Por Marcial Rivera

¿Le sorprende leer en los principales medios de comunicación en Guatemala, sobre una nueva crisis hospitalaria? Si le sorprende, muy probablemente usted que avanza su vista sobre este escrito, no se informa como debería sobre los principales acontecimientos del país, que evidentemente no dejan de estar relacionados con la crisis en el sistema de salud pública.

La Constitución de la República de Guatemala garantiza el derecho a la salud de los habitantes, no obstante pareciera que esta no es una prioridad real de quienes han administrado el poder. Durante la historia contemporánea del Estado Guatemalteco, el presupuesto en materia de salud ha sido insuficiente, al tiempo que los esfuerzos por subsanar este tema, simplemente no son suficientes. Resulta en una caja de resonancia el pretexto eterno de la falta de recursos, insuficientes producto de un sistema tributario injusto e inequitativo, y de autoridades legislativas que procuran asignar mayores recursos a otras carteras como el Ministerio de la Defensa, en lugar de las áreas prioritarias como salud y educación, que indudablemente deben estar en los primeros niveles de inversión estatal.

¿Y ahora qué pasó?

Pregunta sin respuesta… No obstante, lo que hemos atestiguado en los distintos medios, es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, culpa al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esto paralelo a la desatención de la que han sido víctimas departamentos como Santa Rosa, Huehuetenango, y Guatemala. Esta alza en la permanente crisis que vive el sistema de salud, ha propiciado la organización de distintas iniciativas desde la ciudadanía, desde la que han buscado contribuir a paliar en alguna medida la crisis actual; debe mencionarse que la atención a los más de cuarenta hospitales que existen, requiere de Q. 500 millones de Quetzales.

El personal de salud es sencillamente insuficientemente en proporción a la población actual. Es sobradamente conocido que en algunos municipios en el interior, sobre todo en las áreas más empobrecidas, en el Altiplano Maya, los puestos de salud, centros de convergencia y otras unidades de atención básica, tienen atención por parte de un médico, una o dos veces por semana, incluso con un margen mayor de tiempo, sin dejar de mencionar que en la mayoría de los casos, se trata de atención general, y no de atención especializada, en diferentes áreas, de acuerdo a las necesidades de la población.

Una de las principales consecuencias que produce una crisis en el sistema de salud, es precisamente el número de vidas que esto puede generar, escenarios tan específicos como pacientes con diabetes en sus distintos niveles, enfermos renales y/o población infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, necesitan medicamento de forma permanente, no pueden bajo ningún motivo desatender sus tratamientos de salud, pues al desatenderlos se arriesgan literalmente a morir.

¿Qué hacer?

Incluso en el más neoliberal de los contextos, un Estado no puede ni debe asesinar a su población por acción u omisión, que a la postre, sirve como mano de obra para ser empleada en la industria, comercio y otros sectores de la economía. La clase trabajadora, el campesinado y la población en general, deben emplazar a las actuales autoridades de la cartera de salud, encabezas por Mariano Rayo, para que hagan los esfuerzos suficientes, para resolver la crisis actual, y luchar por un presupuesto de salud, basado en las necesidades reales de la población, y que el mismo tenga como prioridad la atención integral hacia la población.

El sistema de salud debe estar en administración de los trabajadores, y de la población, la sobrevaloración de medicamentos, y de otros insumos, ha sido históricamente un nicho de corrupción, desde donde se han enriquecido las bolsas de los empresarios farmacéuticos, en detrimento de la mayoría de la población empobrecida, además del acoso sexual y laboral que sufre el personal de salud que labora en distintos hospitales y unidades de atención, bajos salarios, explotación laboral, y malos tratos por parte de quienes están a cargo de jefaturas, y mandos medios operativos, en el sistema de salud. ¿Le siguen pareciendo pocos los argumentos para enarbolar la bandera del sistema de salud en control de los trabajadores?