Por Juan Castel
Por Genocidio y crímenes de guerra está siendo juzgado el ex presidente de facto José Efraín Ríos Montt (1982-1983), el antiguo general y golpista, que durante su periodo implementó una militarización total del campo guatemalteco y entre sus “logros” más importantes, figuran, mediante una arremetida militar, desmovilizar las organizaciones guerrilleras, sindicales y populares opositores a la dictadura, tanto en el campo como en la ciudad.
El ex general es una figura olvidada del baluarte simbólico, que significó mucho para los gobiernos militares y ultraconservadores de Centroamérica y de la derecha guatemalteca, y hoy casi está exiliado de la vida política. Su partido, el ya desconocido FRG “Frente Republicano Guatemalteco”, está ahora desenterrado de la decadencia electoral, con el nombre de Partido Republicano Institucional (PRI). Ríos Montt es hoy otro militar sentado al banquillo de los acusados; pero no está solo, en el banquillo también lo acompaña su antiguo jefe de Inteligencia militar, el también ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, como autor intelectual de los asesinatos de 1,771 indígenas de la etnia Ixil, según la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos. Cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico indican que ese número representa el 33.61 por ciento de esa población; de esta manera es cómo detrás de él siguen manteniéndose las estructuras de lealtad criminal de los altos mandos del ejército guatemalteco.
El juicio inició a pasar de las argucias de la defensa
Los abogados defensores de los militares acusados de genocidio presentaron ocho recursos de amparo  y afirmaron que un amparo provisional habría suspendido el proceso penal; las instancias correspondientes denegaron uno tras otro esos recursos. De esta forma fue como el pasado martes diecinueve de marzo, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, daba inicio al debate oral y público ya retrasado por las múltiples recursos legales promovidos por  la defensa del antiguo militar guatemalteco. Entre los cargos a juzgarse están los de genocidio, incumplimiento de deberes con la humanidad y crímenes de guerra, cargos que pesan sobre él, al haber sido comandante en jefe del ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Al inicio del juicio se dieron diversos roces y una acusación de la defensa hacia la fiscalía y los magistrados. El ex mandatario recurrió para aplazar el juicio, a la táctica de despedir  a su equipo defensor, argucia que no le surtió efecto. Al abrirse el debate, el Tribunal le dio la palabra al Ministerio Público, para que presentara sus alegatos de apertura. En ese sentido, el fiscal Orlando López “Acotó que durante el juicio la Fiscalía probará las muertes, violaciones, desplazamiento y bombardeo contra el grupo maya ixil; masacres que habrían ocurrido bajo la implementación de los planes Sofía y Victoria 82, supuestamente autorizados y ejecutados bajo órdenes de los procesados, quienes eran parte del alto mando del Ejército” (La Hora 19/03/13).
Los pronunciamientos no se hicieron esperar al inicio del proceso penal en contra del ex presidente. Uno de los primeros en salir a la defensa, no del ex jefe de estado, si no de la falsedad del tal genocidio suscitado en Guatemala durante la guerra, fue el actual presidente de la república. Pérez Molina reitero: “En Guatemala no hubo genocidio, porque si usted lee la figura, lo que significa genocidio, usted mismo se va a dar cuenta de que eso no ocurrió en Guatemala”, afirmó el mandatario en improvisada rueda de prensa. “Yo estoy diciendo lo que leí, lo que conozco y lo que he tratado de investigar sobre el tema de lo que verdaderamente ha sido genocidio” (Prensa Libre 19/03/13). Pérez combatió a la ex guerrilla y firmó en 1996 en nombre del Ejército la paz que puso fin al conflicto armado que dejó 200 mil muertos y muchos desaparecidos, según un informe de la ONU.
El ilícito de genocidio está establecido en el artículo 376 del Código Penal, que indica que lo comete “quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos”. Estos hechos son la muerte de miembros del grupo; lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo; sometimiento a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial; desplazamiento compulsivo del grupo, a otro grupo; medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo. El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años. En tanto, el ilícito de deberes contra la humanidad está contemplado en el artículo 378, con penas de 20 a 30 años de cárcel.
“En contra del general Efraín Ríos Montt hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay ni un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo”, expresó Édgar Pérez, abogado de las familias de víctimas. Por su lado, García Gudiel, quien por tres horas representó al general Ríos Montt, expresó: “Jamás oí un discurso que dijera maten a los ixiles, exterminen a los ixiles. José Efraín Ríos Montt no dio una orden ni verbal ni escrita de exterminar a un ixil en este país. Ninguna prueba señala que haya emitido una orden directa”  (Prensa Libre 20/03/13).
Este juicio tachado de histórico y trascendente para la vida política y social del país, es según la fiscalía, el fin de treinta años de espera de justicia, el viejo comandante en jefe, pudo no haber usado la maquinaria del régimen para promover asesinatos en masas, pero sin duda al ser el jefe de las fuerzas, militares y civiles del país, estaba enterado del aparato militar que él mismo había movilizado para hacer realidad un golpe de estado que lo llevaría al poder 1982. El golpista con los planes de contrainsurgencia, Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83 militarizó el país, a las órdenes del imperialismo norteamericano, y llevó a cabo durante sus diecisiete meses en el poder, la política de tierra arrasada en contra de las poblaciones del interior, una de ellas la etnia Ixil señalada por documentos del ejército de colaborar con la guerrilla.
Ríos Montt es el alzado y Pérez Molina es el comándate Tito
Después de más de diez sesiones del juicio oral y público contra los acusados, el marchar de las víctimas y sus declaraciones han sido indetenibles, entre violaciones y asesinatos, ejercicios militares, bombardeos y tierra arrasada, reclutamiento forzoso para conformar las patrullas de auto defensa civil. Testigos y testimonios se han hecho presentes durante el pasar de las jornadas, todos reforzando las bases de los crímenes cometidos por el régimen de Ríos Montt. Uno de ellos es el testimonio de Jacinta Rivera Brito “Ríos Montt es el alzado”, exclamó Rivera cuando Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Alto Impacto, le preguntó si conocía a los acusados. Ríos Montt era quien estaba en el Gobierno cuando llegó el Ejército a nuestra comunidad. En ese tiempo inició la guerra”, refirió la testigo  (Prensa Libre 22/03/13). En su declaración, Rivera relató que el 22 de febrero de 1983 vivía con su familia en Sumal 2, Nebaj, Quiché, y ese día entró una patrulla militar en el lugar. “Nos fueron a sacar de nuestras casas. Quemaron nuestras cosas y cortaron las milpas. Mataron a mi esposo”, aseguró a los jueces.
Después de veinte jornadas, en las que ha sido indetenible el avance de los testimonios de la fiscalía,  ya más de medio centenar después, uno de los más resonantes pudo haber sido el de Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien sirvió en el ejército de Guatemala como mecánico especialista militar de la tropa kaibil que operó en el área ixil. Reyes involucro el pasado cuatro de abril, al actual presidente de la república: “Los militares y los soldados a las órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina; el general —José Luis Quilo Ayuso y (...) los comandantes de las compañías de ingenieros coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos”, fue lo declarado por Leonardo Reyes (Prensa Libre 05/04/13). Fue de esta manera como el testigo protegido por la fiscalía y por medio de video conferencia señaló al actual presidente de ser oficial a cargo de los saqueos y posterior arrasamiento de las poblaciones. A lo que Pérez Molina respondería con: “No voy a emitir opinión sobre las mentiras que están diciendo. No me voy a prestar a ese circo”, dijo. Sin embargo, después de repartir bolsas seguras en San Vicente Pacaya sí dio declaraciones, y señaló al Ministerio Público (MP) de usar testigos “falsos” en el juicio contra Efraín Ríos Montt  (El Periódico 06/04/13).
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se suma al clamor de justicia de las miles de víctimas de los generales genocidas, y demanda al Ministerio Público y al Organismo Judicial no detenerse hasta ordenar el justo castigo a estos criminales que causaron tanto dolor al campesinado indígena guatemalteco. Quienes se están librando de la justicia son los oligarcas, terratenientes y los funcionarios del imperialismo yanqui que estuvieron detrás de la criminal persecución política llevada a cabo por los gobiernos militares. Serán las masas oprimidas las que harán justicia con su propia mano cuando se alcen, destruyan el poder de las clases explotadoras y construyan su propio poder revolucionario.