Por Leandro Flores

En el mes de abril se generaron varias jornadas de protestas de diferentes organizaciones que se movilizaron en las áreas rural y urbana. Tal fue el caso de los Sindicalistas de la Empresa Portuaria Quetzal realizaron una manifestación por las calles de Escuintla en protesta por la concesión de la Empresa Portuaria Quetzal. Mientras que el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) realizó bloqueos y caminatas en 20 departamentos del país el 11 de abril del presente año, con la participación de 90 mil campesinos. Igualmente los transportistas pidieron frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se les entreguen recursos de subsidio (La Hora 11/04/2013). Aunque las demandas que se exigen no son nada nuevas, son básicamente las mismas demandas justas, pero que sectores como el empresarial Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) las han tachado de atentar contra la propiedad privada y proponen reformas que impulsan un falso desarrollo rural donde simplemente no dan acceso a las tierras, protegiendo sus interés económicos, manteniendo su statu quo, dando más crecimiento a los antagonismos de clases.

Lo que básicamente piden los campesinos es la “Ley de Desarrollo Rural”, la nacionalización de la energía eléctrica, que ya no se aprueben las licencias de exploración y explotación minera y se anulen las existentes, que no se den licencias a las hidroeléctricas transnacionales entre otras peticiones. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) solicitó una reunión con el Gobierno para exponer 17 demandas, entre ellas que se declaren lesivos los contratos firmados con empresas distribuidoras de energía eléctrica; la aprobación de la ley de desarrollo rural integral; el cese de la represión contra dirigentes indígenas y agilizar la entrega de fertilizantes (Prensa Libre 11/04/2013). Ya que el desarrollo rural es un derecho humano, este desarrollo debe solventar el hambre, la miseria y la pobreza involucrando al campesinado en procesos productivos.

Otros sectores que se han pronunciado han sido el magisterio y los salubristas, que también se manifestado para reclamar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y mejoramiento en la infraestructura educativa y de salud. El gobierno es incapaz de cumplir con sus funciones y promesas en materia de seguridad, empleo y salud, porque él y los empresarios que representa son los que causan estos problemas sociales, en los diferentes sectores sociales, por las políticas del libre mercado.  

Así mismo en el Norte de Quiché se levantó el 20 de abril una asamblea indígena donde se rechazó y condenó el expolio y la usurpación de sus tierras y recursos naturales. Este ataque a la población campesina e indígena es propiciado por el Gobierno, empresas o particulares en orden a desarrollar sus propios proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos o de monocultivo, así como de reordenamientos territoriales, de recursos y de población. Los proyectos empobrecen cada vez más a las comunidades y pueblos e incluyen: La flanja Transversal del Norte, Litoral Pacífico, Corredor Interoceánico, Sistema Hidroeléctrico Nacional, Zonas Francas, etc.

La declaración final de la asamblea menciona: “Como lo sabemos el regreso del militarismo por parte de los gobiernos marionetas, que intentan sofocar las justas demandas y reiniciaciones sociales solo promueve odio, división y muerte. Lo que nosotros queremos es reimpulsar la vida de nuestras Comunidades y de nuestros Pueblos, que son los espacios en donde nace una buena vida o un buen vivir para nosotros. En donde todos los seres que poblamos esta tierra vivamos en armonía y equilibrio. Nuestros sistemas de vidas comunitarias y de Pueblos son de reciprocidad con todo lo que nos rodea. En donde nadie se aproveche del uno sobre el otro. Lo que nosotros buscamos es el “komon”, es decir, vivir juntos y todos juntos tener un buen vivir”.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a la unidad a todas las organizaciones campesinas para que cierren las filas y luchen, más allá de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, por una verdadera reforma agraria que solucione la profunda pobreza del campo guatemalteco. La solidaridad de los sindicatos de trabajadores y de los estudiantes será indispensable en esta lucha. Los funcionarios gubernamentales nos responden con mesas de diálogo desgastantes e interminables cuyo propósito es vencernos por cansancio. No debemos caer en esa trampa. El gobierno al cual nos enfrentamos es cada vez más permisivo con los aparatos clandestinos que están reprimiendo selectivamente a nuestros dirigentes. Nos solidarizamos con los familiares y compañeros de líderes asesinados como Daniel Pedro del movimiento social en Santa Eulalia Huehuetenango, y exigimos el esclarecimiento su muerte.