Por Leonardo Ixim

El constante destape de casos de corrupción por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (que comenzó con el caso La Línea, la aprensión de la junta directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social comenzando con su presidente, el ex militar Juan de Dios Rodríguez, otros casos de sobre costo en el Ministerio de Gobernación y recientemente la detención del ex secretario privado de Otto Pérez quien además es su yerno, Gustavo Martínez por tráfico de influencias a favor de dos empresas), provocó el descalabro de una red de poder conformada por ex militares y civiles que fundaron el Partido Patriota a la sombra de dos grupos fácticos que creados desde el ejército, es decir La Cofradía y El Sindicato, que sirvieron de trampolín para la consolidación de una facción de la burguesía de origen mafiosa y burocrática.

El destape de casos de corrupción por la CICIG y el MP responde -pese a tener el aval de algunos sectores de la sociedad civil y de la población en general- a la agenda regional de reacción democrática impulsada por Estados Unidos para Triángulo Norte de Centroamérica, con el fin de controlar a facciones mafiosas que atenten contra sus intereses.

Las movilizaciones contra la corrupción

Desde finales de abril hasta ahora, todos los sábados se han dado distintas concentraciones, siendo las más numerosas las del sábado 25 de abril y las del 16 de mayo, la primera logrando más de 30 mil personas y la segunda un poco más de 60 mil. Se está programando otra concentración para el sábado 18 julio, siempre con la consigna de renuncia del actual mandatario y la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Como mencionamos en otros artículos, el grueso de estas movilizaciones fueron sectores de capas medias, a la que se les sumaron estudiantes universitarios sobre todo de la pública Universidad de San Carlos, pero también de privadas como la Universidad Rafael Landívar, y del Valle de Guatemala, Francisco Marroquín y Mariano Gálvez. Por otro lado se conformó un espacio compuesto por pueblos indígenas, campesinos, estudiantes universitarios y sindicatos como UNISTRAGUA, que se denominó Asamblea Social y Popular; en ella sobresalen organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campesina y CCDA, además de autoridades mayas. De igual forma se registró una mega concentración el día 20 de mayo por parte de la organización campesina CODECA y del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, con similares reivindicaciones

La participación de sectores de las capas medias giró en torno al tema de la corrupción tema que afecta las fibras de esta capa social; sin embargo el contenido popular hizo girar las protestas hacia el descontento contra la clase política, centrando su enfado contra el principal candidato en las encuestas, Manuel Baldizón del partido LIDER, que desde ese momento inició su descenso en las preferencias de voto. A partir de eso se planteó por parte de la ASP y otras instancias la necesaria reforma a la LEPP. Se dieron así una serie de iniciativas en todo el país como el quitar propaganda electoral, interrumpir mítines, sobre todo de LIDER, etc.

La postura del sector empresarial por medio del CACIF, evolucionó desde apoyar la renuncia de Baldetti, a sostener, junto al gobierno gringo, al actual presidente pero sin meter demasiado las manos al fuego por este; recientemente se han manifestado tanto los empresarios como el embajador Todd Robinson por las reformas de la LEPP. Sin embargo también se vieron agendas ocultas, como focalizar toda la tirria a la clase política en Baldizón -quien es considerado rival a las facciones tradicionales burguesas-, el apoyo a otros candidatos como Sandra Torres y sobre todo al comediante Jimmy Morales del partido FCN, partido formado por ex militares contrainsurgentes aglutinados en AVEMILGUA, quien sorpresivamente ha subido en las preferencias. La táctica seria desbancar a Torres por una segunda vuelta entre Baldizón y Morales y la apuesta a la victoria del segundo.

Los sectores populares por su parte exigen la postergación de las elecciones hasta la reforma, de parte del Congreso, de la LEPP. Ese escenario es casi imposible por la poca fuerza movilizadora, por tanto los dos coaliciones de izquierda URNG-WINAK y CPO-CRD (antes ANN) se movieron para elegir candidatos que provienen de sectores organizados populares. Nuestra política previendo eso, es el voto crítico hacia esas opciones, tomando en cuenta que en muchos elementos su programa es reformista y que no lograron la necesaria unidad, pero recogen algunas demandas democráticas. En ese sentido el llamado al voto nulo que al inicio alcanzó el segundo lugar de preferencias fue bajando. Sin embargo el hecho que existan dos coaliciones que podrían retomar el descontento social hace que se prefiera en algunos casos anular el voto. Es importante señalar que muchos de los candidatos de URNG-WINAQ plantean la necesidad de realizar las reformas a la ley electoral y hasta la posibilidad de renunciar -en lo que se refiere al binomio presidencial- si no se realizan esas reformas.

Las otras movilizaciones

Por otro lado los sindicatos mayoritarios, que tienen sus bases en el Estado, el de educación STEG y el de salud SNSG, junto a la organización campesina CONIC y el cascaron de central sindical UASP, iniciaron con una postura ambigua con respecto a las reformas a la LEPP hasta oponerse recientemente a esta. Fetichistamente se sumaron a la postura gubernamental de no romper la institucionalidad electoral y en el reciente plantón de la ASP en el Congreso para la exigencia de la aprobación de las reformas, las dirigencias de ambos bloques amenazaron con enfrentarse.

Demagógicamente los dirigentes de estas organizaciones plantean la necesidad de la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de otras leyes, algo que la ASP erróneamente ha dejado de lado. Sin embargo han denunciado el papel de los empresarios en la defraudación fiscal y exigen que no haya reformas a la ley de servicio civil en función de no tocar los pactos colectivos, demanda que nos parece importante resaltar y que la ASP y los demás sindicatos debería levantar, señalando la actitud demagógica de STEG y SNSG. El actuar de estos sindicatos cual esquiroles, no es para apoyar a este desprestigiado gobierno, sino para salvaguardar los intereses de las burocracias respectivas negociando con LIDER, privilegios que se anotan en los pactos colectivos y que sirve de cantaleta a la oligarquía y sus corifeos para desprestigiar esos convenios laborales.

Las reformas electorales

El clima de movilización hizo que desde la USAC se conformara una Plataforma para la Reforma de Estado, coordinada por el rector Carlos Alvarado. En esta plataforma al inicio estuvo presente el CACIF, pero se retiró ante la postura de varios organismos como la ASP y otros, de aprobar reformas y postergar las elecciones. Este espacio consensuó la postura -dejando atrás la promesa inicial de presentar una iniciativa de ley, para lo que constitucionalmente la universidad tiene potestad- de sumarse a la propuesta de reforma electoral presentada por el Tribunal Supremo Electoral.

El tema de la iniciativa de ley era simbólico, pero la ASP en todo momento mantuvo una posición poco crítica con respecto a la direccionalidad que le dio Alvarado, quien por su parte pretenden lavar la cara de su administración señalada por anomalías en sobre costos de edificios en la universidad.

Consideramos que construir consensos entre sectores del proletariado y populares es importante, pero es fundamental la movilización. Ante eso la ASP se quedó sola con el apoyo de estudiantes sancarlistas conscientes, en un plantón alrededor del edificio del Congreso, que duró una semana y que tuvo poca incidencia. La ASP tiene pendiente una serie de asambleas locales -pues está conformada por organismos en los territorios- pero tiene sobre sus espaldas que las sesiones del Congreso inician el martes 14 de julio. Por otro lado, ha quedado pendiente consolidar la unidad con otras expresiones populares como CODECA, que significaría realizar acciones de hecho más contundentes y levantar algunas posturas de las burocracias sindicales antes descritas.

Conocer las propuestas de reforma queda para un próximo artículo, ahora solo señalamos resumidamente que en la iniciativa legal del TSE y la propuesta de la reforma, se toca temas que desde nuestro parecer son democráticos, como mayor regulación del financiamiento privado -sin prohibirlo totalmente- y la compra de espacios de radio y tv por parte del TSE distribuidos entre los partidos; la reelección por una vez en cargos para diputados y alcaldes (porque constitucionalmente si está permitido); la conformación de Comités Cívicos Distritales -que puede ser una oportunidad para los sectores populares- aunque queda en el tintero los requisitos de conformación; la necesidad de dar territorialidad a los partidos y no centrar solo en los requisitos mínimos para su creación, y mantenerse como partido después de las elecciones, que recordemos requiere haber ganado el 5 % del padrón o por lo menos un diputado.

Y la legalización del voto nulo que se convierte en voto válido y que tiene incidencia en los resultados si se vuelve mayoritario. Esto lo vemos como una importante conquista porque se genera el marco legal. Sin embargo señalamos que la política de voto nulo es concreta, es decir se aplica según las circunstancias. Si se realizan las elecciones, y todo parece que sí, nosotros llamamos al voto crítico hacia las izquierdas. Quedan pendiente en estas reformas otros elementos como las listas uninominales y otras, que se abordar en otro artículo.