Por Armando Tezucún

El canal seco que cruzará el territorio guatemalteco, oficialmente llamado Corredor Tecnológico de Guatemala, tendrá una inversión de entre US$ 10 mil y US$ 12 mil millones. Consistirá en una franja terrestre de 372 kms. de longitud y 140 mts. de ancho, que unirá dos puertos a construirse: San Luis en el Pacífico y San Jorge en el Atlántico, cada uno con una extensión de 4,419 hectáreas, que albergarán mega embarcaciones que no pueden atravesar el Canal de Panamá. La franja contará con una autopista para camiones de carga, dos vías de ferrocarril, cuatro oleoductos para transporte de petróleo, gasolina y gas natural, una red de fibra óptica de alta capacidad y un sistema de producción y distribución de energía eléctrica. Para la construcción de este canal serán comprados 3,512 terrenos y fincas ubicados a lo largo del trayecto, constituyendo la mayor finca privada del país. Se supone que los propietarios ya acordaron la venta y obtendrán un 5% de las acciones de la empresa. Además el proyecto creará 30,000 empleos directos y beneficiará a 46 municipios del área (Prensa Libre 4/08/13).

En julio del presente año, el gobierno, en Concejo de Ministros, declaró el proyecto de utilidad pública e interés nacional, debido a que permitirá al país ventajas comerciales. El acuerdo menciona “El proyecto atraerá inversión extranjera, generación de empleo directo y mayores ingresos al Estado en concepto de tributos, así como el mejoramiento y calidad de vida y desarrollo de todos los habitantes de Guatemala” (Prensa Libre 17/07/13). Una iniciativa con el mismo contenido fue presentada al Congreso el 14 de agosto de 2012, pero no tiene todavía el dictamen de las comisiones de Economía y Comunicaciones.

El inusitado interés de Pérez Molina por apoyar un proyecto totalmente privado, en que el Estado no percibirá beneficios, más que los impuestos que por ley deben pagar las empresas privadas, despierta muchas sospechas. Las dudas son aclaradas por el hecho de que los principales impulsores del Canal Interoceánico son empresarios ex militares, uno de los sectores empresariales a cuyos intereses responde y está vinculado el gobierno de Pérez Molina y el PP.

El más importante promotor del proyecto es Guillermo Catalán España, presidente de Odepal (Oficina de Enlace para América Latina). Catalán es un ex militar convertido en empresario, graduado como piloto de guerra por el ejército chileno en tiempos de Pinochet y retirado con el grado de teniente del ejército guatemalteco en 1984. Otro empresario involucrado es Rokael Cardona, presidente de la Asociación “Poder Para Todos” ex comisionado presidencial para la Descentralización y Reforma del Estado durante el gobierno de Alfonso Portillo. Gerente de operaciones de Odepal es Mario García Catalán, primo de Guillermo, quien siendo coronel que fue destituido de su puesto en mayo de 1995 por su implicación en el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Vernon Devine; fue absuelto, pero en 2002, habiendo sido ascendido a general, fue inculpado de vínculos con el Cartel de Sinaloa, por lo que pasó a situación de disponibilidad y le fue retirado el ingreso a Estados Unidos (Ver el artículo de Alberto Arce, Corredor Interoceánico: el puente privado que atravesará Guatemala, Plaza Pública 13/12/2011).

Catalán inició las gestiones para el proyecto en 1998, y ha constituido un holding de empresas con sedes en Guatemala, Panamá y España. Los gobiernos de Óscar Berger y Álvaro Colom no mostraron mayor interés por involucrarse, pero el ejército sí lo hizo, brindando capacitación a 120 jóvenes que evaluaron el terreno y contactaron a los propietarios. Al ser electo como presidente Pérez Molina, el acuerdo entre ex militares se hizo manifiesto en noviembre de 2011, cuando el futuro mandatario dio su apoyo público al proyecto en un acto en el Estadio de Zacapa (ibid).

Actualmente participa como inversionista la corporación Erurogas Enterprises, con capitales de Dinamarca, Finlandia y Holanda. Como socios nacionales ya figuran las 46 municipalidades, que firmaron con Odepal que recibirán el 13 % de los beneficios del corredor, en una peculiar alianza público-privada a nivel local.

Hasta ahora sólo han protestado el Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Concejo Ecuménico de Guatemala, que denunciaron que cerca de 3,500 personas serán desalojadas de sus propiedades sin que tengan otras opciones de desarrollo; señalaron que el canal afectará de forma negativa a un río que abastece a seis comunidades en Jocotán y que Odepal ha generado compra de voluntades, engaños e intimidación a comunitarios, criminalización de líderes indígenas, amenazas de muerte, sobornos y manipulación de instituciones como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (La Hora 26/07/13).

Consideramos que con un negocio tan gigantesco, los empresarios ex militares no se detendrán ante nada para llevarlo a término. Alertamos a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares a estar pendientes de adversar los abusos que generará esta inversión, que al final sólo beneficiará a los oficiales retirados y a las transnacionales.