Por Armando Tezucún

El 15 de enero pasado el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso de la República un paquete de leyes cuyo propósito es impulsar la inversión privada y generar 200 mil empleos formales en el país. El paquete incluye tres leyes nuevas: la Ley de Promoción de Inversión y Empleo; la Ley Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad; la Ley de Inclusión Laboral. Otras cuatro leyes ya tienen un dictamen favorable en el Congreso: Ley de Factoraje, Ley de Estabilidad Jurídica de los Contratos, Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas y la Ley de Leasing. Las otras dos propuestas se refieren a reformas a las leyes de Propiedad Industrial y la de Registro de Garantías Mobiliarias (Diario Siglo 21 16/01/13).

En esencia, el gobierno propone estimular la inversión mediante incentivos fiscales, acreditando al pago del Impuesto Sobre la Renta ciertos gastos. Desde hace años sectores enteros de la actividad económica gozan de exenciones, por ejemplo las  maquilas, empresas de exportación y las zonas francas. Los hechos han comprobado que estas exoneraciones no producen por sí mismas, ni inversión significativa ni desarrollo importante para el país. Durante años la preferencia que los gobiernos han dado a estas empresas sólo ha reducido los ingresos fiscales (gasto tributario). Según la Superintendencia de Administración Tributaria, en 2012 el gasto tributario ascendió a Q 31.5 millardos, el 8% del Producto Interno Bruto. En 2013 podría llegar a Q 32.2 millardos (Diario El Periódico 16/01/13). Esta enorme cantidad de dinero el gobierno la podría invertir en educación, salud y vivienda para el pueblo, en vez de regalárselo a estos empresarios.

El plato fuerte del paquete de leyes presentado por Pérez Molina es la Ley de Inclusión Laboral. Esta ley garantiza, reconoce, legaliza y legitima los contratos de trabajo por hora, supuestamente respetando los derechos legales de los trabajadores. Los trabajadores que laboren bajo esta modalidad recibirían el equivalente proporcional al salario mínimo. El gobierno argumenta que este sistema beneficiaría a mujeres que necesitan tiempo para atender a su familia y a jóvenes que necesiten tiempo para estudiar. 

Esta ley vendría a legitimar un sistema que ya se usa en las plantaciones de agroexportación, en la construcción, en los trabajos para jóvenes vacacionistas, etc. Los compañeros que trabajan en esas condiciones no reciben las prestaciones de ley ni están afiliados al sistema de seguridad social. La Constitución de la República garantiza a los trabajadores una jornada de trabajo de ocho horas, y establece que si alguien trabaja menos de ese tiempo, aun así tiene derecho a recibir el salario mínimo.  Es este compromiso de ley, que asegura a los trabajadores ingresos mínimos, el que pretenden destruir las nuevas leyes, creando empleos con sueldos bajos y sin las prestaciones de ley.

El gobierno convocó el 22 de febrero a los sindicatos para lograr consensos respecto a las nuevas leyes. Sin embargo, los convocados fueron los sindicatos blancos, los que tienen representación en instancias oficiales (en la junta directiva del Igss, en la Comisión del Salario Mínimo, etc.) y los que han llegado a acuerdos con el gobierno. Los representantes sindicales objetaron la Ley de Inclusión Laboral, y Pérez Molina anunció que retrasaría el proceso de aprobación del paquete de leyes mientras realiza cuatro reuniones con los dirigentes, que culminen con un acuerdo a finales de marzo.

Las centrales sindicales independientes, agrupadas en el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, por su parte, en protesta por la propuesta del gobierno, decidieron congelar su participación en las actividades del Memorándum de Entendimiento Para la Puesta en Marcha del Marco de Cooperación Técnica de la OIT: Programa de Trabajo Decente para Guatemala 2013-2015. Este Memorándum fue firmado el 12 de octubre de 2012 por el gobierno, la OIT y organizaciones sindicales. Sin embargo, de manera unilateral y prepotente, el presidente presentó al Congreso el paquete de leyes que contradicen lo acordado sobre trabajo decente (Siglo 21, 01/03/13).

El gobierno pretende dar un golpe bajo a los trabajadores, violando acuerdos internacionales y la propia Constitución, propiciando empleos sin protección social y mano de obra barata. Llamamos a los compañeros trabajadores a defender resueltamente las conquistas plasmadas en las actuales leyes laborales, exigiendo a la vez que sean cumplidas a cabalidad. Que el gobierno cree empleos decentes mediante la inversión pública masiva en infraestructura, educación, vivienda y salud para las clases populares. Estemos alertas  sobre cualquier acuerdo nocivo que los sindicatos colaboracionistas hagan  con el gobierno a espaldas de los trabajadores.