Representantes de Fundaju rechazan el acuerdo 1505
  

Por Ángela Cardona

Desde mayo del año pasado, los estudiantes de la carrera de magisterio en los Institutos normales del Estado han sido unos de los sectores sociales que con más valentía y arrojo han enfrentado al gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. El motivo de las protestas, como sabemos, es el rechazo al plan de Formación Inicial Docente (FID) que prolonga dos años más la carrera de magisterio. Antes, para graduarse de maestro de educación primaria los estudiantes normalistas cursaban en sus institutos la carrera por un período de tres años; mientras que el cambio propuesto por el Ministerio de Educación convierte la carrera de magisterio en un bachillerato de ciencias y letras con orientación en pedagogía que durará dos años, a los que se añaden tres de profesorado a nivel universitario.

La increíble testarudez del gobierno y de la ministra de educación Cynthia del Águila, que se han cerrado en no dar marcha atrás en sus planes, provocó tomas de institutos, bloqueos de carreteras, marchas, enfrentamientos violentos con la policía, muestras de una resistencia tenaz de los estudiantes, que ven afectados sus intereses y los de sus padres por la prolongación de la carrera de magisterio. De nada ha servido la intervención de los diputados del Congreso de la República ni el respaldo de las organizaciones campesinas, comunitarias, sindicales, de colegios privados que imparten la carrera de magisterio, de estudiantes universitarios y de maestros conscientes que rechazan a los burócratas sindicales que respaldan a la ministra. Mucho menos las fraudulentas e inútiles mesas de diálogo instaladas por las autoridades educativas.

Este año, después de algunas acciones en la capital y de la marcha realizada en marzo por los normalistas del interior hacia la capital, el gobierno ha recurrido a medidas represivas internas para frenar el movimiento de protesta.

Una parte de los líderes que impulsaron las luchas el año pasado finalizaron ya su carrera, o finalizaban su período como dirigentes electos, por lo que las directivas de las asociaciones estudiantiles debían ser renovadas. Mediante maniobras dilatorias y truculentas, las direcciones de los institutos normales han logrado impedir que se realicen elecciones entre los estudiantes, lo que ha descabezado parcialmente el movimiento. Esta táctica les ha dado resultado a las autoridades en la capital y en los institutos del oriente del país, no así en los del occidente, que han continuado las movilizaciones.

Por otro lado, aprovechando un receso en la última mesa de diálogo, receso solicitado por los representantes del Ministerio de Educación, la ministra Del Águila (indudablemente con el apoyo del gobierno), traidoramente asestó una puñalada por la espalda al movimiento estudiantil normalista, emitiendo a finales de mayo el acuerdo ministerial 1505-2013.

Este acuerdo es una reforma al ya represivo Acuerdo Ministerial 1-2011, que contiene la Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina Para una Cultura de Paz en los Centros Educativos. Los artículos que más sufrieron reformas son el 30 (“de las faltas graves”) y el 31, que pasó a llamarse “de las faltas que ameritan la suspensión temporal o del código del educando” (ver el artículo de Carlos Aldana Mendoza “Tiempo de Cuarteles”, Siglo XXI 11/06/13). El acuerdo 1505-2013 es una clara respuesta del gobierno y la ministra a la valerosa resistencia de los jóvenes normalistas, criminalizando su lucha por la defensa de la carrera de magisterio.

Entre las causas de sanción que se agregan al acuerdo de 2011 están:”Desarrollar alguna conducta de hostigamiento, acoso, intimidación, bloqueo social, manipulación o coacción contra algún compañero u otro miembro de la comunidad educativa de manera repetitiva” y “Organizar, apoyar y/o participar en acciones que puedan vincularse con actos de terrorismo y conexos”. La interpretación de estas faltas, que son causa de suspensión temporal o permanente, o hasta de expulsión del estudiante del sistema educativo nacional queda a la voluntad de las direcciones de los institutos, de las autoridades del Ministerio de Educación, de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, etc., etc. En adelante cualquier compañero que participe en protestas puede ser inculpado de los “delitos” señalados en el acuerdo, a capricho de cualquier entidad del gobierno.

Ya las organizaciones de derechos humanos se han pronunciado contra el acuerdo 1505. Convocamos a todas las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas y populares a solidarizarnos con los compañeros normalistas y a gestar un amplio movimiento de protesta que exija al gobierno la suspensión definitiva de este acuerdo represivo y dictatorial.