueos de carreteras comerciales. Después del posicionamiento de Otto Pérez, la oligarquía no perdió tiempo y salió con espada y bandera, a levantar de nuevo los fantasmas de la guerra, acusando a la ley de ser confiscatoria. No es de esperarse que el gran terrateniente perpetuo del campo guatemalteco, la oligarquía, quiera seguir cediendo territorio a las políticas engañosas de Otto Pérez, mas cuando éstas según el CACIF, atentan abiertamente contra la propiedad privada de las y los guatemaltecos.

No podremos desmadejar con exactitud a qué propiedad privada se refería la oligarquía, pero sin duda no se trata de la propiedad privada del campesino pobre guatemalteco. El campesinado guatemalteco es el más pobre de la región, Guatemala ocupa el segundo lugar en prevalencia del hambre en América Latina, hambre que campea en el agro. Es el campesino, en la tierra de los oligarcas terratenientes, y de las grandes industrias agroexportadoras, el que no posee la tan defendida propiedad privada, supuestamente amenazada por esta ley que en realidad no viene a botar sus grandes latifundios. El CACIF acusa que la ley establecería un régimen socialista, una ley que impulsa el demagogo Otto Pérez Molina. 

Por el momento la oligarquía logró el aplazamiento de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a los compañeros campesinos a no dejarse embaucar por Pérez Molina, cuyo único interés en apoyar la ley es lograr la desmovilización del combativo movimiento indígena agrario. Además, debemos estar claros de que por sí misma la ley no resolverá toda la problemática del agro guatemalteco. Es necesario, más allá de la lucha por la aprobación de la ley, levantar un programa de reforma agraria que centralice las luchas y plantee la unidad de todas las organizaciones campesinas.