Por Armando Tezucún

El pasado 14 de enero el Partido Patriota y Otto Pérez Molina finalizaron su primer año de gobierno; se hace necesario realizar un balance de la gestión. Pérez Molina, un general en situación de retiro, encabeza un gobierno muy particular. Con un equipo del que hacen parte otros militares retirados y elementos de diversa procedencia, este gobierno representa un a sector de la burguesía conformado precisamente por ex militares transformados en empresarios, con inversiones en el agro, comercio, banca y servicios, que mantiene vínculos estrechos con sectores del ejército, y, que igual que los otros grupos de la burguesía, está permeado por el narcotráfico.

Este fragmento de la burguesía y el gobierno coinciden con la oligarquía tradicional en la necesidad de impulsar el proyecto neoliberal y las inversiones en monocultivos, minería, hidroeléctricas, impulsar la flexibilidad laboral, las inversiones público-privadas etc. Pero divergen en la  intención de los ex militares de acaparar los puestos claves en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones gubernamentales (que están en manos de la oligarquía), en la política fiscal y en las prácticas del manejo de los asuntos públicos, prácticas que el Psoca ha caracterizado como populismo de derecha.

Contrariamente a los que esperaba la mayor parte de la izquierda guatemalteca, el gobierno de Pérez Molina no ha traído consigo una represión generalizada contra los movimientos sociales. Desde antes de asumir el mando, los futuros funcionarios iniciaron negociaciones con los principales sindicatos de trabajadores estatales que habían dado luchas importantes en el gobierno anterior: magisterio y salud. El resultado fue que lograron acuerdos que han garantizado la desmovilización de estos dos importantes sectores, salvo conflictos muy focalizados y parciales.

Como resultado de estos compromisos, el eje principal de las luchas populares giró hacia el campesinado indígena (iniciando con la marcha de nueve días en marzo) y los estudiantes normalistas, que despertaron a las luchas a partir de mayo con el rechazo a los cambios impuestos por el Ministerio de Educación a la carrera de magisterio.

El movimiento campesino, indígena y comunitario incluye una variedad de demandas no sólo en torno a la tierra, sino en rechazo a las actividades de empresas mineras e hidroeléctricas que dañan el medioambiente y afectan el territorio. Un eje central ha sido la exigencia de que el Congreso apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral, presentada desde hace más de 10 años. Aunque no se trata de una ley  de reforma agraria, plantea reformas que las organizaciones campesinas consideran que traerán beneficios a la empobrecida población del agro guatemalteco. En un esfuerzo por lograr acuerdos con los grupos campesinos, como lo hizo con los trabajadores de la educación y salud, Pérez Molina apoyó la aprobación de la ley en el Congreso, pero las cámaras empresariales de la oligarquía lograron frenar el proceso.

En un inicio el gobierno trató de tener una actitud tolerante hacia las manifestaciones, bloqueos de carreteras y otros tipos de movilización. Sin embargo, presionado por los grupos empresariales, la represión se endureció. Cabe destacar el estado de sitio impuesto en mayo en Santa Cruz Barillas contra el movimiento de oposición a una empresa hidroeléctrica y los enfrentamientos entre los pelotones antimotines y los valientes estudiantes de magisterio. El 4 de octubre el ejército disparó contra una multitud campesina e indígena que protestaba en La Cumbre de Alaska, provocando al menos seis muertos. Las reacciones y protestas contra el hecho provocaron un retroceso prudente del gobierno en el nivel de represión. Por otro lado, continuaron los asesinatos selectivos y atentados contra dirigentes sindicales y populares.

La economía guatemalteca se desaceleró en el año 2012, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%, inferior al 4.1% que tuvo en 2011. Con un nivel de pobreza del 53%, el segundo lugar en prevalencia del hambre en América Latina y un 74.5% de la población ocupada en la economía informal, el aumento al salario mínimo del 5% decretado a fin de año hace muy poco para sacar de la miseria al pueblo guatemalteco.

El 2013 inicia para el gobierno con un repunte de las luchas de los normalistas, la oposición del empresariado a las reformas tributarias que entraron en vigencia, roces de Pérez Molina con el Congreso, advertencias del movimiento campesino en torno a la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, y la presentación del gobierno al congreso de un paquete de leyes de estímulo a la inversión que incluyen la flexibilización laboral.

El movimiento sindical, campesino y popular debe estar presto a movilizarse unitariamente contra la implementación de las nuevas políticas neoliberales que intentará el gobierno este año.