Por Leonardo Ixim

La renuncia del costarricense Francisco Dall´Anese como comisario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) (el segundo a cargo después del español Calos Castresana desde la instalación de esta entidad adscrita a la Organización de las Naciones Unidas en 2007) se hace en el marco de denuncias contra la Cicig por presiones al máximo órgano de justicia, la Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso de la extradición a Estados Unidos del ex presidente Alfonso Portillo.

La tragedia del Estado de Guatemala ha sido la lógica natural de su funcionamiento, la inoperancia de las instancias estatales sobre todo las encargadas de aplicar la justicia, la acefalia de las instituciones y la cooptación de parte del ejército durante años del Estado mismo a partir de la preponderancia política y en materia de distribución de recursos financieros. Parte de esta lógica bonapartista quedó plasmada en el Estado Contrainsurgente, responsable de terrorismo contra la población.

Esta situación se trató de reformar con los acuerdos de paz, primero de forma macro y ante el fracaso de esto, vía generación de instituciones de la paz. En ese sentido aparece la Cicig, como una forma de reducir los niveles de impunidad en los órganos de justicia, una de las herencias de la hipertrofia estatal sometida a los intereses de los grupos económicos y políticos del gran capital oligárquico y trasnacional.

Pero esta hipertrofia es vital para los intereses de la reproducción material y acumulación de capital de la clase dominante. Por eso las tentativas reformistas de muchas organizaciones sociales, ong´s y partidos de izquierda chocan contra el inmovilismo de la cosa pública, reflejo del Estado al servicio de la acumulación oligárquica y dependiente.

¿Qué le queda al entramado de las organizaciones sociales en este contexto de triunfo parcial de la contrainsurgencia? Refugiarse en la burocracia internacional y en los compromisos supuestamente reales en favor de los derechos humanos del imperialismo. En ese sentido la Cicig fue una reivindicación necesaria que nosotros apoyamos, pero desde su inicio la extrema derecha cercenó los propósitos originales relacionados con el desmantelamiento de cuerpos clandestinos, utilizando un discurso nacionalista, apelando hipócritamente a la soberanía que siempre han vendido

Limitando las capacidades de Cicig en lo relacionado al desmantelamiento de cuerpos paraestatales al servicio de grupos de poder económico, la primera administración se enfrascó exitosamente de desmantelar una mafia, la cercana al ex presidente Portillo, pero en claro servilismo a grupos del capital oligárquico, junto al MP terminó arrodillándose a las presiones gringas para la extradición de aquel.

La denuncia de que un alto funcionario de la Cicig presionó a la CC para que se diera la extradición de Portillo, cometiendo delito tanto este personero como los magistrados de la CC por no denunciarlo, es un reflejo de cómo la Cicig se enfrasca en una batalla que para la extrema derecha constituye un alivio. En el caso de la CC no se les puede eximir políticamente porque en este caso, como en el de la sentencia de genocidio a Rios Montt y otros, su servilismo a la oligarquía es evidente.

La tarea pendiente de desmantelar los cuerpos clandestinos ha avanzado poco, casi nada. El hecho de que el nuevo comisionado, un ex juez y ex fiscal del departamento de Antioquia, Colombia, Iván Velázquez, responsable de perseguir el entramado mafioso de Pablo Escobar y de desmantelar parte de una red de políticos y empresarios vinculada a grupos de extrema derecha, genera confianza en alguno grupos democráticos de la sociedad civil, pero no debemos confiar en este tipo de personas, solo debemos confiar en las acciones que puedan ejercer los trabajadores y el pueblo para terminar con la impunidad, propia del Estado capitalista. Lo poco que hemos avanzado en Guatemala se debe a la movilización popular, que la CICG busca apagar y conducir a la institucionalidad actual.

Existen roces naturales entre el gobierno derechista y la CICIG, pero aun asi acaba de prorrogar por dos años más su permanencia en Guatemala. Sin embargo, Otto Pérez declaró que los dos últimos años serán para terminar de trasladar competencias al MP y salir del país. Esa decisión de aparente defensa de la soberanía en realidad busca evitar que se inicien nuevos casos de investigación que podrían vincular al presidente y a la vice Rosana Baldetti, sobre todo en casos malversación de fondos públicos, algo que podría ser aprovechado y alentado por la actual oposición.

Nosotros consideramos que no debemos confiar en la CICIG, los organismos populares deben ejercer la justicia directamente, como lo hacen algunas comunidades indígenas. La solución contra la impunidad, no se resuelve invitando a los organismos del imperialismo, ni suplantando lo que debe hacer el pueblo de manera directa. Debemos combatir la ilusión de creer que por medio de estas costosas burocracias internacionales se logrará la tan ansiada independencia en la aplicación de justicia. Estamos por la justicia popular, ejercida sabia y directamente por el pueblo.