Dirigentes sindicales del sector salud

Por Guillermo de La Cruz

El problema de la salud pública ha mantenido relevancia desde principios de año, pero últimamente, debido a la manifestación realizada a finales del mes pasado el tema ha tomado importancia una vez más.

El incumplimiento del pacto colectivo, el desabastecimiento de insumos hospitalarios y las complicaciones a los pacientes derivadas por dicho desabastecimiento, tales como los 19 casos de tuberculosis los cuales terminaron de forma fatal, han motivado a los salubristas a tomar cartas en el asunto; parte de estas acciones fue la manifestación antes mencionada.

A pesar de que los hospitales siguen desabastecidos, el ministro de salud Jorge Villavicencio el mismo día de la manifestación afirmó en conferencia de prensa que el ministerio de salud cuenta con un abastecimiento del ochenta por ciento y que el problema radica en que las medicinas, insumos y vacunas son distribuidas en cantidades pequeñas por problemas de logística, a lo cual la vicepresidenta Baldetti agregó: ““No puedo decir que la red hospitalaria está al cien por cien, porque eso sería mentirle, pero esto es la historia de 40 años de atraso en el sistema de salud” (Prensa Libre 29 8 14).

Aunado a esto, el incumplimiento de la ventana de los mil días y las muertes provocadas por dicho incumplimiento son motivo de descontento para los salubristas, quienes exigen vacunas y alimentación para los infantes, principalmente para el área departamental de Huehuetenango, San Marcos y Retalhuleu, lugares donde se han reportado casos de muerte por desnutrición.

Para dar solución al problema de salud, el Frente Nacional de Lucha (FNL), por medio de su secretario general Luis Lara, propuso al Congreso la creación de un impuesto a las telefonías móviles de un quetzal por cada línea activa; dicho impuesto, que podría ascender a los mil millones de quetzales, sería destinado a los departamentos que registran mayor índice de problema en asistencia médica.

A todas luces se ve que el interés del gobierno es mínimo y no refleja la realidad nacional sino que enmarca un claro servilismo a la oligarquía; bajo esta consigna es evidente que la unificación campesina, sindical y popular es cada día más necesaria, que se debe realizar un paro general para presionar al gobierno demostrando la fortaleza de los trabajadores salubristas y exigirle transparencia en su accionar político.

Repetimos la propuesta que hemos hecho otras veces de crear un impuesto a las ganancias de los bancos y corporaciones financieras, para financiar los programas de salud y educación. Una vez más demostramos nuestro apoyo a los compañeros salubristas. Les exhortamos a que organicen un paro general del sector salud para presionar al gobierno a dar un servicio digno a la población; para ello es indispensable ganar el apoyo del pueblo en general y las organizaciones populares, mediante una fuerte campaña de divulgación.