Por Armando Tezucún

En el curso de este año, con el aval de la oligarquía tradicional, el respaldo de las iglesias fundamentalistas y la vista gorda de la embajada gringa, el gobierno de Jimmy Morales ha pasado a la ofensiva contra quienes han puesto al descubierto sus manejos ilegales e involucramiento en actos de corrupción, en un enfrentamiento que se desarrolla a nivel de instancias legales del Estado y a nivel internacional en el seno de la Naciones Unidas. Tal ofensiva inició con el nombramiento de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación, quien destituyó por medio de un procedimiento irregular a los cuadros dirigentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio, una acción que algunos analistas consideran que tiene propósito de restaurar estructuras corruptas en el seno de dicha dependencia.

El caso más sonado ha sido la decisión gubernamental de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que finalizaría sus funciones en septiembre del próximo año, y la prohibición del ingreso al país del jefe de la misma, comisionado Iván Velásquez. Pese a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que mandan al gobierno a respetar los acuerdos con las Naciones Unidas en torno al funcionamiento de la CICIG, el gobierno no ha dado marcha atrás, y el caso se encuentra en un impasse legal.

A mediados de octubre se dio a conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores negó visas de cortesía a 11 miembros extranjeros del equipo de la CICIG. La intención del gobierno y sus allegados de obstaculizar el trabajo de la Comisión se hace evidente, pues los integrantes de la misma que han sido afectados trabajaban casos emblemáticos que afectan al presidente Morales, su hijo, su hermano y su partido; al vicepresidente del Congreso Felipe Alejos; a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling; y a un exalcalde y exfuncionarios y actuales funcionarios del municipio de Quetzaltenango.

El presidente Morales dio como explicación de la revocación de las visas un tema de seguridad nacional. “Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado" (Prensa Libre 18/10/18). Morales no dio explicaciones sobre estas acusaciones.

Otra acción enmarcada dentro de esta ofensiva fue la votación del Congreso que el 16 de octubre volvió a proteger al presidente Morales de la solicitud de antejuicio en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito. La Comisión Pesquisidora conformada entre los diputados para dictaminar sobre el antejuicio recomendó al pleno que no le fuera levantado. Como en ninguna de las votaciones a favor o en contra hubo los 105 votos necesarios, el expediente fue archivado. 

El 18 de octubre los diputados aliados del gobierno lograron finalmente reformar el artículo 407N del Código Penal, que se refiere al financiamiento electoral ilícito, por el que están acusados secretarios de partidos políticos, empresarios y varios partidos están en proceso de cancelación.

La Corte de Constitucionalidad solicitó al Congreso que revisara el artículo, pues no diferenciaba entre el financiamiento proveniente de fuentes ilícitas y el que se entregaba de forma anómala, pidiendo que se establecieran sanciones y condenas diferentes para cada una. Pero los diputados aprovecharon para legislar a su favor. Crearon el delito de “financiamiento no reportado”, con una pena máxima de 5 años conmutables, eximiendo de culpa a los secretarios generales de los partidos; en el caso del financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, la pena se redujo también a cinco años máximo no conmutables, pero la persona que lo recibe debe hacerlo “a sabiendas” lo que dificulta su persecución.

Debido a la protección que las reformas brindan a funcionarios de partidos, empresarios financistas, políticos corruptos y criminales, es muy probable que muchos casos denunciados por el MP y la CICIG, cambien de curso, incluyendo el que involucra al presidente Morales.

Mientras la extrema derecha corrupta logra avances, el movimiento popular parece perder cada vez más ímpetu. Después de las multitudinarias marchas del 20 de septiembre no hubo continuidad en las protestas, excepto por la marcha en conmemoración de la revolución del 20 de octubre un mes después, en la que por tradición participan miles de personas. En septiembre se logró un importante acuerdo entre las organizaciones populares que dio sus frutos el día 20 de ese mes. Algunos grupos están enfilando sus esfuerzos hacia el proceso electoral del próximo año. Pero es vital continuar las movilizaciones, pues el avance de la derecha significará la disminución de nuestros derechos democráticos.