Por Armando Tezucún

El proceso de discusión de las propuestas de reformas a la Constitución en lo que respecta al sistema de justicia, impulsado por los presidentes de los tres organismos del Estado, con el apoyo del MP, la PDH, la Cicig y organismos de la ONU, inició en abril pasado con una primera fase de discusión a través del llamado Diálogo Nacional. Éste se realizó en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa y Antigua Guatemala, y finalizó el 3 de junio. El 9 de junio fue inaugurada la segunda fase, que consiste en la discusión de las propuestas hechas en los diálogos sectoriales. En esta nueva etapa cada entidad, institución u organización que presentó sus propuestas enviará un vocero, sumando entre cien y 150 personas; se organizarán mesas de trabajo y los temas presentados serán discutidos por separado, todos los jueves, hasta el 28 de julio. Al final, la Secretaría Técnica -integrada por el Ministerio Público, la Cicig, el organismo judicial, la PDH, con el apoyo de organismos de la ONU- hará una síntesis, que será integrada en una propuesta de reformas a la ley que habrá de presentarse al Congreso de la República en septiembre para su discusión y aprobación.

Este proceso de discusión de las reformas constitucionales en el tema de justicia, con la consulta a diferentes sectores de la sociedad, es parte del plan de cambios al sistema político que impulsa el imperialismo gringo, para que la democracia burguesa y el capitalismo funcionen con el suficiente orden y equilibro de manera que su disfuncionalidad no represente una amenaza para el territorio de los Estados Unidos en cuanto al desborde de migrantes y las actividades del narcotráfico. El combate a la corrupción, con la reciente lista de exministros, funcionarios y empresarios acusados y detenidos, va en el mismo sentido.

El sábado 11 de junio se realizó en la Plaza de la Constitución de la capital la concentración de protesta más grande desde el año pasado; pero los cientos de personas que llegaron esta vez carecen de consignas propias, simplemente van detrás de la Cicig y el MP, apoyando las acciones que están realizando. El hecho de que este movimiento contra la corrupción, acuerpado mayoritariamente por las capas medias, se quedó sin banderas, quedó en evidencia en una reunión organizada en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, en la que 23 organizaciones de la “sociedad civil” que han impulsado el movimiento anticorrupción, junto a la PDH, manifestaron en un comunicado su respaldo al trabajo de una serie de funcionarios del Estado que han estado a la cabeza del combate a la corrupción.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado están Justiciaya, Acción UVG, Batucada del Pueblo, Fundación Myrna Mack, Movimiento Semilla, Acción Ciudadana, Otra Guatemala Ya, Universidad Rafael Landívar, y sorprendentemente la Asamblea Social y Popular, Usac es Pueblo y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Prensa Libre 14/06716). Los funcionarios que recibieron respaldo representan la institucionalidad del Estado burgués, que están colaborando con la embajada gringa con su plan de transformar el sistema político de acuerdo a sus intereses: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora General de la Nación, el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, el Superintendente de Administración Tributaria, la procuradora adjunta I del PDH, el Ministro de Gobernación y la jefa del Ministerio Público.

Resulta sorprendente cuánto ha perdido el rumbo la Asamblea Social y Popular (ASP), al punto de ponerse a remolque de las instituciones del Estado burgués y de la embajada de los Estados Unidos. Más grave aún es que el comunicado, y la ASP, apoya la decisión de “cancelar los pactos colectivos lesivos para el Estado” (Idem), ignorando que este es un pretexto para atacar las conquistas de los trabajadores estatales, en especial los de salud y educación.

Hacemos un llamado a las compañeras y compañeros de la ASP, y a todas las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y populares, a no tener ni un gramo de confianza en los funcionarios del Estado burgués, que se muestran como los paladines contra la corrupción, pero que en realidad marchan detrás de los dictados del imperialismo. La necesidad urgente es conformar un movimiento independiente que presente una alternativa clasista y popular a los planes de reforma del imperialismo, acuerpando, no a los funcionarios burgueses, sino al proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente, plurinacional, de los trabajadores y los pueblos, que transforme de raíz Guatemala a favor de los oprimidos y explotados.