Por Marcial Rivera

A principios de Julio, el diputado Marvin Osorio del partido LIDER presentó una iniciativa de ley para establecer como obligatoria la lectura de la biblia en las escuelas públicas, por cooperativa y privadas; porque a su juicio la lectura de este libro -en donde se narran matanzas, masacres y cuyo contenido se torna sumamente violento en algunos pasajes del mismo- reducirá los niveles desmedidos de violencia, existentes en la sociedad actual. Para nadie es un secreto que en Guatemala existen niveles de violencia sumamente altos y que los esfuerzos tanto a nivel de políticas de prevención como de combate a las distintas expresiones del crimen han sido insuficientes o básicamente inexistentes; por lo que el parlamentario considera que la "palabra del señor" es la vía para solucionar los problemas de violencia que existen actualmente. Habrá que recordar que hace algunos días Carlos Mendoza, de la Asociación de Humanistas Seculares de Guatemala, se presentó al salón del pueblo del Congreso de la República para exponer las razones, por las que imponer la lectura obligatoria de la biblia, atenta contra el espíritu laico del Estado; en dicha actividad líderes evangélicos -afines al diputado Osorio- de forma violenta, agresiva e intolerante y actuando en nombre de su dios, prácticamente expulsaron a Mendoza del Congreso de la República, por considerar que era un enviado de Satanás.

Democracia, no Teocracia

Indudablemente el conflicto armado, la represión durante el mismo y la Constitución del '85, como fruto de la necesidad de refundar el Estado -en aquel momento- tienen algún componente religioso. Evidentemente desde la conquista y la colonización, Guatemala ha sido un país eminentemente religioso, fundamentalmente católico, con una mezcla de sincretismo religioso, a partir de las comunidades indígenas. Las corrientes protestantes, a quienes abrieron las puertas los gobiernos liberales de finales del siglo XIX, fueron introducidas durante el conflicto armado; y ante la persecución por parte del ejército hacia catequistas y asesinatos de religiosos, muchas poblaciones decidieron 'migrar' de religión y volverse protestantes, con el propósito de resguardar sus vidas, cosa que al ejército le permitió tener un mejor control sobre estos grupos de población. Ahora bien, la constitución actual garantiza la libertad religiosa, lo cual es indudablemente respetable en un contexto en el que se aspira a vivir en democracia, en eso: Democracia. La democracia debe ser precisamente una forma gobierno en la que todos los grupos poblacionales quepan, tanto los grupos de la población que profesen una religión, como aquellos que decidan no tenerla, y no una Teocracia, en donde sea una creencia religiosa la guía del accionar del Estado.

Sobre esta iniciativa, habrá que recordar que ya tiene su antecedente en 2014, y ahora se da en la coyuntura de la campaña electoral, en medio de una crisis política sin precedentes, y donde las manifestaciones exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, llevan 3 meses y parecen no detenerse.

¿Reduce la violencia?

Aprobar una medida así contraviene la libertad de religión misma, al imponer una religión, y sobre todo el artículo 37 de la LEY PINA (Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia), en donde se establece el carácter laico de la educación. La religión, no es otra cosa más que un espacio de reproducción de la violencia, patrones machistas, patriarcales, misóginos, LGTBIfóbicos y por supuesto de enajenación mental.

No hay evidencia científica, que compruebe que la lectura de la biblia obligatoria en las escuelas públicas, reduzca significativamente los niveles de violencia en determinado país; contrario a esto, la presencia de distintas religiones en algunas comunidades del altiplano Maya, ha generado división y confrontación entre sus miembros, incluyendo en espacios de desarrollo y discusión importantes como los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES). En Guatemala la violencia que involucra a gran parte de la juventud debe ser combatida desde su raíz, que consiste en estructuras sociales excluyentes, que niegan a los jóvenes oportunidades de trabajo, educación, salud, vivienda, etc., que empujan a las nuevas generaciones a huir hacia Norteamérica o a incorporarse a las pandillas violentas. Y esas estructuras solo pueden ser destruidas por una auténtica revolución, que ponga en manos de los oprimidos y explotados el destino de la nación.

La población debe defender el espíritu laico del estado, la imposición de una religión es un atentado contra los Derechos Humanos y las reivindicaciones democráticas del pueblo de Guatemala.