Por Armando Tezucún

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dieron a conocer el 15 de abril otro caso de corrupción en el que están involucrados los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, junto a más de una de docena de personas, muchas de las cuales fueron capturadas. Se trata del proceso anómalo de entrega de usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), uno de los principales puertos del país, que favoreció a la empresa de capital español Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ), perteneciente al grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona.

Este contrato fue firmado en secreto, el 11 de julio de 2012, y aunque habla de usufructo por 25 años a favor de TCQ, en realidad se trata de una concesión. El acuerdo estipulaba que TCQ utilizará 348,171.81 metros cuadrados de los terrenos que posee la Empresa Portuaria Quetzal para instalar una terminal de descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir las instalaciones actuales de la portuaria. A partir del 4 de agosto los trabajadores sindicalizados de la portuaria iniciaron una serie de acciones, protestas y paros contra el acuerdo, que culminaron con la ocupación de las instalaciones por parte de la policía y el ejército, y un acuerdo de diálogo el 10 de ese mes. A pesar de ello, el miércoles santo de 2013, el gobierno finalizó la entrega de los terrenos a TCQ.

Según la Cicig y el MP, desde que fueron electos, Pérez y Baldetti movieron sus piezas para negociar con TCQ. Contactos claves fueron el ex secretario general de la presidencia y yerno de Pérez, Gustavo Marínez; el ex secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón (quien ahora es testigo protegido y principal informante del caso); el exinterventor de EPQ Allan Marroquín y el ex subinterventor Julio Sandoval; tres dirigentes sindicales de la portuaria; los ahora magistrados de la Corte Suprema de Justicia Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, entre otros.

Por orden del expresidente Pérez, sus operadores contactaron en los primeros meses de 2012 a los directivos de TCQ y su representante en Guatemala, el español Juan José Suárez. El resultado de la negociación fue que habría una comisión para los gestores en el país por US$ 30 millones en efectivo, que incluían a los entonces presidente y vicepresidenta y a los operadores del negocio. El soborno se haría en varios pagos finalizando en 2015, antes de que terminara el período de gobierno de Pérez Molina. TCQ realizó dos pagos por un total de US$ 12 millones, de los cuales Pérez y Baldetti recibieron US$ 4.2 millones cada uno. El tercer pago no se realizó debido al descubrimiento de la red La Línea el año pasado.

Ya el año pasado la PGN había solicitado declarar nulo o lesivo el contrato con TCQ, en base a un análisis de la CGC. Entre otras cosas porque el acuerdo irrespetó la Ley de Contrataciones del Estado; fue firmado por el ex subinterventor Sandoval, quien no estaba facultado para ello; generaría condiciones de monopolio a favor de TCQ; el entonces juez Douglas Charchal intervino para evitar el pago de impuestos para obtener la licencia de construcción; TCQ fue creada en mayo de 2012, y obtuvo el contrato en 27 días; no hubo un proceso de licitación pública. Además, la PGN acusa de responsables a los 14 ex ministros del gabinete de Pérez Molina, que conocieron y firmaron el contrato.

El caso se complica, pues el Banco Mundial, a través de su Corporación Financiera Internacional, no solo dio un préstamo de US$ 61.3 millones para la construcción de la terminal, sino que invirtió US$ 7.7 millones en TCQ, pese a las advertencias del grupo Acción Ciudadana sobre las anomalías del contrato (Prensa Libre 20/04/16). Además, TCQ vendió su proyecto en Puerto Quetzal al gigantesco Grupo Maersk, originario de Dinamarca.

La burguesía local, con su habitual cinismo, se pronunció a través de diferentes cámaras empresariales, porque se deje operar a TCQ, debido a que es “…vital para la competitividad del país” y “El proyecto es más que necesario para el país, aunque la forma de implementarlo no fue la correcta.” (Prensa Libre 17/04/16).

La PGN está convencida de que el contrato debe ser declarado nulo, y el presidente Morales debe tomar una decisión al respecto. Esto a pesar de la implicación del Banco Mundial y Maersk, y posibles demandas y contrademandas.

Coincidiendo con este nuevo ataque de la Cicig contra Pérez Molina, y a un año de la primera manifestación contra su gobierno, las protestas “ciudadanas” se reavivaron, y los grupos que las convocan empezaron a realizar asambleas para coordinarse.

El PSOCA demanda que el contrato sea declarado lesivo y nulo, y que las instalaciones construidas por TCQ, que ya están finalizadas y esperando autorización para operar, pasen a ser propiedad del Estado, bajo el control y administración de los trabajadores de Puerto Quetzal.