Por Úrsula Coj

El destape de casos de corrupción de parte de la Cicig y el MP ha evidenciado primero, cómo la corrupción es el modus vivendi de las distintas fracciones de la burguesía o las que se convierten a tal, como la pléyade de militares y civiles cercanos al moribundo Partido Patriota; pero también importantes empresarios, banqueros, cercanos a la cúpula oligárquica por un lado y empresarios emergentes por otro, son señalados e investigados penalmente, tal es el caso del mexicano Ángel González y su prófuga esposa, dueños en Guatemala de los principales canales de televisión abierta y de la cadena radial Radio Sonora.

Esto provocó la reacción de este empresario mexicano, así como de ex militares versados en tareas de inteligencia y operaciones psicológicas, algunos enjuiciados actualmente, quienes iniciaron una campaña de desprestigio contra Thelma Aldana e Iván Velázquez, involucrando a la primera con Juan Carlos Monzón, convertido en delator en las investigaciones de estos entes. Sabemos cómo llegó Aldana a su puesto -con el apoyo de la casta del Patriota y de sus operadores- pero ya sea por convencimiento, audacia, o por ambas, ha jugado un papel aplaudido por la población, en lo respecta a perseguir penalmente a la mafia de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Pero esto provoca además disputas comerciales entre distintos grupos de medios de comunicación, pues la ofensiva de Ángel ataca a los intereses de los medios cercanos a la oligarquía o núcleos de esta, como Prensa Libre, Guatevisión, El Periódico o el Grupo A (dueños de Emisores Unidas), Canal Antigua, etc.; que ni lentos ni perezosos buscarían apropiarse de las frecuencias radioeléctricas del primero.

Recordemos que la Cicig nace por pedido de las organizaciones civiles y sociales, vinculado al Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Desmilitarización, dentro de los Acuerdos de Paz, más que por una intromisión pura del imperialismo estadunidense. Aquí se evidencia la falta de capacidad de las fuerzas de izquierda y sociales para mínimamente realizar reformas democráticas, de allí su esperanza en los organismos internacionales como la ONU, donde siempre existen distintos niveles de influencia imperialista.

En la práctica, la Cicig ha sido usada para favorecer algunas elites en detrimento de otras, por ejemplo, en la época del español Castresana y sus acuerdos con el Grupo Multiinversiones para lograr apresar al expresidente Portillo, por distintos casos de corrupción. Otro sonado ejemplo fue el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que en un video acusó a Álvaro Colom y Sandra Torres, de su posible homicidio, probando la Cicig que éste se suicidó y exculpando a la pareja presidencial.

Por su parte, Velázquez y Aldana coinciden plenamente con los intereses estadunidenses de limpiar su patio trasero en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad, por encima de los intereses de oligarcas y mafiosos, es decir, el macro poder de la potencia sobre las rencillas fraccionalistas de la burguesía, para garantizar el sostenimiento del modelo, aun sobre los intereses de corto y mediano plazos de los grupos empresariales. De ahí que las reformas constitucionales en el sector de justicia vayan en esa línea, buscando crear un poder judicial como casta independiente tal como funciona en otros países

Otro debate sucedido en los últimos días fue la declaración del encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en San Salvador. En la resolución final argumenta que la Cicig -pese a sus logros, dice- es un instrumento del imperialismo, resolución razonada por Urng y Winak quienes no comparten esta posición –punto de vista que no fue tomada en el documento final- y que también dividió al partido Convergencia, entre la ala del ex comandante Monsanto a favor de lo acordado en el FSP y los que proceden de la sociedad civil, con los diputados Álvaro Velázquez, Sandra Morán y Leocadio Juracán, que se opusieron a la declaración. Esta situación ha sido aprovechada por Rubén Zamora, director del El Periódico, miembro de la SIP y cercano al Departamento de Estado, quien se ha convertido en paladín de la lucha contra la corrupción y sueña con ser presidente apoyado por los gringos, al escribir en una columna sobre los acuerdos que Ortega y Correa tienen con González, siendo socios de medios en Nicaragua y Ecuador respectivamente.

Por último, otro altercado sucedido recientemente fueron las declaraciones de Velázquez sobre que hablar de injerencia extranjera es infantil, ante los evidentes acuerdos y respaldos de los organismos de justicia estadunidense para con la Cicig y el MP; la reacción fue de la extrema derecha y grupos pro empresariales, que retomaron en parte el discurso anti-injerencista asumido en marzo pasado por el gobierno y el nuncio apostólico.

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