Por Armando Tezucún

El 1 de septiembre el ejecutivo presentó oficialmente su plan de presupuesto para el próximo año, que ascenderá a Q 79,830 millones, alrededor de un 13% más que el que fue aprobado para el presente año, que ascendió a Q 70,700 millones. Según funcionarios del gobierno, el plan de gasto priorizará las áreas de salud, educación y todo el sistema de seguridad y justicia.

Para financiar el presupuesto 2017, el gobierno cuenta con una proyección de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria de Q 57,900 millones. Por tanto, se estima un endeudamiento de alrededor de Q 13,100 millones en colocación de bonos del tesoro, tanto en el mercado local como en eurobonos y Q 3,900 millones en contratación de préstamos con bancos internacionales, específicamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El 74.1% de la deuda bonos será destinada al pago de deuda anterior y el resto cubrirá necesidades de diversas entidades estatales. El nivel de déficit fiscal estimado será de 2.2% del Producto Interno Bruto, nivel que se sitúa en el promedio de los últimos 10 años, que es de 2.3%.

La propuesta ha generado de inmediato una serie de críticas entre analistas y los miembros del Congreso, que son quienes deberán aprobar o modificar el proyecto del gobierno. La proyección de recaudación de la SAT se incrementó en cerca de Q 4 mil millones con respecto a los ingresos tributarios del presente año; si bien estos ingresos han aumentado por la recuperación vía judicial de unos Q 1,800 millones, ayudando a nivelar la brecha fiscal de 2016, no se puede esperar que la recaudación del próximo año crezca por esta vía, que tiene un límite; actualmente estamos ante un estancamiento del crecimiento económico que ha obligado al Banco de Guatemala a reducir las expectativas de crecimiento para este año, situación que se evidencia en la caída del comercio exterior, tanto en importaciones (20.2%) como en las exportaciones (11.1%). Y la situación para el próximo año es incierta; la propuesta de reforma tributaria fue retirada, y si la oligarquía acuerda otra con el gobierno, será presentada el próximo año para que tenga efecto en 2018. De allí la elevada cantidad en préstamos y bonos que se necesitaría para cubrir el gasto proyectado para 2017.

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) han expresado que el presupuesto 2017 debe ser reducido a Q 75 mil millones; esto debido a la baja ejecución del gobierno en el presente año -57%- para el mes de agosto, que no justifica el incremento propuesto para el próximo año, y a que se pretende cubrir la meta tributaria en base a intervenciones judiciales, que no duran todo el tiempo. Los congresistas dijeron que se estima un endeudamiento de Q 17 mil millones de los cuales Q 13 mil millones son a través de bonos del tesoro, que constituyen una deuda cara. Además, estimaron que el proyecto de presupuesto no incluye normas ni controles que garanticen el buen uso de los recursos. Por otro lado, el proyecto contempla dentro del Ministerio de Comunicaciones una asignación de Q 1,800 millones para obras que tienen restricciones legales, por problemas con empresas constructoras contratadas para obras públicas involucradas en casos de corrupción. Miembros de otras bancadas del Congreso han opinado en el mismo sentido.

Otro tema que levantó críticas es la cuota que se destina para 59 organizaciones no gubernamentales, por un monto de Q 555 millones, de parte de los ministerios de salud y educación. En especial se cuestiona la asignación de Q 9 millones a la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, la cual a inicios del año donó al Ministerio de Salud medicinas que se comprobó estaban vencidas. De igual manera hay un aporte de Q 11,700 millones para la Fundación Pediátrica Guatemalteca, vinculada al exdiputado Gudy Rivera, procesado por corrupción, que realiza actividades no reguladas como bingos, loterías y viedoloterías. El Ministerio de Finanzas defendió las asignaciones diciendo que ambas entidades son parte de las instituciones con las que el Estado coordina para presar servicios a los ciudadanos (La Hora 19/09/16).

La Comisión de Finanzas del Congreso deberá enviar el dictamen del presupuesto al pleno a más tardar el 15 de octubre. Previo a ello, el proyecto será discutido en audiencias públicas con organismos internacionales, sector privado, ministerios, la Junta Monetaria y otras instituciones.

Las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares deben ser incluidas en las consultas, para garantizar suficientes fondos a los servicios básicos como salud y educación, y establecer controles del gasto que eviten el uso indebido de los fondos.