Por Úrsula Coj

A casi un año de cumplirse el aniversario de la muerte del sindicalista Ovidio Ortiz, nuevamente se enluta a las clases populares, pues en los últimos días ha habido una serie de asesinatos de líderes, así como amenazas a columnistas y periodistas de los medios escritos.

Estas no son acciones aisladas, sino que son parte de una serie de planes impulsados por sectores poderosos con la anuencia o participación del Estado, específicamente de los cuerpos de seguridad, sea el ejército o la policía.

La  existencia de esta problemática es parte de una cultura de miedo e impunidad impulsada por la burguesía desde el inicio mismo de la República, teniendo como punto más alto  la guerra interna y el genocidio que sufrió todo el pueblo guatemalteco y sobre todo los pueblos mayas.

Desde los últimos años del gobierno pasado hemos visto una tendencia a la criminalización de las luchas sociales por un lado, y cooptación y compra de líderes populares por otro, además de asesinatos y amenazas a líderes que han protagonizado luchas contra el modelo capitalista extractivo neo colonial.

Consideramos, a diferencia de otras corrientes y movimientos sociales que esta situación no solo se debe a que el gobierno lo dirigen ex militares vinculados a la contrainsurgencia, sino que es una tendencia que refleja la crisis mundial capitalista, la crisis del modelo nacional estancado desde hace más de cincuenta años y por tanto el agudizamiento de las luchas populares ante la cada vez más lacerante realidad.

En este  gobierno llegaron al poder formal ex funcionarios procedentes de la burocracia del terror, aplicando una  militarización de la seguridad pública en los marcos de la política de reposicionamiento geoestratégico global del imperialismo gringo y para tales fines han cooptado la inteligencia militar y civil. Estos asesinatos y persecuciones son impulsados por grupos paralelos, muchos de ellos vinculados a las empresas  impugnadas por comunidades y sindicatos, y los organismos de inteligencia saben de tales operaciones o participan en ellas.

Este análisis es distinto al que afirma que existe una dictadura militar o un gobierno militarizado,  pues el régimen de reacción democrática no se ha modificado, aunque hay intentos fallidos de la camarilla gobernante de hacerlo. Sin embargo la tendencia a la persecución,  ahora usando elementos del mismo estado de derecho burgués y la acción privada del terror, se mantendrá en la medida que arrecien las luchas populares.

Según reporta el columnista Miguel Ángel Albizures retomando un informe de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos (Udefuegua), en lo que va del año ha habido 15 agresiones contra periodistas, 10 contra sindicalistas, 145 contra líderes campesinos o de comunidades indígenas. Han sido asesinados 5 sindicalistas y 10 líderes comunitarios.

En los últimos días habido dos lamentables asesinatos. Uno contra el sindicalista Carlos Hernández Mendoza, miembro del Sindicato Nacional de Salud Pública, de una coordinadora social del departamento de Chiquimula y del Frente Nacional de Lucha. El otro es el asesinato del líder campesino  Gerónimo Sol Ajcot, dirigente de una organización comunitaria de Santiago Atitlán, Sololá, que es parte de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina. En ambos casos el común denominador es su oposición a proyectos que beneficiarán al gran capital en contra de las comunidades y poblaciones locales.

Además ha habido intimidaciones contra la periodista del diario El Periódico, Sofía Menchú, por denunciar grupos paralelos que controlan las prisiones, al mando del ex militar preso Byron Lima, acusado de la muerte del obispo Juan José Gerardi. Otras columnistas que han sido objeto de amenazas son Gladys Monterroso del diario La Hora, Carolina Vázquez Arraya de Prensa Libre y de la escritora Ilke Oliva.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con las familias y compañeros de los líderes asesinados así como con las periodistas y columnistas amenazadas. Exigimos hoy más que nunca buscar la unidad de todas las organizaciones sociales y de derechos humanos incluyendo en un programa de lucha,  la denuncia a las violaciones de derechos humanos de parte del Estado, la investigación de las mismas por el Ministerio Público, donde participen las  mismas organizaciones. Además debemos demandar a la burocracia internacional de Naciones Unidas instalada aquí, como la Oficina para la Observancia de los  Derechos Humanos, que denuncie al gobierno por estos hechos; y a la Cicig que cumpla una de sus funciones, el desmantelamiento de los cuerpos paralelos, pues no lo ha hecho.