Por Leonardo Ixim

Con la detención del ex presidente Álvaro Colom y la mayoría de su gabinete, como el ex ministro de finanzas Juan Alberto Fuentes Knight fundador del comité pro-formación de partido político Semilla de orientación socialdemócrata y director de Oxfam para América Latina, por parte del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la limpieza al tablero político continúa.

Las detenciones por el caso denominado “Transurbano” se dan justo cuando el gobierno de Jimmy Morales, con el respaldo del ex presidente y alcalde sempiterno de la Ciudad de Guatemala Álvaro Arzú, ex militares de la contrainsurgencia, partidos políticos conservadores y la venia de la mayoría de fracciones burguesas, continúa su intento de sacar al encargado de CICIG, Iván Velázquez, y a pocos meses del cambio de jefe del MP que sustituirá a la actual Thelma Aldana.

El MP y la CICIG señalan a los ex funcionarios de autorizar la entrega de Q 270 millones (unos US$35 millones) de fondos estatales a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbano (AEAU), en un convenio público-privado para que ésta comprara 3,150 buses provenientes de Brasil, siendo importados solo 455 buses. La entrega de otros Q 100 millones (unos US$14 millones) en la compra de aparatos del sistema de prepago. La posible malversación de unos Q 1,4 millones (casi US$200.000) destinados oficialmente al mantenimiento de los autobuses. La transferencia en el gobierno de Colom por más de Q 50 millones (alrededor de US$6,8 millones) de fondos del Estado, a los empresarios de AEAU.

La Municipalidad de la Ciudad de Guatemala benefició directamente a estas empresas -sin que mediara competencia- con la concesión de las líneas de transporte por 25 años, para que la bancada, en ese entonces mayoritaria en el Congreso, la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aprobara la creación del sistema Transurbano en 2008. Instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, quienes por ley debían intervenir en el proceso se quedaron calladas; la segunda intervino, según la revista digital Plaza Publica en 2010, sancionando a los directivos de las empresas creadas por directivos de la AEAU, por incumplir con los registros contables de los fondos públicos que recibía. Pero se mantiene la duda sobre qué tanto el Estado y el gobierno de turno tenían la capacidad legal de entregar fondos públicos a una asociación privada de dueños de líneas urbanas.

El sistema se fue deteriorando, por falta de inversión de parte de los empresarios y sin fiscalización -al ser fondos públicos- de la Contraloría General de Cuentas; se empezó a importar buses usados y en 2016 los choferes del Transurbano se fueron a paro por falta de pago y retraso de prestaciones, situación que se ha repetido posteriormente. La sobrecarga laboral y el mal estado de los transportes se tradujo en mal servicio a los usuarios, además de que el sistema pre-pago fue modificado para que al igual que en los buses rojos -que operan en otras partes de la ciudad con mal servicio- se  cobrara más de lo estipulado legalmente a los usuarios.

Ya a inicios de la década de los setenta, en la administración municipal de Manuel Colom Argueta, del Frente Unido de la Revolución -el único partido de izquierda de masas en la historia- a la que se denominada la izquierda democrática en ese momento, realizó un diagnóstico y un instrumento de planificación urbana denominado Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano 1972-2000 (Edom), que visualizaba el municipio capitalino y la cada vez más integrada -aunque sin ordenamiento- área metropolitana como la metrópoli de mayor crecimiento centroamericano y sitio de acogimiento de migración rural y de toda Centroamérica.

Identificaba una serie de situaciones en el tema del transporte, el ornato, la recolección y tratamiento de basuras, las fuentes de recarga para agua potable, las aguas servidas, el alcantarillado, etc.; problemáticas que el inepto Arzú no ha solucionado, sal a lo sumo, en complicidad con los gobiernos de Colom y Pérez, la instalación del Transurbano y del Transmetro -administrado por la municipalidad capitalina- pero incapaz de atender la demanda de transporte.

Nosotros consideramos que, a diferencia del negocio que la AEAU y el gobierno de la UNE realizó en complicidad con Arzú, entregando un servicio público a empresarios privados y ante el desastroso servicio que ofrecen los buses “rojos”, es necesario un sistema público totalmente administrado por el Estado, las municipalidades del área metropolitana y los choferes de los buses, con fiscalización de sus usuarios.