Por Leonardo Ixim

La propuesta de reforma electoral enviada por el Tribunal Supremo Electoral en base a la facultad que este ente tiene de presentar iniciativas de ley, propuesta a la cual se sumó la Plataforma Nacional Para la Reforma del Estado, mesa coordinada por la Universidad de San Carlos a la que se sumaron espacios como la Asamblea Social y Popular y varias ong`s, ya ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y ratificada en primera lectura por el pleno de diputados, faltando dos lecturas más para su sanción final.

Sin duda la coyuntura marcada por movilizaciones protagonizadas por sectores de las capas medias y algunos campesinos y obreros en menor medida, ha obligado a los factores que concentran el poder a desempolvar iniciativas de reformas electorales, en un intento de oxigenar al régimen político. De igual manera ha influido en el accionar de la Cicig y el Ministerio Público con respecto al destape de casos de corrupción, tráfico de influencias, contratos anómalos, o señalamientos a políticos sobre estas cuestiones, al gobierno actual, al partido Lider y en menor medida a otros partidos.

Intentos previos de reformas

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 entre el Estado y la guerrilla de la Urng, se pretendió democratizar el Estado desmilitarizándolo e incorporando a sectores sociales que se identificaban con el programa insurgente, buscando transformar además el modelo económico vía la distribución de la riqueza. Para ello se crearon un montón de iniciativas impulsadas por organismos de la sociedad civil con el acompañamiento de entes estatales; una de ellas fue la reforma política del Estado. Las organizaciones sociales y la izquierda convertida ahora en partido político electoral, pretendieron que por medio de la negociación y priorizando lo electoral, lograrían poner en marcha el programa mínimo que implicaban los Acuerdos de Paz.

Con la derrota de la Consulta Ciudadana de 1999, cuya intención era incorporar las reformas de los Acuerdos de Paz en la Constitución Política de la República de Guatemala, muchas de estas iniciativas se quedaron en el papel. Tal el caso de las reformas electorales, que se han implementado a cuenta gotas para no alterar la correlación de fuerzas a favor de sectores conservadores, pero que ha implicado que nuevas élites emergentes burguesas vía partidos políticos le disputen al poder a factores tradicionales como la oligarquía; esto de la mano de la vinculación con el capital mafioso y el aprovechamiento desventajoso para el Estado vía contratos o el robo y la corrupción.

En 2004 y en 2006 se aprobaron reformas. De ellas quizás la más importante fue la de crear el voto residencial y aumentar con ello las juntas receptoras de votos acercándolas a las comunidades rurales, pensando que con ello se lograría reducir el abstencionismo. Otra reforma importante fue aumentar el número de empadronados para que un Comité Pro formación de partido se convirtiera en tal, de 15 mil a 25 mil; y otras relacionados con el aumento de requisitos para mantenerse como partido legal, mayor fiscalización sobre el financiamiento privado y funcionamiento de las estructuras partidarias, etc.

En el 2012 el Congreso realizó una nueva reforma que contó con observaciones de la Corte de Constitucionalidad para su aprobación, que contenía nuevamente mayores controles en lo que respecta a la fiscalización sobre el financiamiento privado, distribución de pauta electoral en los medios de comunicación por el TSE, regularización de la reelección a cargos públicos para un solo periodo, el voto en el extranjero para presidente, etc. Pero que observaba negativamente elementos como la separación entre las funciones administrativas y jurídicas del TSE aduciendo invadir la autonomía del árbitro electoral o la conformación de listas de postulación “mayoritarias” en lo que respecta a distritos electorales de predominio maya, xinca o garífuna, aduciendo que ese concepto rompe con la supuesta igualdad jurídica entre los habitantes de este país. Esta propuesta quedó varada en el Congreso de la República a raíz de que los intereses de los principales partidos -Lider y PP- se centraron en el reparto de cargos públicos de elección indirecta y del presupuesto actual en lo que respecta al manejo clientelar para fines de campaña electoral

La propuesta actual

A la espera de la segunda y tercera lectura, sobre todo con los votos de partidos como la UNE, Todos, Urng-Maíz, Winaq, EG, entre otros, esta iniciativa se aplicará como parte de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en enero de 2016. Burlándose de consignas que expresaban el sentir del actual movimiento como “en estas condiciones no queremos elecciones”; pero que por su parte demuestra la poca fuerza organizativa para generar amplias movilizaciones y no concentraciones de fin de semana, como se hasta ahora se ha hecho, y aquí nos referimos a las organizaciones populares.

En el dictamen de la comisión respectiva del Congreso, pese a recoger algunas demandas impulsadas por la población movilizada, todo se concierta para afectar en lo mínimo los intereses de los partidos políticos, sobre todo porque ya se plasma en el imaginario social la posibilidad de un Asamblea Nacional Constituyente, con los riesgos que conlleva un movimiento popular fragmentado.

Entre algunas de las reformas más importantes consideramos las siguientes: aprobación del voto de ciudadanos en el extranjero pero solamente para presidente, queda postergada la creación de un distrito electoral especial. Se aprueba la paridad de forma alternada entre hombres y mujeres para listas de postulación. Sobre la participación según composición étnica por distrito dice que se tomará en cuenta el dato del censo de 2002, que por demás esta rebasado.

Se reforma la lógica de los Comités Cívicos Electorales, que ahora tendrán la posibilidad de postular cargos a diputados distritales y para la Asamblea Nacional Constitucional; pero aplicando el mismo umbral de legalidad del 5 % de votos válidos del padrón o un diputado. Se tendría que aplicar un umbral menor para estos comités cívicos; además se les prohíbe el financiamiento público, lo cual es un sinsentido si se pretende controlar el financiamiento privado, siendo su techo máximo de aportes de 10 centavos de dólar por empadronado en el municipio o distrito electoral. Si se pretende participar para diputados, este comité tiene que tener organización en más de la mitad de los municipios de ese distrito electoral.

Se toma como vinculante el voto nulo en lo que respecta a la repetición de algún tipo de elección, pero solo si logra ser el 50 por ciento más uno. Esto por su parte es un riquísimo altísimo, además de que no se retomó la propuesta de establecer una casilla especial en la papeleta, aunque con esto jurídicamente dejaría de ser voto nulo como se entiende ahora.

En lo que se refiere a la distribución de recursos financieros públicos, se obliga a distribuirlos de esta forma: 30 % para formación, 20 % para actividades nacionales y de funcionamiento y 50 % en los departamentos. Se obliga a registrar en libros todo tipo de aporte público o privado, a registrar todo tipo de aporte en una cuenta bancaria, se reduce el techo de campaña a 0.50 centavos de dólar -lo cual todavía se considera elevado- , se individualiza la responsabilidad de los secretarios generales, de finanzas, así como los candidatos, que reciban aportes financieros sin fiscalización.

Una de las novedades es que el TSE comprará pauta a los medios de comunicación, que se distribuirá igualitariamente entre los partidos en contienda, un 50 % para postulación presidencial, 25 % para diputados y otro 25 % para alcaldes. Queda prohibido de parte de los partidos o de personas jurídicas o naturales contratar pauta. Se sanciona a los partidos al exceder el límite de campaña, suspendiendo su derecho de recibir aportes privados y públicos y por no entregar informes del gasto del financiamiento. Las multas están en el rango de cinco mil a 150 mil dólares, con la posibilidad de que en caso de reincidencia se suspenda al partido. Se insta a una mayor fiscalización entre el TSE y otros entes estatales como la Superintendencia de Administración Tributaria, la de Bancos, la Contraloría General de Cuentas, para supervisar los aportes financieros privados y su uso.

Se reforma el período de titularidad del secretario general de un partido de dos a tres años, con derecho a una sola reelección, pero con la posibilidad de que después de un período se pueda postular nuevamente. Se aplica obligatoriamente el sistema de representación por minorías -que se establece para las elecciones de diputados distritales, concejales y diputados al Parlacen- para la elección de comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales, después de haber electo mayoritariamente al secretario general y el adjunto.

Se reorganiza la presencia del partido en dos terceras partes de los departamentos, el 25 % de los municipios de un departamento y el 0.5 de los empadronados del último proceso municipal. Sobre esto consideramos que poner un umbral mínimo para los partidos puede vedar el derecho de asociación de importantes sectores sociales, tal como existe en las legislaciones de todos los países, sin embargo la presencia territorial es algo que se debe tomar en cuenta para realmente los partidos sean representativos

El TSE también pide reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, para lograr que las decisiones tomadas por ese ente solo sean revisadas bajo la figura de amparo en una única instancia por la Corte de Constitucionalidad y no como es ahora, que cualquier tribunal de justicia o la Corte Suprema de Justicia puede conocer un amparo. En los hechos esto sería convertirlo en un poder más del Estado; lo que habría que tomar en cuenta para una constituyente sería limitar las facultades de la CC -o su misma existencia- y reducir los ámbitos de aplicación del, amparo como la materia electoral, por ejemplo.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

Estas reformas, pese a retomar muchas de las iniciativas populares, se mantienen en la lógica de reproducir las mismas características de la partidocracia actual. La necesidad de ir reduciendo al mínimo el financiamiento privado, la separación entre funciones administrativas y jurisdiccionales del TSE y el control de los organismos populares sobre este, la creación de listas uninominales como existe, las elecciones de medio tiempo para diputados y municipales, la capacidad de elegir entre más de una lista, etc., podrían para atacar tal lógica y democratizar el sistema político aun mas.

Pero consideramos que es de suma importancia una mayor articulación entre las organizaciones populares como la ASP, Codeca, las centrales sindicales consecuentes tales como Unsitragua, Cgtg, Cusg, las bases de los sindicatos mayoritarios como el Snsg, Steg, y otros sindicatos, etc., en función de organizarse para la Asamblea Nacional Constituyente; exigir aun mas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, siempre bajo la movilización realizando acciones más contundentes como tomas de calles y huelgas generales, levantando un programa democrático anti oligárquico y anti capitalista.