En ese momento de la historia guatemalteca la población sufría la dictadura del general Jorge Ubico, que había asumido el poder en 1931, en medio de la grave situación que significó para el país la crisis del mercado mundial iniciada en 1929 (por ejemplo, el precio del café, principal producto de exportación, bajó de entre 30 y 35 dólares a tan sólo 3 dólares).

Ubico tomó el poder con el apoyo del imperialismo estadounidense y durante su gobierno Guatemala se consolidó como una república bananera, proceso iniciado durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898 – 1920). En particular la United Fruit Company, con la colaboración servil de Ubico, se convirtió en un Estado dentro de otro Estado, gracias a la entrega gratuita de nuevas tierras de plantación en la región costera del Pacífico, la exención de impuestos, la importación libre de impuestos de todos los bienes necesarios, la garantía de bajos salarios y la concesión de la explotación de servicios públicos. De esta manera, la UFCO era dueña de la red ferrocarrilera del país por medio de la International Railways of Central America, del único puerto en el Atlántico, Puerto Barrios y de la única flota de cargueros con acceso a este puerto. Por otro lado, la producción y distribución de energía eléctrica estaba monopolizada por la imperialista Electric Bond & Share.

En el terreno económico, Ubico gobernó para los intereses de la oligarquía terrateniente y la burguesía agropecuaria. Aplicó una política de reducción del gasto público, bajos salarios y paridad monetaria, combinada con una feroz represión a la oposición política. La mayoritaria población campesina se encontraba oprimida por medio de dos leyes que obligaban al indígena a trabajar por un salario de miseria. La Ley de Viabilidad obligaba a los campesinos a trabajar treinta días del año en construcciones de carreteras nacionales, salvo que pudiera pagar una contribución deliberadamente superior a sus posibilidades. La Ley de la Vagancia lo obligaba a trabajar cierto número de días al año en fincas ajenas, aunque tuviese terrenos propios. La intención era hacerlos trabajar en las haciendas cafetaleras de manera forzosa, con un salario fijado a capricho por el terrateniente y pagado en su mayor parte en especie, a través de vales o fichas intercambiables sólo en la tienda del patrón, y con jornadas de trabajo de 10 o más horas. De esta manera el peón quedaba sujeto al terrateniente. En las ciudades no existía legislación laboral ni derechos mínimos, ni tribunales de trabajo y más bien habían salarios de hambre (ver Orieta Álvarez “Antecedentes históricos del proceso revolucionario de 1944-1954 en Guatemala”).

Ubico gobernó anulando todo tipo de participación democrática, elaborando leyes que el Congreso tenía que aprobar obligatoriamente. Su poder su sustentaba en un aparato militar y policiaco que practicaba el espionaje, el chantaje, el destierro, prisión y el asesinato o fusilamiento. Fue suprimida la autonomía universitaria y los establecimientos de educación secundaria fueron militarizados.

Hacia 1940 se inició en la Universidad de San Carlos un movimiento consciente y organizado de lucha contra la dictadura y en defensa de las libertades universitarias. En 1943 fue fundada la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), que jugaría un papel clave en el derrocamiento del tirano.

En junio de 1944 el estudiantado universitario inició la lucha frontal contra la dictadura. Ese mes fueron distribuidos clandestinamente miles de volantes invitando a la población a sabotear la celebración del 30 de junio (aniversario del triunfo de la Revolución Liberal de 1871), cuyo desfile encabezaría Ubico. El 14 fue apresado un grupo de estudiantes por causa de un delator. El encarcelamiento generó protestas parte de círculos estudiantiles y profesionales, que exigieron la renuncia de las autoridades universitarias nombradas por Ubico.

El 21 de junio se celebró una Asamblea General de Estudiantes Universitarios en el Paraninfo de la Universidad, a la que asistieron como invitados obreros, artesanos, maestros y profesionales. La asamblea amenazó al dictador con una huelga general si no renunciaba. Se inició una campaña cívica que culminó en las manifestaciones del 25 de junio que fueron brutalmente reprimidas por la caballería, que asesinó a la maestra María Chinchilla y con la paralización de parte de los obreros, del sistema ferroviario.

Ubico se percató de su aislamiento cuando recibió el “Memorial de los 311”, un documento firmado por abogados y profesionales que le pedían la restitución de las garantías constitucionales. El movimiento antiubiquista iniciado por los estudiantes universitarios abarcó pronto a fracciones resentidas de la oligarquía, los grupos de comerciantes y propietarios agrarios vinculados al capital alemán, los sectores de la incipiente burguesía, la clase trabajadora de la capital. De esta manera, el dictador tuvo que renunciar el 1 de julio. Sin embargo, el poder pasó a tres generales ubiquistas, de los cuales la Asamblea Legislativa nombró presidente provisional a Federico Ponce Vaides.

El nuevo gobierno restableció las garantías constitucionales; abolió los monopolios de azúcar, tabaco y carne; permitió la organización de partidos y sindicatos; admitió la necesidad de aumentar los salarios; hizo concesiones a los estudiantes universitarios y maestros; declaró que entregaría el gobierno a quien resultara electo en las elecciones generales del 17 y 19 de noviembre.

Sin embargo no decretó la amnistía general; conservó en los puestos claves a los principales responsables de la dictadura, acentuando la influencia del ubiquismo en el gobierno; no abordó ninguno de los problemas serios de la economía del país.

La caída de Ubico generó el surgimiento de una oleada de organizaciones de las distintas capas sociales. Estudiantes universitarios y maestros formaron el Frente Popular Libertador y el Partido Renovación Nacional, y otros sectores formaron una infinidad de partidos de toda índole. Los trabajadores empezaron a despertar y a organizarse alrededor de una serie de reivindicaciones gremiales, en especial aumentos salariales. La recién organizada Unión de Trabajadores de Tiquisate promovió la primera huelga en las plantaciones de la UFCO.

A esta efervescencia organizativa y reivindicativa, Ponce Vaides contestó primero con amenazas y después encarcelando y desterrado ciudadanos. Poco a poco se fue haciendo evidente que la intención de Ponce era mantenerse en el poder usufructuando un ubiquismo sin Ubico, y que habría que recurrir a las armas para sacudirse al nuevo tirano. El FPL y otros partidos de la pequeña burguesía recién formados se aliaron a oficiales procedentes de las clases medias descontentos con el gobierno, en especial Francisco Javier Arana, Jacobo Arbenz Guzmán, Enrique de León Aragón y Carlos Aldana Sandoval, todos pertenecientes a la Guardia de Honor.

En horas de la madrugada del 20 de octubre se inició la acción armada de los grupos militares, que de inmediato recibieron el apoyo de la población, que acudió a la Guardia de Honor a recibir armas. Después de 16 horas de combates fue derrocado el gobierno de Ponce Vaides, y sustituido por la Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Torriello Garrido y el mayor Francisco Javier Arana.

En 1945 Juan José Arévalo asumió la presidencia y en 1951 lo hizo Jacobo Arbenz. El primero impulsó reformas sociales importantes como el código del trabajo, el seguro social, el voto para las mujeres y los analfabetas. Arbenz profundizó el carácter nacionalista y antioligárquico de la revolución, con medidas contra los monopolios imperialistas y la reforma agraria.

Este período revolucionario, como toda revolución democrático burguesa, generó un despertar de las masas oprimidas que llevó a campesinos y obreros a organizarse y luchar por primera vez por sus intereses de clase. La dinámica generada por la movilización las masas agudizó la lucha de clases a lo interno y la amenaza a los intereses del imperialismo polarizó al extremo la situación política. Los sectores de la pequeña burguesía que iniciaron la revolución en 1944 ya no estaban, en 1954, dispuestos a continuar profundizándola, temerosos de la amenaza del imperialismo y de la movilización popular. El gobierno de Arbenz y las organizaciones campesinas y populares confiaron ciegamente en el ejército y en las instituciones del Estado burgués. Esto impidió el surgimiento de milicias populares y organismos de poder popular que defendieran la revolución hasta el fin, y permitió el triunfo de la contrarrevolución, que sumió al país en el baño de sangre de los gobiernos militares.