Por Leonardo Ixim

El Ministerio Público y la Cicig siguen evidenciando casos de corrupción sobre el saqueo del Estado que realizaron la banda del Partido Patriota (PP) y el ex binomio presidencial, ahora con el caso de Cooptación del Estado y un caso aledaño, la Coperacha; así como otro caso relacionado, pero en el ámbito electoral, sobre financiamiento ilegal a partidos políticos.

En el caso denominado Cooptación del Estado, el Partido Patriota, fundado a inicios de la década pasada por una pléyade de ex militares, políticos y empresarios, con el financiamiento de los principales grupos corporativos, se dedicó a saquear -como práctica habitual de la burguesía- al Estado de Guatemala.

Pero no bastándole el financiamiento de los principales grupos corporativos, como el consorcio de la televisión abierta propiedad del mexicano Ángel García, empresas constructoras, bancos importantes, grandes monopolios de los principales oligarcas, como los de los Castillo, Herrera, Sinibaldi, Gutiérrez, etc., funcionarios del PP crearon una pléyade de empresas de cartón a través de las que se financió las campañas electorales de 2007 y 2011, en la que resultó ganador Otto Pérez, para después lograr contratos jugosos con el Estado. Recientemente se han entregado Flavio Montenegro y Sergio Peña, ex gerentes de GyT y Banrural respectivamente.

Esta cooptación ha sido una práctica habitual del Estado guatemalteco desde su fundación a mediados del siglo pasado, alentada por las distintas fracciones burguesas del bloque dominante. Lo interesante es que para el imperialismo gringo es ahora desventajosa para sus intereses; esto coincide con las demandas de algunas capas de la población sobre todo media, de que las instituciones de justicia actúen frontalmente contra la impunidad.

En ese sentido, el sábado pasado la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velázquez, revelaron otro caso más, el de la Coperacha, capturando a importantes ex ministros del defenestrado gobierno del PP: Mauricio Bonilla que estuvo en gobernación, los ex ministros de defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio y hay orden de captura internacional contra Alejandro Sinibaldi, quien estuvo en comunicaciones y transportes, y Erich Archilla propietario de varios medios de comunicación del Grupo A y quien fuera ministro de energía y minas. Ya anteriormente por el caso de Cooptación del Estado fue capturado el ex ministro de cultura y deportes, el ex futbolista Dwight Pezzarosi.

En el caso de la Coperacha, los capturados están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, al entregar lujosos regalos a sus ex jefes, Otto Pérez y Roxana Baldetti. Por su parte el Movimiento Reformador, partido que propuso a Sinibaldi presentarse como su candidato cuando éste renunció al PP, sin que esto se concretara y que creó una bancada con diputados tránsfugas de este último pues no logro ninguna curul, adujo desconocimiento.

Por otro lado, otro nuevo caso, el de financiamiento ilegal relacionado a las formas con que el PP financió sus campañas, aparece en la escena. Sin embargo, desde el año pasado el Tribunal Supremo Electoral ya había emitido sanciones pecuniarias a los partidos PP y Lider por campaña anticipada. De igual forma se amenazó con la cancelación de ambos partidos por rebasar considerablemente el techo de campaña, lo cual este organismo no quiso realizar por el temor a desestabilizar aún más al Estado, en el marco de las movilizaciones del año pasado y los factores de poder en pugna.

La Fiscalía de Delitos Electorales investiga ahora 19 denuncias por financiamiento ilícito al PP, señalando de delitos como coacción del elector, privación del acto eleccionario y falsedad material e ideológica con propósito electoral. En ese sentido, el magistrado del TSE Jorge Valenzuela nuevamente amenazó con cancelar al PP y la fiscal general señalo que “un partido así no debería existir” (Prensa Libre 15-06-12).

Con las reformas a la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, además de sancionar al partido -situación que ya se contemplaba- y aumentar el monto de las multas, se individualiza a los secretarios generales y de finanzas por violación a la legislación. Por otro lado, se insta a la coordinación con otros organismos del Estado para detectar los orígenes del financiamiento ilícito. Desde nuestro punto de vista, consideramos que, ante la discusión de las nuevas reformas a la Lepp, que se contempla, los sectores populares deben estar vigilantes para abrir aún más los espacios, sin embargo, repetimos que cada vez es más necesaria, una Asamblea Nacional Constituyente de los trabajadores y los pueblos, que reorganice el país en beneficio de los pobres, oprimidos y explotados.