Por Marcial Rivera

Recientemente se conoció de la captura de 11 militares, que han sido ligados al caso de la base militar CREOMPAZ, entre ellos algunos bastante cercanos al nuevo gobierno presidido por el comediante Jimmy Morales. Los 11 militares que han sido ligados a proceso, son: Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Ismael Segura Abularach, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva. Se conoce que estos militares han tenido participación en distintas masacres en contra de población civil entre 1981 y 1986; en esta base CREOMPAZ, se encontraron 500 osamentas con cuerpos que se encuentran en distintos rangos de edad.

Estas masacres se realizaron con ocasión de la estrategia militar impulsada por el Estado de Guatemala, para aplastar a la guerrilla 'quitándole el agua al pez', o en otros términos, quitando del camino a la población civil, quien 'apoyaba a la guerrilla', lo que nunca fue comprobado. Habrá que recordar que en este caso también ha sido involucrado Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien fue electo como diputado del Congreso de la República, en las recién pasadas elecciones, por el partido FCN-Nación, quien llevó al poder a Jimmy Morales Rodríguez. Por este caso el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Sosa, presentó un recurso en la Corte de Constitucionalidad, pidiendo la suspensión del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, para que estos militares no sean juzgados, este recurso fue denegado por dicha corte.

Quitarle el agua al pez

Indudablemente el aplastamiento militar hacia las distintas comunidades indígenas a principio de la década de los ochentas, obedeció -entre otros factores externos e internos- al triunfo de la revolución Sandinista. Habrá que recordar que la guerrilla Nicaragüense -a diferencia de la Guatemalteca- tenía un buen apoyo, por parte de la población civil; en Guatemala, el ejército ha servido para masacrar poblaciones civiles enteras, para perseguir a quienes hicieran alguna crítica a los gobiernos de turno, pero además para proteger a la clase dominante, que indudablemente tenía vinculaciones de distinta naturaleza, con los megaproyectos que derivaron en el desplazamiento de miles de personas, como la represa Río Negro, en Chixoy, sobre lo que hay documentación y evidencia arqueológica y antropológica, al respecto, tanto de instituciones nacionales como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG, como de Naciones Unidas.

Esto sin dejar de mencionar los miles de pobladores desplazados de sus comunidades de origen hacia los barrios marginales del Valle de la Asunción y sus alrededores, hacia México, Estados Unidos, Europa y otras latitudes, desaparecimientos forzados a dirigentes sindicales, y líderes del movimiento social y popular. Un caso sumamente emblemático, sobre la persecución y represión del ejército, es el del niño Marco Molina Thiesen, quien fue secuestrado y desaparecido por la institución armada, y que también se está ventilando en los tribunales de la deteriorada justicia guatemalteca.

¿Actualmente?

La acusación hacia Ovalle y otros militares, trastoca sensiblemente al gobierno entrante, debe recordarse que su popular slogan ‘Ni corrupto, ni ladrón’, fue justamente el que le llevó a ocupar la primera magistratura en Guatemala, de manera que encubrir a estos militares, buscar recursos para protegerles, propiciar la impunidad y no exigir justicia en estos casos, también es corrupción.

Justicia

Además, debe hacerse referencia a las distintas capturas que se dieron durante la gestión de la ex fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, así como también durante la actual gestión de Thelma Aldana. Algunos de los casos más emblemáticos, son el de Benedicto y Fernando Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, Byron Barrientos, César Cabrera Mejía. Estos casos, que se encuentran en los tribunales de justicia, y otros más que están pendientes de ventilarse, no representan una persecución político-ideológica, justamente por estar en los tribunales de justicia; muy probablemente estaríamos en un escenario de persecución político-ideológica, si las víctimas del crisol de crímenes de lesa humanidad, estuviesen en búsqueda de igual sufrimiento para quienes perpetraron estos crímenes, para el asunto que nos ocupa en estas líneas, todo se trata de Justicia.