Por Maximiliano Fuentes

 Son varios los escándalos de corrupción del actual gobierno. Diversas instituciones del Estado están marcadas por la falta de transparencia y por favorecer a los intereses de los empresarios y los funcionarios del gobierno. Podemos enunciarlas y no terminaríamos de enumerarlas; sin duda alguna la burguesía hondureña, lejos de invertir en la producción prefiere entablar relaciones comerciales de forma directa con el Estado y acrecentar sus capitales a través de los negocios ilícitos.

La corrupción en Honduras es un hecho latente.

Evidentemente está íntimamente relacionada con la falta de oportunidades y las enormes desigualdades alentadas por las contradicciones sociales. La mala administración del Estado por las pretensiones de la burguesía de acrecentar sus capitales ha sido uno de los problemas capitales de nuestra historia reciente. Desde inicios del siglo XX podemos corroborar actos de corrupción entre funcionarios y administradores del Estado, quienes por dádivas otorgaban grandes concesiones a las transnacionales bananeras y mineras.

La inaplicabilidad de la ley burguesa ha permitido grandes exoneraciones  a los deudores del fisco, contratos bilaterales con empresas de capital privado que ofertan servicios que en momentos anteriores eran cubiertos por el Estado como los realizados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, HONDUTEL,  y otras empresas e instituciones del Estado. “Las tres principales empresas de servicio del Estado dejaron de ser las “gallinitas de los huevos de oro” del país y se han convertido en un refugio de políticos. Allí laboran más de ocho mil personas, cuando según expertos podrían operar con menos de cuatro mil (…) son empresas dirigidas a la quiebra, según pronósticos de analistas consultados. En los últimos gobiernos la Enee , la ENP y Hondutel no solo han dejado de hacer transferencias al Gobierno como antaño, sino que algunas reciben millonarios subsidios, lo que evidencia su precariedad. Las tres estatales significan al Estado por año arriba de los 30,000 millones de lempiras solo en presupuestos que se les asignan para operar.” ( HolaHonduras. TV )

Son diversos los casos en que gobernantes de la República se han implicado de forma directa e indirecta en actos de corrupción, pero llama la atención que ninguno de ellos ha sido despojado de la autoridad que les enviste para ser procesados por la comisión de delitos.

El caso de Tito “el bandido”

El más reciente caso de corrupción, donde resulta implicado el ex titular de la Secretaría de Finanzas de la actual administración, ha logrado mostrarnos una vez más la corrupción imperante del actual gobierno.  Tal es el grado de desfachatez del funcionario, que ante pruebas abrumadoras y sin tener los medios de prueba para demostrar su inocencia, ha tenido que renunciar al cargo de Secretario en el despacho de Finanzas.

Resulta que la semana anterior, su señora esposa fue capturada por agentes de la policía en un pequeño retén en la salida de la ciudad de Tegucigalpa, carretera que conduce a San Pedro Sula. En el automóvil en que ella se desplazaba se encontraron un millón dos cientos mil Lps, mismos sobre cuya procedencia no pudo dar cuenta. Tras el escándalo, son varias las denuncias recibidas; el mismo Presidente Porfirio Lobo ha aceptado haber recibido varias denuncias sobre la implicación del Ex Ministro de Finanzas en el alquiler de varias fincas camaroneras propiedad del Estado a empresas de capital privado.

El Estado debe ser administrado por los trabajadores

Solamente un Estado administrado por los trabajadores, que vigile y destine de forma oportuna y desinteresada los recursos, podrá garantizar un manejo transparente de los mismos. Se hace necesario que el pueblo trabajador exija, a través de un proceso de movilizaciones, cárcel para los corruptos, así como el embargo de todas sus cuentas y propiedades. De lo contrario, la burguesía y sus administradores seguirán despilfarrando las arcas del erario público.