Por Úrsula López

Se desarrolló el décimo Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2013 el pasado jueves 10 en un lujoso hotel capitalino. El evento es organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), un organismo vinculado a sectores empresariales pertenecientes a lo más concentrado del capital, es decir la oligarquía.

En los últimos años, la lógica de los encuentros ha evolucionado de enfocarse a cuestiones relacionadas con la acumulación de mayor riqueza, por ejemplo mejoramiento del clima de negocios a situaciones que tienen que ver con el entorno socioeconómico.

El fondo esa preocupación, que en los últimos años ha girado el interés hacia “combatir la pobreza”, está marcado por dos cuestiones. Una, que para garantizar la mejora en sus negocios y por tanto mayor riqueza apropiada, necesitan que su inversión tenga réditos suficientes y para eso es necesario mejorar las condiciones de injusticia reflejadas en el acceso a la educación con calidad, mejoras en los índices de acceso a salud y disminución de la inseguridad alimentaria.

Otro factor está relacionado al “clima de riesgo para sus inversiones” y las de las trasnacionales de los cuales ellos son socios menores. Es decir, en los últimos años la oposición de las comunidades a megaproyectos, sobre todo en extracción de minerales sin procesar ha generado una fuerte resistencia. Junto a la oposición de los sindicatos, tanto del ámbito público como privado a iniciativas que buscan abaratar el costo de la mano de obra, ello fomenta un panorama de conflictividad social. Conflictividad marcada por la imposición de decisiones que afectan formas de vida ancestrales de comunidades y que provocan mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Así en este último encuentro de ENADE se convocó a “1000 supuestos líderes” de la sociedad civil, a representantes de los partidos políticos -no asistieron ni URNG, ni ANN- , a Gustavo Porras como testigo de honor y firmaron un documento donde se comprometen a reducir la inequidad en estas áreas.

Se comprometen a reducir la desnutrición crónica -reflejo de condiciones estructurales de injusticia social- tomando como base el programa gubernamental de la Ventana de los 1000 días, programa que se basa en darle seguimiento a salud materna postnatal y del niño; tal programa ha sido cuestionado junto a otros programas de asistencia social, por su baja ejecución presupuestaria.

De igual forma se comprometen apoyar programas relacionados con el acceso al agua potable, capacitaciones de programas para la producción y generación de ingresos, etc. No especifican que se refieren a la población rural y campesina que sufre directamente inseguridad alimentaria, pues implicaría contraponerse aunque sea en el discurso, a todo su esquema de apropiación de la riqueza basada en la alta concentración de la tierra.

Otro interés empresarial es la situación de la educación. Preocupados por los últimos indicadores que muestran que la gran mayoría de estudiantes de sexto de primaria reprueban las pruebas de matemáticas y lectura, situación que se reproduce en tercero de básico, ponen su énfasis en mejoras al subsistema nacional de evaluaciones así como a la selección de docentes basándose en meritos y aptitudes tanto para optar una plaza en el sistema educativo público como en lo relacionado al ascenso en tal sistema. Proyectan modificar el diversificado haciendo cambios en el Curriculum Nacional Base orientado a generar “herramientas y aptitudes”, en las distintas carreras de educación media en base a programas “que capaciten productivamente según las áreas geográficas del país”.

El problema en la educación reflejado en los resultados de tales pruebas, es que no existe desde el Estado una inversión constante. Desde la educación preprimaria, los programas para garantizar alimentación escolar, infraestructura y recursos didácticos óptimos, condiciones laborales y salariales decentes, etc.; la solución pasa por aumentar los recursos financieros y por tanto por aplicar medidas distributivas fiscales, esta situación ni siquiera es mencionada en el documento final del encuentro.

Por último la necesidad de un proyecto nacional y centroamericano es vital, pero construido desde las necesidades del proletariado y acaudillado por este. En ese sentido políticas que impulsen programas educativos en el diversificado según las regiones geográficas son necesarias, pero para garantizar la generación y distribución de la riqueza, a partir de la socialización de los principales medios de producción.