Por Armando Tezucún

La Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, iniciativa 4644, fue presentada al Congreso de la República por el presidente Otto Pérez Molina el 14 de enero de 2013. Sin embargo, la ley no ha sido aún aprobada por el Legislativo; antes bien, ha generado polémica, discusiones y divergencias entre las bancadas de diputados, entre diferentes grupos del empresariado y hasta en el seno del gobierno.

El propósito de esta discutida ley es ampliar los beneficios fiscales que fueron otorgados a partir de 1989 por medio de la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89) y la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) a las empresas. Ambos decretos exoneraban a las empresas beneficiadas del pago del impuesto sobre la renta y la devolución del Iva durante 10 años. Estas leyes quedarán sin efecto al finalizar el próximo año, límite establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para proceder a eliminar las subvenciones a las industrias exportadoras. Inicialmente la OMC había acordado que para el año 2005 se eliminaría, junto con el sistema de cuotas textiles, los sistemas de incentivos a las exportaciones, dando posteriormente una prórroga de 10 años para la eliminación de estos subsidios, es decir en 2015. Vale decir que las empresas maquileras, muchas de ellas empresas coreanas que aprovecharon que Guatemala no tenía cuotas de exportación de textiles hacia Estados Unidos, con frecuencia simularon cierre de operaciones después de 10 años, creando nuevas empresas para gozar de otros 10 años de subsidios.

¿Qué dice la Iniciativa 4644?

En la presentación que el Ministerio de Economía hace al proyecto de ley, se menciona la creación de dos mecanismos de generación de nuevas inversiones: las Zonas de desarrollo económico y las unidades de desarrollo económico. Luego dice: “Entre estos beneficios que se proponen en la iniciativa se encuentran el crédito fiscal del Impuesto Sobre la Renta por la inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realicen los beneficiarios de la ley, por un periodo de veinte años…El Impuesto de Solidaridad se exenciona por el mismo plazo por ser acreditable al Impuesto Sobre la Renta.”

“Los demás incentivos relativos a la exención por la compra, permuta o transferencia de dominio, o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50 por ciento sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por las inversiones en infraestructura que realicen los beneficiarios en los municipios donde se establezcan; se otorgan por un plazo de diez años…”

“La exención de los derechos arancelarios a la importación y la exención del impuesto al valor agregado en las importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen en los procesos productivos de bienes y servicios, se establecen a plazo indefinido, ya que se trata de operaciones que se realizan en regímenes aduaneros especiales, y por lo tanto no se produce el hecho generador de tales tributos.”

Estos son básicamente los beneficios que tendrán las empresas que se acojan a la ley (la iniciativa incluye una lista de 20 actividades económicas que no pueden acogerse a la misma).

La oposición de la SAT

En marzo de este año la Superintendencia de Administración Tributaria pidió a los diputados del Congreso que revisaran la iniciativa de ley 4644, debido a las exenciones de impuestos que contempla, el Estado dejaría de recibir Q 1,295.5 millones por los beneficios que tendrían 1,014 contribuyentes de maquilas y zonas francas. La SAT considera que a mediano plazo 40,055 contribuyentes serían elegibles para los beneficios fiscales, de los cuales 380 optarían por migrar a los nuevos beneficios, generando una pérdida de Q 2,721.2 en impuestos, dando un total de Q 4,016.7 que el Estado dejaría de recaudar (Siglo XXI 10/07/14).

El Directorio de la SAT instaló mesas técnicas para analizar la iniciativa de ley, dando como resultado seis enmiendas, cuyo número aumentó a 30 reformas que han sido discutidas por la Comisión de Economía del Congreso. Para el 15 de julio la SAT y el Ministerio de Finanzas finalizaron una nueva revisión que decidió agregar un mecanismo informático obligatorio para que las empresas informen sobre sus controles de exportación, importación y ventas locales; además definieron mecanismos legales para suspender los beneficios a las empresas que incumplan o que sean utilizadas de forma incorrecta (Prensa Libre 16/07/14). Con esto el gobierno dio por finalizada la revisión del proyecto y dejó en manos del Congreso su aprobación.

El FMI da su opinión

Durante la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional para la revisión del Artículo IV en Guatemala, los mismo señalaron su preocupación por la disminución de los ingresos fiscales del Estado y el efecto que tendría la iniciativa 46 44 sobre la recaudación: “a la misión también le preocupa el proyecto de ley para la competitividad (Ley de Inversión y Empleo), en la que exenciones de impuestos y otros tratamientos especiales incluidos en la propuesta actual podrían amenazar los ingresos fiscales”. Lorenzo Figliouli, jefe de la misión del FMI, subrayó en conferencia de prensa que: “Si se acogen todas las empresas nuevas y más dinámicas a la nueva ley, por definición lo que va a quedar como recaudación serían las menos dinámicas y menos progresivas de la economía… además, que las empresas que ahora contribuyen, de una forma u otra buscarían como transitar al régimen privilegiado aduciendo que son nuevas.” (El Periódico 8/07/14). El FMI recomendó fortalecer la administración tributaria, reducir el gasto tributario y reajustar las tasas del IVA para que estén en línea con las de la región.

La polémica en el seno de la burguesía

La iniciativa 46 44 en especial ha enfrentado en opiniones contrarias a sectores de la burguesía, específicamente a los industriales, maquileros y exportadores que demandan la aprobación urgente de la ley, y los comerciantes, que la adversan.

Según declaraciones de Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, el propósito de la ley es crear empleos, y las exenciones de impuestos se verán compensadas con las 30 enmiendas que se han hecho y por el hecho de que las empresas que se acojan a la ley deberán hacerlo a través de una comercializadora que sí estará sujeta al pago de impuestos (Siglo XXI 6/07/14).

Fanny Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores declaró que el principal objetivo de la iniciativa es “Retener empleos es uno de los grandes propósitos. Que no se nos vaya nadie más de esos 544 mil trabajos que generan estos sectores. Además, crear por lo menos 100 mil plazas más con esa atracción de nuevas empresas.” Sostuvo que la oposición de la Cámara de Comercio de Guatemala a la iniciativa es por “…la modificación al Artículo 20, que establece que en la Unidades Económicas de Inversiones (UDI) no podrán operar comercializadoras y centros logísticos. La CCG había presentado su propia ley, la cual no pasó, y de allí depende es descontento; el comercio no es una actividad productiva, por lo tanto no le aplica.” (El Periódico 18/07/14).

Por su parte, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, explica su oposición a la ley: “No es posible que actualmente estemos pensando en que la única forma de generar desarrollo en Guatemala es creando privilegios para determinadas actividades como industriales, agrícolas y de servicios, que llegan, según esta iniciativa de ley, hasta más de 60 años que van a exonerar del pago de impuesto sobre la renta (ISR) y otros impuestos establecidos en el país. Guatemala lo que realmente requiere en lugar de la generación de estos parches en la legislación es cambiar estructuralmente una Reforma Fiscal, que simplifique, que tenga tarifas que sean competitivas a escala mundial y acorde a nuestra realidad económica y social, y que las normas también sean iguales para todos, que es un principio importante.” (Siglo XXI 6/07/14).

Nuestra postura

El gobierno y la burguesía exportadora y maquilera hipócritamente se hacen pasar por benefactores de los trabajadores al defender la Iniciativa 46 44 diciendo que permitirá retener miles de empleos y crear otros miles más. Bien sabemos que el capital se mueve hacia donde les sea garantizado el máximo de ganancias; ese es el único criterio, y por eso el gobierno trata de atraer inversionistas ofreciendo que no gastarán en impuestos. A pesar de que la iniciativa de ley pone como condición a las empresas beneficiarias el respeto de las leyes laborales del país, las maquilas y exportadoras tienen una siniestra tradición de violación de los derechos laborales, negación del derecho de sindicalización y prestaciones laborales, pésimas condiciones de trabajo; además son beneficiadas con un salario mínimo legal inferior al que prevalece en las demás empresas. No es casualidad que junto a la aprobación de esta ley la burguesía y el gobierno impulsen también la conformación de circunscripciones económicas especiales, en las que el atractivo principal serán los salarios inferiores al mínimo de ley.

Por ahora la mayoría de bancadas del Congreso son contrarias a la aprobación de la ley, pero es debido a que será el gobierno que quede electo en 2015 el que sufrirá la merma de sus ingresos cuando la ley entre en vigencia en 2016. La opción que están levantando es que mejor se modifique la ley de maquilas 29-89 para cumplir con las exigencias de la OMC.

Consideramos que la exención de impuestos a las empresas lo único que hará será desfinanciar más al Estado y dar una justificación para que los gobiernos no inviertan en educación, salud y demás necesidades básicas de la población trabajadora. Demandamos el cese de todas la exenciones de impuestos; impuestos directos a las ganancias de los bancos y financieras; incremento de las regalías e impuestos que pagan las industrias extractivas y mineras; una reestructura fiscal que haga que los que ganan más paguen más.